La nueva Estrategia de Igualdad LGBTIQ+ 2026-2030 de la Comisión Europea amplía el marco político introducido en 2020 y sitúa la identidad de género y la autoidentificación en el centro de la política de igualdad de la UE, descuidando la protección basada en el sexo de las mujeres y las niñas. Si bien la Estrategia no es un acto jurídico, orienta la financiación, la legislación y la integración institucional en la UE y los Estados miembros.
Adoptada sin control democrático, la Estrategia impulsa una agenda moldeada por grupos de presión transactivistas en Bruselas, muchos de ellos financiados directamente por la Comisión y con gran influencia en las instituciones de la UE
A pesar de las protestas de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, lesbianas y gais, padres y personas detransicionadoras, la Comisión promueve leyes de autoidentificación sin restricciones de edad y busca integrar la identidad de género en prácticamente todos los ámbitos políticos: sociedad civil, vivienda, transporte, economía, sanidad, educación, derecho penal, derecho de familia, diplomacia, acción exterior, asilo y, fundamentalmente, sobre los derechos de las mujeres. Sin embargo, no se ha realizado ninguna evaluación de impacto en mujeres y niñas, niños y jóvenes, ni en lesbianas y gais.
Quizás lo más revelador es que la adición de un «+» al título indica que la Comisión ha internalizado plenamente este marco ideológico, como si intentara añadir infinitud a un abanico ya infinito de identidades. El resultado no es un documento político serio, sino uno que corre el riesgo de tener consecuencias imprevistas y de gran alcance en el derecho y la gobernanza europeos.
Áreas de Preocupación
Es particularmente preocupante que la Comisión Europea se proponga incorporar un concepto abierto de «identidad de género» como un motivo de protección equivalente a la orientación sexual, e incluso ampliándola, en virtud de la Carta de la UE. Este enfoque asume que la «identidad de género» es una categoría tangible y medible, ignorando al mismo tiempo el conflicto inherente entre la orientación sexual, que se basa en el sexo, y la noción de que las personas heterosexuales del sexo opuesto pueden «identificarse» como homosexuales.
La Estrategia se basa en gran medida en datos de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) y las encuestas del Eurobarómetro, ambas con importantes deficiencias metodológicas. Estas incluyen la mezcla de sexo, género e identidad de género, y la fusión de la identidad de género con la orientación sexual y la expansión discrecional de las características protegidas más allá de las enumeradas en la Carta de la UE.
Esto lleva a que travestis, hombres que ocasionalmente visten ropa estereotípicamente femenina, sean incluidos como trans y, por lo tanto, clasificados como mujeres vulnerables, lo que ilustra la incoherencia conceptual subyacente a los datos en los que se basa la Estrategia.
En este marco de captura ideológica, la nueva Estrategia plantea una lista de serias preocupaciones:
- Al promover la autoidentificación legal sin restricciones de edad, la Comisión impulsa leyes basadas en sentimientos en lugar de en la realidad. Esto elimina las protecciones basadas en el sexo para mujeres y niñas, desmantela las normas de protección para menores y presiona a los Estados miembros para que eliminen la supervisión parental y médica.
- El plan de la Comisión para crear una base empírica que prohíba en toda la UE las «prácticas de conversión» combina fenómenos fundamentalmente diferentes: los intentos coercitivos de cambiar la orientación sexual con cualquier respuesta terapéutica, parental o educativa que no afirme la identidad de género declarada de la persona. Este enfoque criminaliza el acompañamiento a menores y adolescentes vulnerables que experimentan angustia por su sexo u orientación sexual. Al fusionar estas categorías, la Comisión produce datos poco fiables y allana el camino para una legislación basada en la ideología, que respalda lo que equivale al borrado de lesbianas y gais.
- La iniciativa de la Comisión de incluir el «discurso de odio» y los «delitos de odio» motivados por la identidad de género en la lista de eurodelitos del artículo 83 del TFUE es un intento de incorporar un concepto sin un significado claro ni legalmente definido en la Constitución de la UE. Esto no es adecuado como base para el procesamiento penal, y el concepto en sí mismo es incompatible con las medidas basadas en el sexo en la legislación de la UE, ya que sustituye la categoría material de sexo por la autodeclaración individual. Introducir una categoría tan indefinida y subjetiva en el derecho penal socava la claridad jurídica, erosiona la protección de las mujeres y debilita la libertad de expresión.
- Al instar a los Estados miembros, cuando transponen la Directiva de la UE sobre la Violencia contra la Mujer, a clasificar a las personas TQI+ como un grupo de mujeres especialmente afectado, la Estrategia borra la propia categoría de sexo y socava el concepto mismo de violencia contra la mujer.
- La modificación de los marcos de datos sobre igualdad para integrar la «identidad de género» en los informes de Eurostat y las estadísticas nacionales, bajo la supervisión de la FRA y el EIGE, distorsiona los datos demográficos y erosiona la fiabilidad del seguimiento de la igualdad en la UE.
- La formación ampliada para la policía y el poder judicial sobre la «LGBTIQfobia» incorpora una interpretación ideológica preestablecida en la aplicación de la ley y la toma de decisiones judiciales.
- La condicionalidad de la financiación de la UE al cumplimiento ideológico es una grave preocupación democrática y puede llevar a que las autoridades regionales, las organizaciones de la sociedad civil o las instituciones educativas se vean privadas de fondos si cuestionan o no promueven la agenda LGBTIQ+ de la Comisión.
- La duplicación de la financiación LGBTIQ+ en el marco del próximo programa CERV+ consolida un panorama de financiación unilateral y desvía fondos públicos de iniciativas de igualdad equilibradas.
- La presión de la Comisión sobre el Reglamento sobre el reconocimiento de la paternidad en los Estados Miembros, que implica el reconocimiento de los acuerdos de gestación subrogada, interfiere en las competencias nacionales en materia de derecho de familia e ignora las propias normas jurídicas de la UE sobre explotación reproductiva, violencia contra las mujeres, venta de menores y trata de seres humanos, todas ellas prohibidas por el Derecho de la UE.
- Al vincular el progreso de los países candidatos a la adhesión a la UE al cumplimiento de sus prioridades LGBTIQ+, la Comisión impone condiciones ideológicas que van mucho más allá de los Criterios de Copenhague e instrumentaliza la política de ampliación para la política de identidad.
- La aplicación activa por parte de la Comisión de las sentencias del TJUE y del TEDH sobre identidad de género en los Estados miembros centraliza la interpretación judicial a nivel de la UE y refleja un intento de utilizar el poder judicial de la Unión para promover objetivos políticos que van más allá del alcance previsto de dichas sentencias.
- Mediante la creación del Foro de Políticas LGBTIQ+ de la UE, compuesto por organizaciones transactivistas, la Comisión Europea ha institucionalizado aún más la influencia unilateral de grupos de especial interés. Si esta plataforma realmente estuviera destinada a representar a lesbianas, gais y bisexuales, cabría esperar que también incluyera organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y las niñas basados en el sexo, como el Athena Forum, [y las organizaciones feministas europeas, habría que añadir] y los derechos de las lesbianas, gais y bisexuales, como la LGB Alliance International.
En conjunto, estas medidas apuntan a un amplio proceso de captura institucional, donde un concepto controvertido y poco científico de «identidad de género» se trata como ley establecida y se integra en la maquinaria política de la UE sin debate democrático, pruebas ni evaluación de impacto.
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