Balance 2025 de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista
FALLOS EN LA PROTECCIÓN A LAS MUJERES, INCUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS LEGISLATIVOS Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY TRANS.
El balance de 2025 realizado por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista muestra una acumulación de déficits en la gestión pública: fallos en servicios esenciales sin explicaciones inmediatas y suficientes; incumplimientos reiterados de compromisos legislativos o un control deficiente sobre el uso de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista. A ello se suma la falta de transparencia en la aplicación de determinadas normas, lo que dificulta de manera objetiva su evaluación y limita la capacidad de las instituciones y de la sociedad civil para realizar una valoración fundada de sus efectos reales.
Se reprocha a los socios de gobierno y socios parlamentarios que no apoyen las estrategias del grupo mayoritario del gobierno para acabar con la explotación sexual de las mujeres. Y se exige a la oposición un pronunciamiento claro, contundente y más frecuente que muestre su desmarque de la extrema derecha y de Vox en asuntos que afectan a la lucha contra la violencia machista.
Ineficacia en el control de las pulseras antimaltrato: Un fracaso en la protección de las víctimas
Los fallos registrados en el sistema de pulseras de seguimiento evidencian graves deficiencias en el contrato firmado durante la etapa de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. Dicho contrato presentaba lagunas que permitieron el traspaso del servicio de una empresa a otra sin las garantías técnicas y de control necesarias para un dispositivo que afecta directamente a la seguridad de mujeres en situación de riesgo extremo. Esta debilidad contractual no puede considerarse un problema menor, ya que se trata de un servicio crítico cuya interrupción o mal funcionamiento tiene consecuencias directas sobre la protección de las víctimas y sobre la confianza en el sistema institucional de respuesta frente a la violencia machista.
Tras asumir Ana Redondo la cartera ministerial e identificarse los problemas derivados de ese contrato, la reacción del Ministerio no estuvo a la altura de la gravedad de la situación. Era imprescindible una comparecencia inmediata para ofrecer explicaciones, tranquilizar a las víctimas y trasladar pautas claras de actuación mientras se resolvían los problemas técnicos. Resulta igualmente negativa la tardanza en la elaboración de un informe exhaustivo que identifique con precisión dónde se produjeron los fallos y si existe responsabilidad por parte de la empresa adjudicataria. A día de hoy no se ha aclarado si se han activado las salvaguardas previstas en el contrato ni si se aplicarán las sanciones correspondientes.
Parálisis en la lucha contra la trata de personas, el proxenetismo y la prostitución en España
El Gobierno se comprometió públicamente a presentar en septiembre de 2025 una ley contra la trata de seres humanos, no una ley abolicionista sino la transposición de una directiva europea. Sin embargo, esa norma no ha visto la luz y el propio Ministerio ha desplazado ahora su presentación a 2026. Este retraso resulta especialmente grave en un contexto en el que España sigue siendo uno de los principales países de destino de redes de trata con fines de explotación sexual, y las víctimas no cuentan con todos los mecanismos de protección, atención y reparación que un marco legal integral debería garantizar.
No puede ignorarse que dentro del Gobierno coexisten posiciones claramente diferentes: mientras algunos de sus miembros, pertenecientes al PSOE, se han declarado partidarios de avanzar hacia una ley de carácter abolicionista, sus socios de Gobierno y parlamentarios —en particular formaciones de la derecha nacionalista como PNV y Junts, y de la izquierda identitaria como ERC, EH Bildu y el espacio político de Sumar— han expresado su oposición a ese enfoque, lo que dificulta o incluso imposibilita sacar adelante una norma de ese alcance. A ello se suma que el PSOE, como partido mayoritario en el Gobierno, no está explorando otras mayorías parlamentarias que permitirían avanzar en la lucha contra la explotación sexual, lo que impide conocer la posición de la derecha española en esta materia.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres reprocha a los partidos a la izquierda del PSOE que no apoyen las estrategias del grupo mayoritario del Gobierno para acabar con la explotación sexual de las mujeres. Es sorprendente que acepten la normalización de la prostitución, y del hecho de que el cuerpo de las mujeres sea tratado como un producto mercantil, una idea que está fuera del marco de la igualdad entre mujeres y hombres.
Estas formaciones deben reconsiderar urgentemente sus posiciones en materias que perpetúan la desigualdad y la explotación.
A todo el arco parlamentario, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres exige un pronunciamiento claro y actuaciones legislativas contra la explotación reproductiva que se ejerce a través de la compra de óvulos, disfrazada de donación, y del alquiler de gestantes fuera de nuestras fronteras por ciudadanos españoles.
Exigencia al PP de un pronunciamiento rotundo contra el negacionismo de la ultraderecha
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres manifiesta su profunda preocupación por el impacto de los discursos negacionistas de la violencia machista, cada vez más presentes en ciertos sectores de la derecha. Estos mensajes no solo distorsionan la gravedad de la violencia y la explotación sexual, sino que también socavan la percepción pública sobre la necesidad de proteger a las víctimas. En este contexto, reclamamos al Partido Popular un pronunciamiento claro, contundente y más frecuente que muestre su desmarque de la extrema derecha y de Vox. Es crucial que el PP asuma una postura firme en defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia machista para que la sociedad recupere la confianza en las instituciones y se garantice la protección de las víctimas. La normalización de discursos que minimizan la violencia de género es inaceptable y debe ser confrontada con compromiso y determinación.
La emancipación económica de las mujeres. Un desafío sin resolver
La situación del trabajo a tiempo parcial en España es alarmante, especialmente entre las mujeres. Actualmente, aproximadamente el 75% de los contratos a tiempo parcial son ocupados por mujeres, y de ellas, cerca del 40% lo hacen de manera involuntaria. Esta realidad no solo perpetúa la brecha salarial, que se sitúa en torno al 14-15%, sino que también limita las oportunidades de desarrollo profesional y la emancipación económica de las mujeres. Sin acceso a empleos a tiempo completo y bien remunerados, muchas mujeres se ven atrapadas en un ciclo de dependencia económica que dificulta su capacidad para tomar decisiones sobre su vida y su futuro.
Por ello, es fundamental establecer incentivos para las empresas que promuevan la contratación de mujeres a tiempo completo y la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo. Esto podría incluir beneficios fiscales o subvenciones para aquellas empresas que demuestren un compromiso real con la igualdad entre mujeres y hombres en sus plantillas.
Es crucial que las políticas de empleo en España reconozcan y prioricen el porcentaje de mujeres que desean acceder a trabajos a tiempo completo. Este objetivo debe ser una prioridad en la agenda política, asegurando que se implementen medidas efectivas que garanticen la igualdad de oportunidades y el empoderamiento económico de las mujeres en el mercado laboral. Sin este enfoque, la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral seguirá siendo un desafío sin resolver.
Falta de compromiso en la lucha contra el acoso sexual
Los casos de acoso sexual en el Partido Socialista y en el Partido Popular evidencian un problema grave:
Por un lado, existen partidos con protocolos pero que, al no aplicarse de manera efectiva, se pone en riesgo la seguridad de las víctimas. Por otro lado, hay partidos incluidos en el arco parlamentario que ni tan siquiera han implementado dichos protocolos, a pesar de que la ley lo exige. Ambas situaciones son igualmente inaceptables y demuestran una falta de compromiso en la lucha contra el acoso sexual.
Es fundamental recordar que la obligatoriedad de contar con estos protocolos implica la necesidad de actuar con diligencia para salvaguardar los derechos de todas las partes involucradas. La inacción o la falta de implementación adecuada no solo es un fallo institucional, sino que también perpetúa la vulnerabilidad de las víctimas.
La aplicación de la Ley Trans: su incidencia en la violencia machista y el oscurantismo de las administraciones sobre su impacto
La aplicación de la Ley Trans durante 2025 ha estado marcada por una absoluta falta de transparencia en relación con su impacto sobre las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia machista. Desde hace meses, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres viene formulando preguntas al Gobierno sobre datos, evaluaciones y efectos concretos de la norma, encontrando como única respuesta un muro de silencio, dilaciones administrativas y excusas formales.
En paralelo, se ha documentado un número creciente de casos en los que hombres que se autoidentifican como mujeres han utilizado esa oportunidad para obtener beneficios o ventajas en el ámbito de la violencia contra las mujeres, desvirtuando los mecanismos de protección diseñados para corregir una desigualdad estructural basada en el sexo. Negar la existencia de estos casos o calificarlos de anecdóticos no contribuye a fortalecer las políticas públicas, sino a debilitarlas, y supone una falta de respeto tanto a las víctimas como al principio de evaluación rigurosa de las leyes.
A la vista de estos impactos, y del efecto negativo de la ley Trans sobre los derechos de las mujeres en ámbitos concretos como el deporte femenino, el sistema educativo o los espacios seguros para mujeres, la demanda no puede circunscribirse a una revisión técnica o a ajustes parciales: la ley trans debe ser derogada.
Uso inadecuado de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia hacia las mujeres
A lo largo de 2025, desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres hemos seguido denunciando y documentando reiteradamente el uso inadecuado de los fondos del Pacto de Estado por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas, que han destinado esos fondos a proyectos ajenos a la prevención, detección y lucha contra la violencia hacia las mujeres. Pese a la gravedad de estas denuncias, el Ministerio de Igualdad no ha ofrecido información pública sobre en qué casos ha exigido la devolución de los fondos usados incorrectamente ni qué criterios ha aplicado para fiscalizar su correcta utilización.
Esta falta de control efectivo y de rendición de cuentas consolida una pauta preocupante de permisividad institucional. El Ministerio no ha cortocircuitado estas prácticas ni ha actuado con la firmeza necesaria para garantizar que los recursos públicos destinados a combatir la violencia machista se empleen realmente con ese fin. La ausencia de sanciones claras y de informes públicos debilita el Pacto de Estado, erosiona la confianza ciudadana y vacía de contenido una de las principales herramientas consensuadas contra la violencia hacia las mujeres.
[Los casos documentados por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres sobre mal uso de los Fondos del Pacto de Estado están recogidos en un mapa interactivo que se actualiza periódicamente]
Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. 29 de diciembre de 2025.
