Un reciente análisis de Trans Europe and Central Asia TGEU sobre la jurisprudencia nacional en la UE recoge sentencias judiciales ante demandas de personas que se autodeterminan como trans y que reclaman a la sanidad pública el pago de las operaciones realizadas en la sanidad privada o el acceso de menores a cirugías. Varios de los casos documentados recogen sentencias de tribunales españoles.
En el análisis «Evolución jurídica en materia de asistencia sanitaria específica para personas trans: un análisis de la jurisprudencia nacional en la UE», TGEU* reconoce que «los litigios y el uso de instrumentos jurídicos han sido fundamentales para el movimiento en defensa de los derechos de las personas trans en Europa».
El objetivo de documento, se afirma, «es sencillo: profundizar en la comprensión de cómo los litigios pueden promover el acceso a la asistencia sanitaria específica para personas trans, mediante un análisis de la jurisprudencia de los tribunales nacionales de los Estados miembros de la UE».
Es, según se recoge en el propio documento, un recurso para «ampliar el abanico de reclamaciones» y para que activistas y abogados usen los litigios para impulsar «el acceso a una asistencia sanitaria específica para personas trans, inspirándose y basándose en argumentos de iniciativas similares» en la Unión Europea.
El objetivo es ayudar al transactivismo a preparar casos ganadores para que la sanidad pública pague las facturas, sorteando los límites legales, o para abrir paso a las cirugías en menores.
El documento es poco riguroso. Algún caso está mal referenciado y en algunas fichas se afirma que el demandante tuvo éxito, aunque el resultado que describe fue desfavorable para quien presentó la reclamación. El informe no explica esa discrepancia.
Los casos referenciados para España documentan exigencias de reembolso de los gastos realizados en clínicas privadas y demandas para permitir a menores acceder a cirugías irreversibles :
Caso 1. STSJ M 1956/2023, Appeal No. 869/2022, (2023)
Litigio: demanda de reembolso de una mamoplastia (implantes o prótesis mamarias) realizada en una clínica privada. Resultado: denegado. Tribunal: TSJ de Madrid, Sala de lo Social. Conclusión de TGEU: fracaso de la parte solicitante.
Al solicitante, un hombre que se presenta como mujer incluido en el Programa del Hospital Ramón y Cajal desde 2005, se le suspendió la intervención quirúrgica para una mamoplastia programada en 2008 debido a la falta de controles recientes de la carga viral del VIH. En 2010, un informe del coordinador desaconsejó la intervención quirúrgica debido a su estado serológico respecto al VIH. En octubre de 2012, un psicólogo clínico informó de que el demandante padecía ansiedad y depresión graves por no poder acceder a la intervención quirúrgica. En 2019, once años después de la suspensión, se sometió a una mamoplastia en una clínica privada.
La solicitud de reembolso de la mamoplastia fue denegada por el Servicio de Salud de Madrid (SERMAS).
El tribunal consideró que el demandante se apartó voluntariamente de las indicaciones médicas y accedió a la asistencia sanitaria privada por iniciativa propia, sin la autorización del SERMAS. No había una urgencia vital, ya que no existía ni peligro inminente de muerte ni pérdida de la funcionalidad de ningún órgano.
Caso 2. TSJ de Canarias, sentencia de 19 de octubre de 2023, recurso 1576/2022.
Litigio: demanda de reembolso de mastectomía, faloplastia y otros gastos privados. Resultado: estimación parcial. Tribunal TSJ de Canarias, Sala de lo Social, sede de Las Palmas. Conclusión de TGEU: éxito de la demanda [?]
La paciente demanda al reembolso de las dos intervenciones quirúrgicas específicas realizadas en una clínica privada: la mastectomía, cuyo reembolso fue denegado por no haber completado un año de tratamiento hormonal, y la faloplastia, cuyo reembolso fue denegado porque no existía ningún centro de referencia público disponible.
En 2018 se sometió a una mastectomía privada (7.445 €) y a una faloplastia privada (20.737,10 €).
La solicitud de reembolso por un importe total de 35.213,96 €, presentada por la demandante, fue denegada. Recurrió esta decisión y el tribunal de primera instancia estimó parcialmente la demanda, ordenando el reembolso únicamente de la faloplastia (20.737,10 €).
Caso 3. STSJ M 9946/2023, Appeal No. 1668/2022, Resolution No. 635/2023 (2023)
Litigio: suspensión cautelar de la atención a una menor de 16 años que se identificaba como varón. Resultado relatado: suspensión denegada. Tribunal según TGEU: TSJ de Madrid, jurisdicción contencioso-administrativa. Conclusión de TGEU: éxito.
Se dirime si el tribunal debe detener o suspender el tratamiento hormonal cruzado con testosterona de una chica de 16 años ingresada en un hospital público, en un caso en el que uno de los progenitores (la madre) se opone al tratamiento, mientras que el otro progenitor y la menor dan su consentimiento.
La madre de una menor autodeterminada como trans presentó un recurso contencioso-administrativo alegando que la Unidad de Identidad de Género de un hospital público y su Servicio de Endocrinología llevaron a cabo una actuación administrativa sin fundamento jurídico al iniciar un tratamiento hormonal cruzado masculinizante para su hija menor de edad (de 16 años y que se identifica como varón), sin informar debidamente a la madre ni obtener su consentimiento. El padre y la menor dieron su consentimiento al tratamiento. La madre solicitó una medida cautelar para suspender el tratamiento hormonal. El hospital informó de que el tratamiento hormonal no se había iniciado realmente debido a dificultades para obtener el consentimiento de ambos progenitores, y que solo se estaba prestando apoyo y acompañamiento psicológico.
El tribunal decidió no suspender el tratamiento e hizo hincapié en la importancia de tener en cuenta los propios deseos, sentimientos y opiniones de la menor.
La resolución concreta no se pronunció sobre el diagnóstico, los medicamentos recetados y otras cuestiones planteadas por la madre, que, según el tribunal, deberían resolverse en el procedimiento principal. No fue una sentencia sobre la procedencia de administrar hormonas a menores.
Caso 4. Judgment No. 133/2026 (2026)
Litigio: reintegro de una mastectomía privada realizada siendo menor. Resultado según TGEU: estimado, 6.190 euros. Tribunal según TGEU: juzgado de lo social de Zaragoza, primera instancia. Conclusión de TGEU: éxito.
El caso se refiere a la denegación del reembolso de los gastos relacionados con una mastectomía realizada en un centro sanitario privado. En este caso se planteaban dos cuestiones principales. En primer lugar, si la mastectomía —cubierta por el sistema sanitario público— está disponible para menores de 18 años y, en segundo lugar, si existía una urgencia vital que justificara el recurso a la asistencia sanitaria privada.
La demandante, que en aquel momento era menor, acudió a un hospital para someterse a una mastectomía. En un primer momento, se le incluyó en una lista de espera, pero posteriormente el médico informó a la familia de la paciente de que el centro solo realizaba mastectomías financiadas por el servicio público de salud de Aragón a pacientes mayores de 18 años. A continuación, la demandante acudió a una clínica privada para someterse a la intervención y, posteriormente, solicitó el reembolso. El Gobierno de Aragón denegó la solicitud alegando que las mastectomías solo están disponibles para adultos y que el caso no constituía una urgencia vital.
El tribunal dictaminó que no existía fundamento jurídico para denegar la mastectomía y que la decisión de la demandante de no esperar hasta cumplir los 18 años y recurrir a la sanidad privada estaba justificada. Ordenó a la administración que reembolsara los gastos incurridos (6.190 €).
TGEU celebra que no haya restricciones a las cirugías por edad.
Caso 5. STSJ GAL 4169/2018, Appeal No. 4570/2017 (2018)
Litigio: acceso inmediato a cirugía genital tras más de dos años de espera. Tribunal: TSJ de Galicia. Conclusión de TGEU: éxito.
Se dirime si el solicitante tiene derecho a recibir atención quirúrgica trans inmediata (vaginoplastia), dado el excesivo tiempo de más de dos años en la lista de espera, ya sea en un centro público de referencia o en una clínica privada con financiación pública.
El tribunal reconoció el derecho del demandante a ser operado de inmediato en un centro de referencia público del Sistema Nacional de Salud o, en caso de que ello no fuera posible, en un centro privado de cirugía plástica con cobertura total de los gastos.
Caso 6. STSJ NA 16/2025, Appeal No. 440/2024, Resolution No. 9/2025 (2025)
Litigio: reembolso de cirugía privada en Tailandia sin autorización previa. Resultado: denegado. Tribunal: TSJ de Navarra, Sala de lo Social. Conclusión de TGEU: éxito [?].
La parte demandante se desplazó a Bangkok el 9 de septiembre de 2022 para una cirugía genital y reclamó 11.297,14 euros por tratamiento, alojamiento y desplazamiento. No había solicitado la autorización administrativa. Existían centros públicos españoles que realizaban la cirugía.
El tribunal desestimó la solicitud de reembolso y dictaminó que el solicitante debería haber obtenido una autorización previa.
El tribunal también sostuvo que la intervención quirúrgica no puede considerarse una «urgencia vital», ya que no existía un peligro inminente para la vida o los órganos vitales del solicitante. El tribunal citó la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2024, en la que se aclaraba que el reembolso de la asistencia sanitaria recibida fuera del sistema público requiere: (a) una necesidad sanitaria urgente, inmediata y vital; (b) la prueba de que no se pudo recurrir a los servicios públicos a tiempo; y (c) que no se haga un uso abusivo de esta excepción.
TGEU sostiene que la parte solicitante tuvo éxito y, acto seguido, afirma que se rechazó el reembolso.
Los casos referenciados en España, como en el resto de países del estudio, están, por tanto, dirigidos a usar los litigios como estrategia para la imposición de las terapias afirmativas en la atención a las personas autodeterminadas como trans. Menores incluidos.
Concluye el documento: «Es importante señalar que las sentencias dictadas por un tribunal no son automáticamente vinculantes para otro tribunal del mismo país. Esto depende del ordenamiento jurídico del país, de los hechos concretos del caso y de la legislación aplicable. No obstante, las sentencias pueden influir en los tribunales para que dicten sentencias similares».
Se utiliza el resultado para promover modificaciones en leyes, políticas y prácticas, con el fin de generar un cambio más allá de una victoria jurídica. En otras palabras: impulso de litigios estratégicos.
*TGEU Trans Europe and Central Asia es una organización paraguas que representa a unas 200 organizaciones transgeneristas en más de 50 países. Recibe financiación de la Open Society Foundations (OSF), la fundación creada y presidida por Soros.
