Por Javier Rodríguez.
El transgenerismo nunca ofrece pruebas de la existencia de una «identidad de género». Se limita a descalificar a quienes la cuestionan con términos como “transexcluyente”, “transfóbica”, o “antiderechos». Pero si un concepto no se puede probar, se convierte en una creencia, perseguir a los no creyentes equivale a perseguir una herejía y las leyes que los castigan restauran las leyes antiblasfemia. Reflexiones de Javier Rodríguez @ser_real_esp sobre la blasfemia TERF.
Me permito responder a la columna “Respuesta a un lector transexcluyente” de Catalina Ruiz-Navarro. Envié esta réplica a El Espectador, que tiene plena potestad sobre lo que publica en su sección de cartas; al no haber clasificado para ese espacio, la comparto aquí, donde el debate puede continuar sin restricciones de formato. Lo que sigue es un análisis de los recursos retóricos que la columnista utiliza.
Llama la atención el uso reiterado de etiquetas: la columnista recurre a términos como “transexcluyente”, “transfóbico”, “antiderechos” o “discurso de odio”, a los que cabría añadir “TERF” (Trans-Exclusionary Radical Feminist), que cumplen la función de neutralizar al interlocutor y evadir los asuntos de fondo.
Estos rótulos comparten un vicio lógico de razonamiento circular: es transexcluyente quien niega la identidad de género. Negar la identidad de género es condenable porque es una “verdad científica”. Es una verdad científica porque quien la experimenta da cuenta de ser de un sexo distinto al que nació. Pero no se ofrecen elementos verificables para que ese concepto sea adoptado como verdad universal. Se parte de una premisa que no se explica ni se demuestra: quien no la acepte obtiene el rótulo de transexcluyente. Y así el círculo se cierra sobre sí mismo: la conclusión ya estaba contenida en la premisa.
Pedir evidencia científica de una afirmación biológica no es exclusión: es lo que se hace con cualquier afirmación antes de aceptarla como verdad. Y si no se puede probar, el concepto tiene la naturaleza de una creencia.
¿Por qué es importante tener claro si la teoría del cambio de sexo es una verdad o una creencia? Si es un hecho demostrable, sería exigible a terceros y sería legítimo diseñar leyes, protocolos médicos y políticas públicas de aplicación obligatoria. Pero si es una creencia, su estatus constitucional es radicalmente distinto: un Estado que adopte una creencia como oficial dejaría de ser laico.
Exigir que el concepto de identidad de género sustituya al sexo biológico en contextos donde el sexo importa, como la medicina, el deporte, el registro civil, la estadística, las prisiones, los espacios propios de las mujeres, el lenguaje y la educación, es una imposición que convierte el disenso en lo que Orwell llamó crimen de pensamiento.
Creer en la identidad de género como realidad interior es un derecho personal, pero vale la pena hacer notar que está amparado constitucionalmente dentro de la libertad de culto y de conciencia (Artículo 18 de la Constitución). Catalogar el desacuerdo conceptual como discurso de odio (tipificándolo como delito) y presentar el escepticismo como amenaza existencial es, en la práctica, similar a reinstaurar las leyes contra la blasfemia.
Colombia abandonó el modelo confesional con la Constitución de 1991, cuyo primer artículo consagra la laicidad y el pluralismo precisamente para que ninguna creencia pudiera imponerse como verdad oficial exigible a todos. Este tipo de leyes no protegen a personas sino a dogmas: blindan creencias de la crítica y convierten el disenso en falta moral. Quizá esto explica que las voces críticas que existen provengan mayoritariamente de convicciones religiosas y que escaseen las de carácter secular; lo cual es insuficiente: en un Estado laico las creencias pertenecen a la esfera privada, y este debate merece librarse también desde el escepticismo científico, que es la herramienta que han encontrado los estados de derecho para legitimar verdades de aplicación general. Lo que nadie parece advertir es que la identidad de género, tal como se exige aceptarla, es exactamente eso: un artículo de fe.
La libertad de conciencia protege tanto el derecho a creer como el de no creer lo que no se considera verdad. El rótulo de transexcluyente ataca esa segunda dimensión: es equivalente a llamar hereje a quien no adopta ese dogma.
La columna equipara las cirugías estéticas con los procedimientos de afirmación de género, omitiendo que, según comunicaciones internas filtradas de la propia Organización Mundial de la Salud Transgénero (WPATH) y declaraciones de su expresidente Marci Bowers, pueden generar consecuencias irreversibles como esterilidad y anorgasmia. El capítulo 9 de sus Estándares de Atención, titulado “Eunucos”, justifica la castración voluntaria de hombres sin evidencia médica suficiente.
La columna incurre en una falacia genética sistemática: cualquier fuente que cuestione la identidad de género recibe una etiqueta moral que la descalifica sin que se examine un solo argumento. El caso del reporte del HHS es ilustrativo. La columnista lo descarta apelando a quién lo encarga, no a qué dice. Los nueve autores se describieron a sí mismos como un grupo políticamente diverso, en su mayoría liberales y simpatizantes del Partido Demócrata, con un compromiso compartido con la medicina basada en evidencia. Entre ellos figura Alex Byrne, filósofo del MIT; Kathleen McDeavitt, médica del Baylor College of Medicine; Leor Sapir, investigador del Manhattan Institute; y Evgenia Abbruzzese, de la Society for Evidence-Based Gender Medicine.
Los propios autores, anticipando este patrón, titularon su respuesta pública a los críticos con una frase que aplica con precisión a este caso: “Esperamos que nuestros críticos se tomen la molestia de leer el reporte”. El documento no surge en el vacío: analizó 17 estudios sistemáticos previos, muchos realizados en Europa. Las revisiones sistemáticas representan el nivel más alto de la jerarquía de evidencia científica, pues sintetizan de forma rigurosa todos los estudios disponibles sobre un tema, reduciendo el margen de sesgo de cualquier investigación individual.
El informe encontró que la calidad general de la evidencia sobre los efectos de estas intervenciones es “muy baja”, mientras que los riesgos documentados incluyen esterilidad, disfunción sexual, densidad ósea reducida e impacto cognitivo adverso. Expertos en metodología del Centre for Evidence-Based Medicine de Bélgica calificaron su metodología de “robusta” y “transparente”. Antes de su publicación final, el reporte atravesó un proceso de revisión por pares en el que los críticos tuvieron la oportunidad de formular objeciones; cada uno de los cuestionamientos recibió respuesta documentada por parte de los autores que se puede consultar en la página de la HHS.
En contraste, las fuentes que respaldan la teoría de la identidad de género defendida por la columnista parecen quedar exentas del escrutinio riguroso que la ética médica exige para avalar procedimientos potencialmente irreversibles, sobre todo en menores.
Vale la pena preguntarse: ¿Existe alguna evaluación crítica a precedentes como el caso Reimer, en el que John Money, formulador del concepto de identidad de género, sometió a un menor y a su hermano gemelo a experimentos y abusos sexuales documentados por John Colapinto? Ambos terminaron suicidándose. ¿O acaso sus declaraciones ante Paidika, publicación pro-pedofilia, en las que no consideraba patológica una relación erótica entre un adulto y un niño de diez u once años?
Considero importante que el público colombiano conozca estos antecedentes para formarse un panorama completo de un debate que suele presentarse de forma parcial.
Que el lector juzgue qué evidencia es más convincente.
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