Los directivos de las empresas y ongs británicas se arriesgan a ir a la cárcel si sus empleados utilizan los pronombres considerados incorrectos para dirigirse a las personas transgénero, según advierten los detractores de la nueva ley gubernamental sobre terapias de conversión.
El polémico proyecto de ley sobre prácticas de conversión establece que los directores de empresas y los líderes de otras organizaciones pueden ser considerados responsables si alguno de sus empleados intenta suprimir o cambiar la orientación sexual o la «identidad de género» de una persona, según han declarado sus detractores.
A menos que puedan demostrar que han tomado «todas las medidas razonables» para evitar que esto suceda, los directivos podrían enfrentarse a hasta cinco años de prisión y su empresa podría ser sancionada con una multa ilimitada.
El diario The Telegraph ha lanzado una campaña para que se retire el proyecto de ley. Diputados, lores y expertos han respaldado la campaña ante el temor de que el proyecto de ley pueda criminalizar a los padres que cuestionen la «identidad de género» autodeclarada de sus hijas e hijos y que transactivistas lo utilicen como arma contra los empleadores.
Los detractores de la ley han afirmado que podrían utilizar la ley para procesar a un empleador que no impida que sus empleados utilicen repetidamente los pronombres considerados incorrectos, como por ejemplo, referirse a un hombre biológico como «él» cuando ha realizado la transición y desea que se refieran a él como «ella».
El Gobierno ha admitido que las empresas británicas y el sector público tendrán que afrontar un gasto conjunto de 61 millones de libras esterlinas para modificar las prácticas laborales y adaptarlas a la nueva ley.
La legislación propone que las personas que utilicen el abuso físico y psicológico para presionar a otros a que renuncien a su identidad gay o transgénero podrían enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel.
El Gobierno insiste en que no ilegalizará la expresión de creencias sobre las identidades LGBT ni prohibirá las conversaciones exploratorias ni las preguntas sobre la identidad de una persona.
Sin embargo, los opositores advierten que la nueva ley podría criminalizar las conversaciones honestas que médicos, maestros y padres mantienen con sus hijos sobre sus malestares de género.
“Este proyecto de ley abarca todos los lugares de trabajo”
La legislación también impondría a las empresas, según describen los críticos, responsabilidades onerosas para demostrar que están tomando todas las medidas razonables para garantizar que ninguno de sus trabajadores participe en las llamadas terapias de conversión.
Un portavoz del Gobierno insistió en que la ley solo estaba destinada a aplicarse a las empresas que ofrecen terapia de conversión, pero en ninguna parte de la legislación se menciona esto. El portavoz también dijo que referirse a alguien con el género equivocado no cumpliría con los requisitos para ser considerado una práctica de conversión.
El proyecto de ley establece que la ley se aplica a un «funcionario pertinente» de la empresa u organización que «autorice o permita, participe en, o no tome todas las medidas razonables para prevenir la comisión del delito». Explica que esto podría referirse al director, gerente o secretario de una empresa, a un socio de una sociedad o a un miembro del órgano de gobierno. Si la organización está dirigida por sus miembros, uno de ellos sería el responsable.
Dennis Kavanagh, director de Gay Men’s Network, dijo: “Este proyecto de ley abarca todos y cada uno de los lugares de trabajo que se me ocurren, con una amplia lista de tipos de personalidad jurídica. Sin duda, abarca a todas las empresas y a la mayoría de las ONGs. Extiende la responsabilidad no solo a la empresa, sino también a los directores o funcionarios equivalentes. Es un alcance muy amplio”.
Dijo que podría utilizarse para acusar a un director de no impedir que una persona utilizara repetidamente el pronombre incorrecto para referirse a otra. El Gobierno se equivocó, añadió, al insistir en que la identificación errónea de género no estaría contemplada en el proyecto de ley.
Kavanagh, abogado penalista, afirmó que la legislación propuesta «incluye palabras que pueden interpretarse como abuso» y señaló que el exministro que la presentó al Parlamento «citó con aprobación un informe de Galop» como prueba. Según declaró, el informe de Galop, una ONG que lucha contra las prácticas de conversión, «afirma que la asignación errónea de género es un abuso y no hay absolutamente nada en el proyecto de ley que indique lo contrario, porque la palabra abuso no está definida».
Añadió: “Esto tiene graves implicaciones para las empresas. Una disputa laboral común sobre pronombres ahora puede convertirse en un proceso judicial contra la propia empresa por sus políticas o prácticas”.
“Si un jurado estuviera seguro de la culpabilidad de la empresa, los directores también podrían ser condenados por permitirlo o por no tomar todas las medidas razonables para evitarlo.”
Kavanagh dijo que las posibles denuncias penales «podrían tener repercusión si la fuerza policial bien adoctrinada por Stonewall, las recibe . Aunque no lleguen a mayores, dijo que “el empleador se enfrenta ahora a consecuencias graves”. “Es posible que los agentes entren en la empresa, confisquen ordenadores para obtener pruebas y realicen interrogatorios”, añadió.
‘Una carga onerosa’
El borrador del proyecto de ley establece que los directivos tendrían que demostrar que han tomado «todas las medidas razonables» para garantizar que su empresa cumpla con la ley.
Kavanagh afirmó que esto obligaría a las empresas a extremar las precauciones, invirtiendo grandes sumas de dinero en programas de capacitación para informar a su personal sobre la nueva ley. De esta manera, podrían alegar que tomaron todas las medidas razonables.
Sugirió que serían extremadamente costosas, lo que significa que la estimación del Gobierno de un coste de 14 millones de libras para las empresas y de 48 millones de libras para el sector público probablemente sea una subestimación.
“No está claro que la evaluación de impacto, relativamente baja, haya tenido en cuenta los elevados costes de cumplimiento que impone este proyecto de ley al exigir a las empresas que tomen todas las medidas razonables para prevenir la infracción”, afirmó.
“En realidad, esto supondrá una carga onerosa que implicará consultores, políticas personalizadas, formación y, en caso de enjuiciamiento, importantes costes legales.”
La baronesa Falkner, expresidenta de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos, también advirtió sobre los peligros para los directores de empresas en un informe para Policy Exchange.
“Es difícil saber qué significará en la práctica este delito de omisión tan amplio”, dijo. “El proyecto de ley no solo exige que se tomen ‘medidas razonables’, sino ‘todas las medidas razonables’”. Por lo tanto, una persona que trabaje en una institución y que tome las medidas preventivas que considere apropiadas podría, no obstante, ser procesada por no tomar otras medidas, a pesar de la marcada ausencia de cualquier indicación en el proyecto de ley sobre en qué consistirían estas.”
La lord añadió que los activistas podrían utilizar la ley para emprender acciones legales privadas contra grupos críticos con la ideología de la identidad de género, como Sex Matters. “Según el texto del proyecto de ley, no hay ninguna razón por la que una supuesta víctima no pueda denunciar prácticas de conversión contra una ONG o de activismo que promueva posturas críticas con la ideología de la identidad de género, en relación con sus materiales publicados o difundidos”, afirmó.
Sex Matters, el grupo de derechos humanos crítico con la ideología de la identidad de género, ha afirmado que la ley podría utilizarse contra un empleador que mantenga una política de vestuarios separados por sexo.
La ONG afirmó que una persona transgénero podría iniciar una acción legal privada alegando que la empresa la obliga a negar su género. Si bien el caso sería débil, el grupo indicó que podría presionar al empleador para que modifique su política de instalaciones.
‘Draconiano y perjudicial’
Helen Joyce, directora de incidencia política de Sex Matters, dijo: “Todas las organizaciones del país deberían estar aterrorizadas por el proyecto de ley del Gobierno sobre prácticas de conversión”. Dada la insistencia del lobby trans en que tener que usar los baños que corresponden a su sexo es una grave violación de los derechos humanos de las personas trans, los empleadores se encontrarán entre la espada y la pared».
“Permitir que los hombres que se identifican como trans utilicen los baños de mujeres en el trabajo implica infringir las normas laborales; si se les prohíbe el acceso, se enfrentarán a cargos penales si presentan una queja. Es difícil imaginar una redacción legislativa más incompetente, o una ley más draconiana y perjudicial.” […]
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