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Fallon Fox, ex marine y transgénero, en un combate de artes marciales de la categoría femenina.

La campeona Martina Navratilova, con 59 títulos de Grand Slam, firma este artículo con Doriane Coleman, profesora de derecho, especializada en mujeres, infancia, medicina y deporte.

Las nuevas directrices del COI lejos de defender las categorías deportivas femeninas obligan a las federaciones a demostrar que un varón tiene ventaja competitiva sobre las mujeres. El Comité Olímpico Internacional usa un doble lenguaje confuso y evasivo para no decir lo que todas ya sabemos: en el deporte de competición el sexo importa. Por eso tenemos categorías segregadas por sexo.

La semana pasada, el Comité Olímpico Internacional (COI), con sede en Suiza, publicó unas directrices actualizadas y no vinculantes con respecto a la inclusión de las mujeres transgénero y deportistas intersexuales en la categoría femenina de los deportes de competición de élite. Este Marco del COI sobre equidad, inclusión y no discriminación por motivos de identidad de género y variaciones sexuales se presenta como un medio para equilibrar, por un lado, el derecho de toda persona a «practicar deporte sin discriminación y de forma que se respete su salud, seguridad y dignidad» y, por otro, la necesidad de proteger «la credibilidad del deporte de competición» garantizando que «ningún deportista tenga una ventaja injusta y desproporcionada sobre el resto». Aunque los principios incluidos se redactaron «teniendo en cuenta las necesidades específicas de las competiciones deportivas organizadas de alto nivel», el COI también insta a que se «promuevan y defiendan en todos los niveles del deporte».

El nuevo marco contiene algunos aspectos adecuados. Lo más significativo: afirma que la equidad en el ámbito femenino sigue siendo fundamental para las normas de elegibilidad de la categoría, y que establecer la equidad es una cuestión de investigación científica «basada en pruebas», «sólida» y «revisada por pares». Los principios también sirven para fomentar la mayor inclusión posible dentro de los límites de la evidencia, un objetivo que apoyamos sin reservas. Y el marco «sustituye y actualiza» el Consenso del COI sobre reasignación de sexo e hiperandrogenismo, que no gusta a casi ninguna de las partes interesadas, y que obliga a los transfemeninos a suprimir los niveles de testosterona en sangre por debajo de 10 nanomoles por litro durante 12 meses antes de poder competir en la categoría femenina.

La testosterona es el principal impulsor de la diferencia de rendimiento entre los hombres como grupo y las mujeres como grupo.

Desde el inicio de la pubertad masculina, la testosterona configura el cuerpo masculino, por lo que incluso los deportistas varones de nivel mediocre superan habitualmente a las mujeres que compiten en la élite. Por ello, la presencia de testosterona circulante en el rango masculino a lo largo de la pubertad y la carrera deportiva sigue siendo el mejor indicador —y el más eficaz— de la ventaja atlética masculina.

Sin embargo, la política del COI de 2015 tuvo una amplia oposición, ya que incluía (1) establecer el límite de testosterona para la elegibilidad de la categoría femenina en menos de 10 nanomoles/litro, un umbral varias veces más alto que los niveles producidos normalmente por los ovarios femeninos sanos; (2) requerir solo un año de supresión de testosterona, un paso que apenas mitiga parcialmente las ventajas acumuladas durante la vida de un varón postpubescente; y (3) sugerir la medicalización de los deportistas sanos que se  auto identifican como mujeres y que, de otro modo, no optarían por suprimir su producción de testosterona de tipo masculino. La decisión del COI de rechazar la «regla de menos de 10», como se suele denominar, debería considerarse una buena medida, sea cual sea el lado del debate en el que nos encontremos.

Sin embargo, el nuevo marco presenta al menos tres defectos que el COI debe subsanar si quiere demostrar un verdadero liderazgo en este ámbito. Hasta entonces, como otros han subrayado, estará jugando el empate con las federaciones deportivas internacionales; a falta de unas directrices adecuadas del COI, las federaciones seguirán estableciendo las normas de elegibilidad por iniciativa propia.

En primer lugar, si bien el COI reconoció correctamente que su «regla de menos 10» no cumplía su propósito, su reemplazo, redactado de forma imprecisa, —la estipulación de que un deportista no debe tener una «ventaja que supere desproporcionadamente otras ventajas que existen en la competición de élite»— es de hecho irrelevante, por lo que se convierte en el sueño de un abogado y en la pesadilla de un administrador. Según sus términos, cada decisión de elegibilidad está sujeta a la impugnación de un deportista excluido, con el argumento de que su federación deportiva no puede establecer o no ha establecido que la mejora del rendimiento que obtienen de sus rasgos ligados al sexo masculino «supera desproporcionadamente» la mejora que una mujer deportista excepcional obtiene de los rasgos no ligados al sexo, como los pies-aleta o las fibras musculares de contracción rápida.

Es de suponer que una federación no podría cumplir esta norma en el caso de un deportista que llega a la final, pero no sube al podio; de hecho, los emisarios del COI han reconocido que un transfemenino o una deportista intersexual podrían ser excluidos solo si son «demasiado buenos» frente a sus mejores rivales. Pero, aun así, no hay nada en el documento del COI que indique qué significa «demasiado buenas» para que una federación pueda establecer que, de hecho, ha cumplido la norma: ¿Sería suficiente un dos por ciento mejor que la media? ¿O «superar desproporcionadamente» requiere una diferencia mayor, por ejemplo, algo más cercano a la brecha de rendimiento basada en el grupo? ¿O se cumple este criterio si la diferencia, sea cual sea, es suficiente para explicar el margen de la victoria?

Está bien que el COI se replantee el uso de la testosterona circulante como un estándar rígido. Al perfeccionar la política deportiva, siempre debemos tratar de ser mejores y hacerlo mejor. Pero el reemplazo también tiene que cumplir su propósito, y este dará lugar a más preguntas que respuestas. También serviría para reavivar los argumentos esgrimidos en nombre de la atleta Caster Semenya, que fueron debidamente rechazados por el Tribunal de Arbitraje Deportivo en 2019. En este sentido, la nueva norma nos parece un retroceso más que un avance. Sería mucho mejor suprimir el requisito de reducción de la testosterona y actualizar las normas existentes de acuerdo con las mejores pruebas científicas disponibles.

En segundo lugar, en su esfuerzo por evitar la reacción política de los activistas que provocaría hablar del sexo biológico, el COI ha omitido en gran medida de su marco las referencias biológicas esenciales. Las palabras clave —hombre, mujer, testículos, ovarios, andrógenos, estrógenos— parecen estar casi prohibidas.

En consecuencia, de la lectura corrida del documento se desprende que cualquier deportista podría ser excluida de la categoría femenina si se demostrara que tiene una «ventaja desproporcionada», incluso si es indiscutiblemente mujer. Tal y como está redactado, cualquier persona que sea «demasiado buena», por cualquier razón física, puede ser acusada de perturbar injustamente el campo de juego.

Dado que el Movimiento Olímpico se nutre de hazañas inspiradoras de talentos singulares, tanto en el lado femenino como en el masculino, esta no puede ser la intención del COI. (Así que no, pese a ser «mejor en natación que cualquiera en cualquier cosa» por ser biológicamente mujer, Katie Ledecky no correrá ahora el riesgo de ser excluida de las pruebas femeninas). Aun así, es revelador que el COI no se comunique con claridad. El liderazgo en este ámbito debe pasar por la valentía de decir las palabras necesarias para transmitir el significado pertinente. El doble lenguaje político y evasivo del COI ha hecho que otros actores más comprometidos y con más principios, como el director de World Athletics, Sebastián Coe, hayan intervenido para llenar el vacío.

En tercer lugar, aunque el COI tiene razón al insistir en que las normas de elegibilidad —y las decisiones de inclusión y exclusión basadas en ellas— deben basarse en la evidencia, es un error pretender que todo el mundo espere a que se demuestre lo obvio cuando se trata de que los nacidos varones superan «sistemáticamente» a las nacidas mujeres en un «deporte, disciplina y prueba específicos».

No debería ser necesario otro barrido del podio femenino por atletas XY, como vimos en la prueba femenina de 800 metros en los Juegos Olímpicos de Río, para convencernos de que las características sexuales secundarias masculinas confieren una «ventaja desproporcionada». Los datos y estudios generalizados ya aportan abundantes pruebas de que estas características son determinantes para los resultados. Para que las mejores mujeres del planeta, como la corredora de 200 metros Gabby Thomas y la corredora de 5000 metros Letesenbet Gidey, se sientan incentivadas a seguir aspirando a campeonatos mundiales y olímpicos, tienen que saber que el COI las respalda ahora; no dentro de una década, cuando los datos específicos de las pruebas confirmen lo que todas ya sabemos: en el deporte de competición de élite, el sexo importa. Por eso tenemos una categoría femenina.

Los estudios y los datos demuestran que las características secundarias masculinas son determinantes en los resultados deportivos

Desde siempre, el Movimiento Olímpico y sus partes interesadas han acudido al COI en busca de liderazgo, más allá de los propios Juegos, cuando surgen cuestiones que afectan a la comunidad deportiva mundial y la armonización de los enfoques normativos redunda en beneficio de todos. El dopaje y el problema conexo de definir la elegibilidad para la categoría femenina son dos de esas cuestiones. Cuando el COI no cumple con sus principales obligaciones fiduciarias, como ha hecho últimamente en relación con ambos asuntos, el Movimiento y sus integrantes salen perjudicados.

Aunque la publicación del nuevo marco del COI sobre identidad de género y variaciones sexuales puede interpretarse como un indicio de que la organización vuelve a estar interesada en desempeñar un papel de liderazgo tras una llamativa ausencia de años en este ámbito concreto, los detalles dejan claro que todavía no está actuando en beneficio de la comunidad.

El COI no debería exponer a las federaciones y a sus deportistas a costosos e innecesarios litigios, sobre todo cuando los recursos son escasos y lo que está en juego es tan importante.

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