RESUMEN EJECUTIVO
Análisis integrado sobre el manifiesto “transfeminista”, las organizaciones firmantes y su vinculación con líneas pro legalización de la prostitución
- Las firmantes no son organizaciones cuya razón de ser principal sea la agenda histórica de emancipación política, jurídica, económica y material de las mujeres. Son organizaciones vinculadas al activismo LGTB, al transactivismo o a los movimientos pro prostitución
LA REDEFINICIÓN DEL FEMINISMO PROPUESTA POR EL MANIFIESTO DE TGEU
- El manifiesto plantea una redefinición del feminismo en la que la categoría política “mujeres” deja de ocupar el lugar central.
- El objetivo del manifiesto no es simplemente añadir nuevas reivindicaciones al feminismo, sino transformar qué significa el propio feminismo y quién puede hablar en su nombre.
- En términos políticos, el manifiesto puede interpretarse como un intento de apropiación de la legitimidad histórica del feminismo para ponerlo al servicio de una agenda distinta.
Se invoca el feminismo para legitimar un mercado cuya materia prima es, de manera abrumadora, el cuerpo de mujeres en situación de desigualdad económica, migratoria o social.
COMPOSICIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA DE LA COALICIÓN
El manifiesto impulsado por TGEU, Transgender Europa, bajo el título “In This Together: a joint manifesto for transfeminist solidarity” se presenta públicamente como una iniciativa feminista europea. Sin embargo, el análisis de las organizaciones firmantes permite observar una cuestión central: la mayoría de las entidades que integran esta coalición no proceden de la tradición histórica del movimiento feminista, sino de otros espacios políticos y asociativos, principalmente el activismo LGTB, el transactivismo, las redes queer, la salud sexual, el VIH/SIDAy las plataformas favorables al reconocimiento de la prostitución como trabajo.
La base analizada está compuesta por 37 organizaciones firmantes. A partir de la información disponible, pueden establecerse varias categorías.
Entre las firmantes, el bloque claramente dominante es el de organizaciones vinculadas al ámbito LGTB, queer, trans o de identidad de género. En esta categoría se encuentran, entre otras, ACCEPT Romania, Association Spectra, Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C., EL*C, Gender Plus, Genres Pluriels, Greek Transgender Support Association, Malta LGBTIQ Rights Movement, National Trans Coalition Human Rights NGO, NGO Oma Tuba, Pacific Sexual and Gender Diversity Network, POGI, Principle 17, Queer Cyprus Association, Rainbow Pride Foundation, TGEU, Trans Network Balkan, Trans Youth Initiative Uganda, TransAkcija, Transfeminiinit ry y Transgender Infopunt.
Ese primer bloque agrupa aproximadamente 25 de las 37 organizaciones, lo que equivale a alrededor del 67 % del total. Este dato es políticamente relevante porque permite afirmar que dos tercios de la coalición no están formados por organizaciones cuya razón de ser principal sea la agenda histórica de emancipación política, jurídica, económica y material de las mujeres, sino por entidades cuya actividad principal se sitúa en el campo de la identidad de género, el activismo LGTB/trans o las políticas queer.
Un segundo bloque corresponde a organizaciones vinculadas a la salud sexual, el VIH/SIDA. Aquí se sitúan European AIDS Treatment Group, HIV Stigmafighter e IPPF European Network. Su peso numérico es menor -3 de 37 organizaciones, aproximadamente el 8 %-, pero su relevancia política no debe infravalorarse, porque desde este campo se ha impulsado con frecuencia la legalización de la prostitución escudandose en marcos de salud pública, reducción de daños, autonomía corporal y derechos sexuales.
Un tercer bloque está formado por organizaciones directa o explícitamente vinculadas al reconocimiento de la prostitución como trabajo o a la oposición a su abolición. En la lista aparece Platform Layalat – Global Network of Sex Work Projects, descrita como una organización que se opone a la “criminalización y a otras formas de opresión legal de la prostitución” y que apoya la normalización de la prostitución; Right Side HRD NGO, definida como organización comunitaria para comunidades trans y personas que ejercen la prostitución; y Trans Youth Initiative Uganda, que menciona expresamente a “jóvenes trabajadoras sexuales transgénero”. A este núcleo se puede añadir Arika, que en el listado aparece vinculada a producción artística y cambio social y con mención a la prostitución como “trabajo sexual”. Y el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, México,vinculado a organizaciones pro legalización de la prostitución.
El núcleo explícitamente reglamentarista o pro-legalización está representado por, como mínimo, 5 organizaciones de 37, es decir, en torno al 13%. Pero este porcentaje no refleja por completo la influencia real del marco pro prostitución, porque varias organizaciones de salud sexual, derechos sexuales y reproductivos, VIH/SIDA y activismo trans comparten o reproducen categorías políticas compatibles con la legalización total.
Además, la mención a “las trabajadoras sexuales” en las primeras líneas del manifiesto sitúa claramente el peso real de ese marco pro postitución.
La lectura política del conjunto, por tanto, no puede limitarse al número de organizaciones explícitamente pro prostitución.
El dato central es que la coalición está compuesta mayoritariamente por organizaciones ajenas a la tradición feminista clásica y que, al mismo tiempo, incluye en su interior actores y marcos claramente favorables a la legalización o normalización de la prostitución. De las 37 entidades analizadas, solo un pequeño grupo puede identificarse de forma directa con organizaciones de mujeres o con estructuras históricamente reconocibles como feministas, aunque estas han abandonado la agenda contra la discriminacion “por razon de sexo”. Es el caso de Deutscher Frauenrat o AWID. Queremos recordar que AWID se ha posicionado claramente acusando a Reem Alsalem de tener una agenda anti trans y Deutscher Frauenrat, el Consejo Alemán de Mujeres, ha apoyado la ley de autodeterminación de sexo en Alemania.
El manifiesto plantea una redefinición del feminismo en la que la categoría política “mujeres” deja de ocupar el lugar central.
Bajo la etiqueta de “transfeminismo”, el texto sustituye un análisis basado en la realidad material de las mujeres y en las relaciones de poder entre hombres y mujeres por una coalición de identidades y colectivos diversos vinculados a la identidad de género, las políticas queer, las agendas LGTB, y la normalización de la prostitución.
El objetivo no es simplemente añadir nuevas reivindicaciones al feminismo, sino transformar qué significa el propio feminismo y quién puede hablar en su nombre.
El manifiesto etiqueta como excluyentes o reaccionarias las posiciones feministas que mantienen el sexo como categoría política relevante o que cuestionan la legalización de la prostitución y las políticas de “identidad de género”. De este modo, el conflicto político deja de formularse en términos de desigualdad entre hombres y mujeres y pasa a reinterpretarse exclusivamente desde el reconocimiento de identidades, experiencias subjetivas y demandas de inclusión. El efecto de este desplazamiento es que desaparece del centro del análisis la cuestión del acceso masculino al cuerpo de las mujeres, la explotación sexual y las relaciones materiales de poder vinculadas al sexo.
En términos políticos, el manifiesto puede interpretarse como un intento de apropiación de la legitimidad histórica del feminismo para ponerla al servicio de una agenda distinta.
Es inmoral desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres la instrumentalización y tergiversación del feminismo hasta el extremo de pretender que favorezca el acceso sexual por precio al cuerpo de las mujeres.
La estrategia del manifiesto
La estrategia consiste en conservar la autoridad social y simbólica de la palabra “feminismo” mientras se vacía de contenido su sujeto político original. Las mujeres dejan así de ser el eje central del movimiento y pasan a convertirse en un colectivo más dentro de una plataforma identitaria más amplia, en la que incluso posiciones favorables a la legalización de la prostitución son presentadas como compatibles con los derechos de las mujeres.
El resultado es un cambio profundo del significado político del feminismo, orientado a sustituir un movimiento centrado en la situación material de las mujeres por otro basado prioritariamente en identidades, autodefiniciones y demandas de reconocimiento.
Este contraste es fundamental: una coalición que se presenta como “feminista” está integrada, en su mayoría, por organizaciones cuya identidad política principal no es feminista, sino LGTB, trans, queer, sanitaria, de diversidad sexual o favorable al reconocimiento de la prostitución. La etiqueta “feminista” funciona así como una operación de legitimación simbólica. Se usurpa la autoridad política y moral acumulada por el feminismo histórico para presentar como feminista una agenda que incorpora elementos contrarios a los derechos de las mujeres, especialmente la normalización del acceso sexual por precio al cuerpo de las mujeres.
La maniobra discursiva consiste en desplazar la prostitución desde el campo de la explotación sexual hacia el campo de los “derechos”, la “autonomía corporal”, la “inclusión”, la “solidaridad” y la “salud pública”. En ese desplazamiento, la prostitución deja de nombrarse como una institución atravesada por desigualdad sexual, económica, y migratoria y pasa a presentarse como trabajo.
Esa sustitución terminológica no es neutra: convierte una relación de poder en una relación laboral; convierte el acceso sexual masculino mediante pago en una práctica contractual; y convierte la crítica feminista a la prostitución en una supuesta forma de exclusión, moralismo o discriminación.
Desde una perspectiva abolicionista, esta operación resulta profundamente contradictoria. Se invoca el feminismo para legitimar un mercado cuya materia prima es, de manera abrumadora, el cuerpo de mujeres en situación de desigualdad económica, migratoria o social.
Se habla de emancipación mientras se normaliza que los hombres puedan comprar acceso sexual.
Se habla de derechos mientras se difumina la estructura de poder que permite que unas personas paguen y otras sean puestas a disposición sexual.
Se habla de inclusión mientras se borra la pregunta central del feminismo: quién tiene poder, quién tiene dinero, quién tiene cuerpo disponible y quién compra.
Por eso el discurso puede calificarse como contradictorio, instrumentalizador, políticamente oportunista, conceptualmente incoherente e indecente:
- Es contradictorio porque pretende hacer pasar por emancipadora una práctica que reproduce jerarquías sexuales y económicas.
- Es instrumentalizador porque utiliza la autoridad simbólica del feminismo para legitimar agendas que no nacen de la defensa material de las mujeres como clase sexual.
- Es oportunista porque se apropia de una etiqueta prestigiosa -“feminismo”- para proteger posiciones que serían mucho más discutibles si se presentaran directamente como defensa de la legalización de la prostitución.
- Es conceptualmente incoherente porque mezcla sin distinción categorías de sexo, identidad, orientación sexual, salud pública, migración y mercado sexual.
- Y es indecente porque pretende que el feminismo avale la disponibilidad sexual de las mujeres para quienes puedan pagar.
OBSERVACIONES DE INTERÉS
El manifiesto, por tanto, no debe analizarse solo como una declaración de solidaridad con las personas trans. Su alcance es más amplio. Funciona como una pieza de reordenación ideológica: intenta redefinir el feminismo como una coalición identitaria expansiva en la que las mujeres dejan de ser el sujeto político central del feminismo y pasan a formar parte de una constelación amplia de identidades y colectivos. El resultado es un desplazamiento del feminismo desde el análisis material de la opresión sexual hacia una política agregadora de identidades.
Estamos ante una operación política de captura o apropiación de la etiqueta feminista para hacer avanzar una agenda en la que la legalización o legitimación del mercado sexual aparece integrada dentro de un paquete discursivo más amplio de “inclusión”, “diversidad” y “solidaridad transfeminista”.
El dato político más relevante es que el manifiesto se presenta como feminista cuando, en realidad, su base organizativa mayoritaria procede de campos ajenos a la tradición feminista y cuando dentro de esa coalición aparecen marcos y organizaciones favorables a la normalización del acceso sexual por precio al cuerpo de las mujeres.
La conclusión es clara: el manifiesto utiliza la palabra “feminista”, pero la composición de la coalición muestra que la gran mayoría de las organizaciones firmantes no están vinculadas a la tradición feminista. El bloque dominante es LGTB/trans/queer; el bloque sanitario y de derechos sexuales introduce el lenguaje de salud pública y autonomía corporal; y el bloque pro prostitución introduce de forma directa la normalización de la prostitución como trabajo. Todo ello permite sostener que estamos ante una operación política de captura o apropiación de la etiqueta feminista para hacer avanzar una agenda en la que la legalización o legitimación del mercado sexual aparece integrada dentro de un paquete discursivo más amplio de “inclusión”, “diversidad” y “solidaridad transfeminista”.
Es inmoral desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres la instrumentalización y tergiversación del feminismo hasta el extremo de pretender que favorezca el acceso sexual por precio al cuerpo de las mujeres.
Denunciamos el uso del termino feminismo por parte de una coalición de Organizaciones favorables a la normalización del acceso sexual por precio al cuerpo de las mujeres.
Este punto requiere una precisión conceptual especialmente importante. Las organizaciones vinculadas a derechos sexuales y reproductivos y salud sexual suelen introducir el debate sobre la prostitución bajo el marco de la oposición a la “criminalización de la prostitución”. Sin embargo, desde posiciones abolicionistas, esta formulación se considera políticamente interesada, porque el abolicionismo no defiende la criminalización de las mujeres prostituidas. Lo que defiende es la persecución y sanción de quienes promueven, organizan, facilitan o se benefician económicamente de la explotación sexual ajena, así como de quienes sostienen el sistema prostitucional mediante el pago por acceso sexual al cuerpo de las mujeres.
La diferencia es fundamental: el sujeto sobre el que recae la sanción no es la mujer prostituida, sino el proxeneta, el explotador y el putero que genera la demanda. Por ello, cuando organizaciones como IPPF o determinadas redes de salud sexual presentan la legalización de la prostitución como una forma de evitar la “criminalización”, lo que hacen en la práctica es desplazar el foco desde la explotación sexual hacia la legitimación social del mercado prostitucional.
Desde esta perspectiva crítica, puede sostenerse que algunas de estas organizaciones, pese al reconocimiento social acumulado en ámbitos como los derechos sexuales y reproductivos, han asumido o han sido permeadas por marcos ideológicos favorables a la legalización de la prostitución, utilizando para ello una formulación discursiva que presenta la oposición al sistema prostitucional como si fuera un ataque contra las mujeres prostituidas, cuando el núcleo de la crítica feminista se dirige contra quienes obtienen beneficio económico o acceso sexual mediante relaciones de desigualdad.
A continuación recogemos firmas y apoyos al análisis feminista de rechazo a los postulados del manifiesto de TGEU y que serán trasladados a distintos actores políticos de la Unión Europea