Educación

Los protocolos educativos de las CCAA se están elaborando sin base científica alguna y están anulando la base teórica del sistema sexo-género, lo que colisiona con la totalidad de leyes en materia de igualdad de nuestro país, como son la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, o la Ley Orgánica 172004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Según estos protocolos se obliga al profesorado a identificar malestares de alumnos y alumnas y abordar su posible causa relacionándolos con la no correspondencia entre su “sexo asignado” y su “sexo sentido” o su “identidad o expresión de género”, no teniendo capacitación para esto, pudiendo incurrir en una mala praxis profesional, intrusismo, y adoctrinamiento o señalamiento de un estado sin corroboración técnica, lo que puede ser considerado como negligencia o maltrato institucional. El vestuario, la gestualidad, la voz, las aficiones o las amistades se interpretan como señales de esos supuestos malestares o identidades, siendo la mera percepción subjetiva la guía.

Se introduce la obligatoriedad de que el profesorado sea formado en diversidad sexo/afectiva y en sensibilización sobre transexualidad/transgénero, designando a un profesor o profesora como referente de igualdad de género, a través de una formación impartida por grupos activistas no expertos, sin formación científica ni especializada, pero validada por la administración educativa.

Se habilita al profesorado a iniciar una investigación por posible maltrato infantil en los casos en los que sospeche o verifique que los adultos responsables del alumnado menor de edad bien se oponen a su deseo de iniciar una transición y a expresar su “sexo / género sentido”, bien exigen una evaluación médica y psicológica del menor o la menor, impidiendo así la detección de otras problemáticas, la realización de diagnósticos diferenciales como la detección de maltrato o abuso, así como la persecución de quien se oponga a seguir ocurrencias sin base empírica alguna.

En resumen, se transfieren al profesorado responsabilidades y habilidades que corresponden a otros ámbitos profesionales. Respecto a este último aspecto, cabe preguntarse quién va a hacerse cargo de la formación del profesorado para que éste adquiera esas nuevas competencias. ¿Va a recaer la labor formativa en las organizaciones de activistas o en los poderes públicos?, y ¿cuáles serán las garantías si nada se basa en la evidencia?

A modo de ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el colectivo LGTBQ COGAM ha impartido en los colegios charlas con el título “No solo las mujeres menstrúan”. Este caso, que se repite en otras CCAA, y los protocolos a los que ya se ha hecho referencia, permiten concluir que se está utilizando a la infancia, a través del sistema educativo, para fundamentar las reivindicaciones de determinados colectivos, negando la biología, e induciendo en los menores concepciones acientíficas que pueden llegar a dificultarles, cuando no impedirles, un sano desarrollo aceptando su cuerpo, sin categorizaciones ni etiquetas basadas en sexismo.

Por tanto, en contra de lo que recomienda la legislación de protección a la infancia, los protocolos están inclumpliendo las garantías para salvaguardar el interés superior del menor, están concediendo a la palabra del menor la categoría de único criterio válido, no respetan el principio de mínima intervención y transfieren al profesorado responsabilidades y habilidades que corresponden a otros ámbitos profesionales.