MAPA DE IMPACTOS DE LA AUTODETERMINACIÓN DEL SEXO REGISTRAL

Jonathan de Jesús Robaina fue el asesino de su prima; algunos medios se refieren en femenino

Se recogen, así mismo, en el mapa casos en los que el cambio registral ha permitido a los protagonistas reclamar el uso de los vestuarios femeninos en los centros de trabajo, en las comisarías, en los cuarteles o en los lugares de ocio. En este grupo se incluyen las trabajadoras del servicio del SAMUR de Madrid, que en 2024 denunciaron el uso de sus vestuarios por dos compañeros trans. O el de las familias de niñas de 11 a 12 años socias de un club de natación en A Coruña, que han denunciado la presencia de un hombre en sus vestuarios.

Asalto de vestuarios y también de prisiones de mujeres. La ley trans permite, por ejemplo, que un proxeneta condenado de Gran Canaria, que captaba y conseguía menores para que ejercieran la prostitución, cambie legalmente su sexo legal y exija ser trasladado a un módulo carcelario de mujeres. Conviene recordar que en el registro no se verifican los antecedentes penales de la persona que solicita el cambio del sexo legal. Violadores, feminicidas y maltratadores pueden pedirlo y obtenerlo sin traba alguna.

Delincuentes sexuales y feminicidas se amparan en la ley para exigir ser tratados como mujeres. El caso más sangrante es el de Jonathan Robaina, el asesino y violador de su prima, Vanessa Santana, que durante el juicio exigió ser llamado Lorena. Cuando, a través del portal de Transparencia de la Administración, Contra Borrado preguntó si  Jonathan Robaina estaba recluido en una cárcel de mujeres o en una de hombres, la respuesta fue una negativa a dar la información bajo la excusa de la protección de datos.

El mapa recoge también esos casos en los que la prensa participó en la ceremonia de la confusión tratando en femenino a delincuentes sexuales y maltratadores condenados.

En este punto hay que recordar que la atribución a las mujeres de crímenes cometidos por hombres altera la estadística y dibuja un panorama falseado de la realidad. La campaña internacional «No son nuestros crímenes» denuncia la connivencia de los juzgados, la policía y la prensa, unánimes a la hora de tratar en femenino a violadores, feminicidas y pederastas.

Conviene resaltar aquí cómo de forma sistemática los medios de comunicación confunden sexo y género en el tratamiento de las noticias relacionadas con los cambios registrales. Los titulares recogidos en las fichas descriptivas que acompañan al mapa evidencian una absoluta falta de rigor informativo. Pese a esos titulares, el sexo no se cambia: se modifica el dato sexo en el Registro Civil. Tampoco se altera el “género”: en ningún documento oficial, incluyendo el DNI, figura un dato -el género- que hace referencia a los diferentes estereotipos sexistas que se adjudican socialmente a mujeres y hombres.

La casuística documentada de los impactos de la ley trans supera el centenar de ejemplos. Son solo los que han trascendido a la prensa. Los primeros casos se sitúan en los meses inmediatamente posteriores a la aprobación de la ley. Los últimos lo son solo a la espera de que aparezcan más. Se podría hablar de fraudes si no fuera porque, como también ha señalado repetidamente el movimiento feminista, el fraude es la ley trans: no se puede hablar de fraude en relación con un texto que no establece ni una sola condición para proceder al ficcionado jurídico del dato registral “sexo”. Todas las peticiones cumplen los requisitos porque no hay requisitos.

Los casos que se recogen en el mapa ponen en entredicho las declaraciones oficiales sobre la irrelevancia del impacto negativo de la Ley trans sobre los derechos de las mujeres. Ninguna magnitud es intrascendente cuando juega a favor de socavar esos derechos. Más aún: puede afirmarse que el gobierno y las instituciones competentes ignoran cuáles son las cifras reales.