Con el título «Un nuevo análisis revela que las organizaciones antitrans ejercen una poderosa influencia sobre los medios de comunicación y la política», Amnistía Internacional Reino Unido ha presentado un informe en el que pretende identificar a los actores y las fuentes de financiación de las opiniones críticas con el concepto «identidad de género». Lo que en realidad ha hecho Amnistía es señalar a las mujeres críticas con el género, acusándolas de formar parte de un movimiento más amplio contra los derechos civiles, junto con grupos religiosos ultraconservadores. Janet Murray analiza ese informe.
Hace una década, me invitaron a formar parte del jurado de los Premios de Medios de Comunicación de Amnistía Internacional mientras cubría temas de educación y asuntos sociales para The Guardian.
Fue un honor ser invitada a formar parte del panel. Al crecer en Gran Bretaña durante los años ochenta y noventa, sentía un enorme respeto por Amnistía Internacional, entonces conocida principalmente por su labor con los presos de conciencia. Todavía recuerdo vívidamente una asamblea escolar en mi colegio femenino —que animaba con fuerza a las alumnas a alzar la voz— centrada en sus campañas.
Para mí, siendo adolescente y proveniente de una familia de clase trabajadora, aquello me abrió un mundo más amplio que el de mi pequeño pueblo: un mundo de política, derechos humanos y asuntos internacionales, y la idea de que la gente común podía generar cambios.
Así que cuando esta semana vi en Facebook una publicación que destacaba un nuevo informe de Amnistía Internacional Reino Unido que «exponía las redes antitrans del país», me quedé de piedra. El texto que lo acompañaba describía el auge del movimiento «crítico con el género» en el Reino Unido, un «ambiente hostil contra las personas trans» y el papel de los medios de comunicación en la «normalización de los discursos antitrans». Terminaba con el lema: «Los derechos trans son derechos humanos».
El informe en sí, titulado «Como una bola de nieve: el crecimiento y el impacto del movimiento crítico de género en el Reino Unido», es sorprendente. En ocasiones, se asemeja más a un informe sobre una peligrosa red extremista que a un relato de mujeres que simplemente no desean desnudarse delante de los hombres.
El informe pretende identificar a los actores y las fuentes de financiación de las opiniones críticas de género, presentando repetidamente a las mujeres críticas con el género como parte de un movimiento más amplio contra los derechos civiles, junto con grupos religiosos ultraconservadores. Afirma que los medios de comunicación son en parte responsables de la creciente negatividad hacia las personas trans, y que el uso cada vez mayor de expresiones como «sexo biológico» y «espacios exclusivos para un solo sexo» ha contribuido a normalizar las ideas críticas con el género en el discurso público.
También analiza el creciente financiamiento legal de organizaciones críticas con la ideología de género, señalando que el gasto combinado de FiLiA, LGB Alliance y Sex Matters aumentó de 80.000 libras esterlinas en 2019 a 3,6 millones de libras esterlinas entre 2020 y 2024. Sin embargo, el informe no explora por qué las mujeres se sintieron obligadas a recurrir al micromecenazgo y a la financiación colaborativa para emprender acciones legales: principalmente, porque estaban perdiendo empleos, reputaciones y medios de subsistencia por expresar creencias críticas con la ideología de género.
[El informe de Amnistía señala a organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres basados en el sexo como FiLiA, LGB Alliance, Sex Matters, Labour Women’s Declaration, Lesbian Strength, Fair Play for Women, For Women Scotland, Keep Prisons Single Sex, Let Women Speak, The Lesbian Project, Transgender Trend, Woman’s Place UK, Women’s Declaration International (WDI), Women’s Sports Union, entre muchas otras, como Beira’s Place, el refugio para mujeres supervivientes de violencia financiado por Jk Rowling]
Quizás la sección más reveladora se encuentra al final, donde Amnistía Internacional aconseja a los periodistas que den más voz a las personas trans, que produzcan historias más «positivas» sobre ellas y que eviten preguntas capciosas como «¿pueden las mujeres tener pene?».
En ese momento, uno empieza a preguntarse si se trata de un informe serio de una organización internacional de derechos humanos o de una guía activista para moldear las narrativas mediáticas.
Resulta profundamente inquietante que una organización que en su día se asoció con la defensa de disidentes y libertades civiles ahora parezca considerar sospechosa y peligrosa la organización de mujeres comunes en torno a creencias legítimas. Es difícil no percatarse del momento de la publicación del informe: se publicó por la mañana, justo antes de que se publicara la guía actualizada de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos EHRC tras el fallo del Tribunal Supremo del año pasado. Esto hace que el tono parezca más de pánico que de confianza, propio de una organización que se enfrenta a la realidad de que la ideología no puede estar por encima de la ley.
Como era de esperar, la guía de EHRC simplemente reafirmó lo que la sentencia del Supremo ya había dejado claro: que “de un solo sexo” según la Ley de Igualdad significa sexo biológico. Esto implica que los hombres pueden ser excluidos legalmente de los espacios y servicios exclusivos para mujeres, independientemente de su identidad de género.
Resulta extraño y profundamente triste ver cómo una organización que en su día animó a las mujeres a alzar la voz ahora se muestra tan alarmada cuando las mujeres deciden alzarla.
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