Durante las últimas semanas el ruido de partidarios y detractores, con una división que ha alcanzado al propio Gobierno de coalición, ha dejado sin voz a los primeros que debían ser escuchados. El anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, la bautizada como “Ley Trans”, ha ignorado la evaluación de los psicólogos, que alertan de los riesgos que supone el texto para la protección de los más vulnerables, los menores de edad.

La psicología ha asistido muda a un anteproyecto aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros, que encara ahora su singladura parlamentaria. Un silencio, en parte, autoimpuesto. Contactado por este diario, el Colegio nacional de Psicólogos ha declinado firmar cualquier declaración alegando la falta de tiempo para elaborar una respuesta consensuada entre sus miembros. No obstante, el debate se remonta a 2018 cuando Podemos presentó una proposición de ley de la que parte la norma que hoy impulsa el ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.

No se ha consultado a los profesionales de la psicología”, confirma a El Independiente Mariola Fernández, miembro de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista. “Y tanto es así, que la figura profesional se ve difuminada en términos concretos. Por ejemplo, en las evaluaciones o exploraciones se pone en tela de juicio el dictamen profesional. Se minusvalora la objetividad en el proceso”, arguye.

Es su marginación en el proceso y la autodeterminación de género sin necesidad de aportar informes médicos lo que inquieta a las profesionales. “Hay que partir del bienestar superior del menor de edad, que es un principio jurídico inalieanable, tal y como reconoce la convención de los derechos de los niños. Y para hacerlo con garantías, se necesita contemplar el criterio técnico experto que han vetado por ley”, replica a este diario Laura Redondo, psicóloga jurídica y forense.

La norma que Unidas Podemos ha terminando imponiendo al PSOE, contrario inicialmente, establece diferentes tramos de edad para el espectro de la infancia, desde menores de 12 hasta los 18 años. Así, reconoce a los menores de 12 la opción de cambiar su nombre, pero no su sexo, sin prueba testifical ni documental. Entre los 12 y los 14 años, pueden iniciar el expediente de jurisdicción voluntaria con asistencia de sus representantes legales.

“A los 12 años no existe madurez suficiente en los menores. La edad media de madurez cerebral está situado en los 20 años. ¿Cómo es posible que a partir de los 12 años puedan hacer un cambio registral incluso físico con control judicial?”, se interroga Redondo. “Se les expone a tomar decisiones que tienen secuelas severas cuando no existe madurez cognitiva ni emocional y sin hacer un diagnóstico diferencial para ver qué le sucede realmente a ese menor”, denuncia. “Como experta en violencia tengo muy claro que el rechazo al sexo puede venir por sufrir un abuso sexual infantil”.

El anteproyecto esboza que “las personas mayores de 16 años estarán plenamente legitimadas para solicitar por sí mismas la rectificación»… «un o una adolescente no es maduro en ese intervalo de edad para tomar decisiones de tal calado. Hoy la rapidez con la que avanza la vida retrasa la maduración porque no se elaboran los procesos con el tiempo y la experiencia suficientes, sino que la superficialidad dificulta la toma de decisiones”, responde Fernández.

[…] “En el contexto europeo son seis los países que tienen aprobada una ley que contempla la autodeterminación de género en mayores de 18 años”, recalca Clara Jiménez, de la citada asociación de profesionales. “Sólo España plantea hacerla extensivo a los menores de edad sin necesidad de consentimiento materno/paterno, en mayores de 16 años, ni informe médico ni psicológico, como ocurre en estos otros países”, detalla.

Y, recuerda Jiménez, Reino Unido “se ha retractado de la medida que había planteado en esta línea” […] “Si miramos los datos en otros países como Canadá o EEUU, desde que cambió su legislación en línea del proyecto español, sí que comprobamos un crecimiento exponencial de menores que se identifican trans y que pueden acceder a tratamientos, con una diferencia notable en chicas que se declaran chicos trans”, destaca Jiménez, ahondando en otra de las preocupaciones compartidas por las voces consultadas en la elaboración de este reportaje. “Esto no es algo fortuito, sino un claro reflejo de los mandatos de género a los que nos vemos sometidas las mujeres”, comenta.

[…] “Hay estudios que cifran en el 62,5 por ciento los chavales que se denominan transgénero y que tienen patologías previas. Es un cajon de sastre y un embudo para problemáticas. Que los menores entren en este campo tan complejo sin una evaluación que discrimine es un atentado contra sus derechos”, denuncia Redondo, partidaria de recuperar el criterio técnico. “Lo vemos en el caso de las custodias. Hay menores de 12 años que vienen con discursos de personas de 30. Desde la ciencia sabemos que eso no puede ser porque excede la madurez cognitiva y es un discurso inducido”, agrega.

“Los bastiones que salvaguardan los derechos de la infancia son los progenitores y los profesionales de la psicología y la medicina. Somos los que tenemos las competencias en estas áreas y no es capricho. Nos hemos formado durante años para desarrollar nuestra labor de ayuda”, concluye Redondo.

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