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Por Bernard Lane

La clínica de género de un hospital infantil está siendo objeto de examen. La responsabilidad de las decisiones de tratamiento se ha trasladado a los jueces en medio de un gran secretismo y una tendencia internacional a la cautela. Los nuevos pacientes de la clínica de género, que no puede ser nombrada por razones legales, tienen que obtener aprobación judicial antes de poder seguir con los tratamientos hormonales que les alteran la vida y que son muy demandados por los y las adolescentes que se identifican como transgénero.

The Australian entiende que el drástico cambio se ha producido a raíz de las preocupaciones planteadas por una oficina de abogados del Estado sobre el riesgo de que el gobierno se exponga a un litigio similar al caso presentado contra la clínica Tavistock de Gran Bretaña por Keira Bell, una joven que se arrepintió de su tratamiento con bloqueadores de la pubertad, testosterona y doble mastectomía.

En enero, un mes después de la sentencia de Tavistock, según la cual los menores no están preparados para dar su consentimiento informado a un tratamiento experimental, los padres de los pacientes de la clínica australiana de género recibieron una carta en la que se les advertía de que la necesidad de una aprobación judicial retrasaría el inicio de los bloqueadores u hormonas.

El jurista de la Universidad de Queensland, Patrick Parkinson, dijo que se trataba de un giro «muy significativo» en el debate sobre las clínicas de género, comparándolo con la decisión de la clínica Tavistock de detener las nuevas derivaciones para recibir bloqueadores de la pubertad, y la reciente normativa de la clínica Karolinska de Suecia de restringir todos los futuros tratamientos hormonales a ensayos clínicos estrictamente supervisados.

El profesor Parkinson, que ofreció asesoramiento sobre la legislación australiana en el caso de Bell contra Tavistock, afirmó que el gobierno estatal estaba «básicamente diciendo que va a utilizar el tribunal como salvaguarda», teniendo en cuenta las graves consecuencias de una posible decisión equivocada al aprobar un tratamiento con efectos irreversibles.

Añadió que había que elogiar al gobierno «por responder a los cambios en la ciencia sobre todo este asunto y adoptar un enfoque cauteloso» para el tratamiento de los menores diagnosticados con disforia de género, o una sensación angustiosa de conflicto entre su «identidad de género» sentida y su sexo.

Los jueces del caso Tavistock se mostraron «sorprendidos» por la falta de datos básicos de los pacientes en esa clínica del Reino Unido y por las escasas pruebas del tratamiento, y concluyeron que los bloqueadores de la pubertad eran una vía experimental para la medicalización de por vida.

En los últimos años se ha producido un aumento internacional de adolescentes que declaran su identidad trans y que dicen a sus progenitores que temen autolesionarse si no pueden obtener bloqueadores u hormonas rápidamente. Las clínicas que siguen el enfoque «afirmativo del género» señalan que estos tratamientos pueden «salvar vidas».

Pero la narrativa del suicidio de los profesionales sanitarios «afirmadores», así como la base de pruebas y los riesgos de sus intervenciones médicas, están siendo objeto de un intenso escrutinio internacional, ante el temor de que, con la fijación cultural generista, se impida la exploración de problemas cruciales subyacentes, como diversos traumas, el autismo o la atracción por el mismo sexo.

La nueva política de cautela de la anónima clínica de género australiana fue revelada en una reciente decisión de un tribunal estatal con competencias en derecho de familia. La jueza Susan Duncanson declaró que la sentencia de Tavistock resultó «fundamental» para el cambio. Tavistock, la única clínica del Servicio Nacional de Salud del RU especializada en género para la infancia, ha recurrido la sentencia.

La jueza Duncanson, que suprimió los detalles identificativos del caso australiano que se le remitió sobre una joven de 16 años que quería empezar a recibir inyecciones de testosterona para masculinizar su cuerpo, señaló que la nueva política de aprobación judicial del tratamiento se aplicaría mientras la clínica de género del hospital infantil fuera objeto de examen.

Aun cuando el o la menor tenga 16 años o más, sea capaz de dar su consentimiento informado, y los padres y los médicos estén de acuerdo con el tratamiento, el hospital confirmó que probablemente se mantendría neutral, sin consentir ni oponerse a la solicitud al tribunal.

Es más, el hospital sugirió que, en los casos complejos o controvertidos, el tribunal podría recurrir a un profesional contrario para que los jueces tengan la oportunidad de escuchar los argumentos en contra del tratamiento.

A diferencia del caso de prueba de Tavistock, el Tribunal de Familia de Australia ha recibido una serie de casos de disforia de género en los que solo se escucharon argumentos a favor del tratamiento médico.

La clínica de género no identificada parece ser la primera en Australia que toma la precaución de trasladar la responsabilidad de los médicos a los jueces a la hora de decidir si un o una menor tiene la suficiente madurez para dar su consentimiento informado a un tratamiento, según la regla de competencia Gillick del derecho común.

Este giro hacia la cautela socava una larga y exitosa campaña encabezada por el Royal Children’s Hospital de Melbourne para persuadir a los jueces de los tribunales de familia de que era seguro confiar a los médicos la comprobación de la capacidad de los menores para entender y autorizar su propio cambio de género medicalizado.

Un elemento clave de esta campaña fue la redacción, por parte de la clínica de género del RCH, de unas directrices de tratamiento específicas para niños, niñas y adolescentes diagnosticados con disforia de género.

En un editorial de 2018, The Lancet recibió de buen grado estas nuevas directrices como «un marco para prestar una atención respetuosa, afirmadora del género» de la juventud trans, y la revista publicó un perfil de la autora principal, Michelle Telfer, la pediatra que dirige la clínica del RCH.

La Dra. Telfer argumentó que era discriminatorio exigir solo a los y las jóvenes trans que obtuvieran la aprobación judicial para el tratamiento médico, ya que el proceso duraba una media de ocho meses, costaba «más de 30 000 dólares» y siempre acababa en luz verde.

The Australian ha tratado de obtener alguna declaración de la clínica de género no identificada, del RCH, del grupo de médicos de la Asociación Profesional Australiana para la Salud Trans y de la red de apoyo Transcend.

La oficina de abogados del Estado afirmó que no podía hacer comentarios debido al secreto profesional.

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