La organización belga Forbidden Colours, fundada por seis varones de la élite empresarial, ha publicado en su sitio web un informe titulado «The Hate Review», en el que identifica a la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas como «una figura clave del movimiento anti [identidad de] género transnacional». Forbidden Colours hace referencia a un artículo publicado en Geneva Solutions el 26 de junio de 2025, titulado «Una experta de la ONU quiere que los derechos de las mujeres giren en torno a la biología». O también: defender los derechos de las mujeres basados en el sexo es odio en la cabeza tortuosa de los misóginos transactivistas.
Traducimos íntegramente la Declaración de Reem Alsalem en respuesta a este ataque intolerable a la labor de una Relatora de Naciones Unidas.
Declaración de Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas
sobre «The Hate Review», de Forbidden Colours
La siguiente declaración responde al informe publicado por Forbidden Colours en septiembre de 2026, titulado «The Hate Review: How the Anti-Gender Movement Spread Across Europe, 2000–2025» («El informe sobre el odio: cómo se extendió el movimiento anti [identidad de] género por Europa, 2000–2025»). Se presenta en ejercicio del derecho de réplica previsto en el informe y se publica en el sitio web del mandato.
En septiembre de 2026, Forbidden Colours publicó en su sitio web un informe titulado «The Hate Review», un documento de 457 páginas que presentó en el Parlamento Europeo el 12 de octubre de 2026. El informe me identifica como «una figura clave del movimiento anti [identidad de] género transnacional». Las únicas pruebas que ofrece para respaldar esta acusación son que en 2025 me reuní con dos organizaciones noruegas de defensa de los derechos de las mujeres, con cuyas posiciones sobre cuestiones como los derechos de las mujeres y las niñas basados en el sexo y la autoidentificación de género Forbidden Colours discrepa, y un enlace a un artículo publicado en Geneva Solutions el 26 de junio de 2025, titulado «Una experta de la ONU quiere que los derechos de las mujeres giren en torno a la biología. Activistas advierten de que es retórica anti [identidad de] género», al que respondí mediante una declaración formal fechada el 21 de julio de 2025.
Rechazo categóricamente la idea de que el cumplimiento de mis obligaciones como experta independiente de las Naciones Unidas de entablar diálogo con todas las partes interesadas, con independencia de que esté de acuerdo o no con sus posiciones, pueda considerarse una prueba de pertenencia a un supuesto movimiento de «odio». Las relatoras y los relatores especiales, entre otros titulares de mandatos, son expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el mandato de desempeñar su labor de manera imparcial e independiente y de fundamentar sus análisis en el derecho internacional de los derechos humanos. Somos independientes de los Estados, las entidades de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil, y debemos tener libertad para relacionarnos con todos ellos. El Código de Conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales me exige basar mi trabajo en información procedente de fuentes fiables, y las organizaciones de la sociedad civil figuran entre las más importantes de esas fuentes. Me reúno con organizaciones de todo el espectro ideológico y de todas las regiones, en el marco de visitas a países, consultas temáticas y la preparación de mis informes y comunicaciones dirigidas a actores estatales y no estatales.
Este mes, el Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales, junto con varios titulares de mandatos, expresó su profunda preocupación por el creciente recurso a la denigración pública, por parte de Estados y otros actores, en lugar de un diálogo sustantivo sobre las conclusiones de expertos independientes. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ya había advertido de que incluso un desacuerdo intenso con nuestro trabajo exige «no menos, sino más debate y diálogo», principio que se aplica por igual a los actores estatales y no estatales, incluidas las Naciones Unidas y sus dirigentes.
Condeno en los términos más enérgicos el uso que hace el informe del lenguaje de la enfermedad para describir las opiniones que analiza y el apoyo creciente que reciben. Declara que toda Europa está ahora «contaminada» y habla de infección y de «descontaminación» del continente. Para tratarse de una publicación que pretende examinar el odio, «The Hate Review», de Forbidden Colours, muestra pocos reparos en presentar a mujeres, incluidas mujeres lesbianas y bisexuales, así como a madres y padres, personas creyentes y las organizaciones que las representan y que menciona por su nombre, como un contagio que debe eliminarse de la vida pública en nombre de la «democracia» y del «Estado de derecho». Ese lenguaje incendiario, que invita a la hostilidad y podría percibirse como incitación contra las personas y organizaciones señaladas, no tiene cabida en ningún debate sobre derechos humanos. Resulta aún más preocupante que el informe recibiera una plataforma de difusión en el Parlamento Europeo, corazón democrático de la Unión Europea, donde fue presentado.
Desde 2022, he abordado y conocido de primera mano los ataques, las represalias y los castigos que sufren las mujeres, las niñas y quienes las apoyan por defender la centralidad del sexo en los debates relativos a la dignidad y los derechos humanos de las mujeres y las niñas. He expresado reiteradamente mi profunda preocupación por el efecto disuasorio que ello tiene sobre ese debate y por la denigración, las amenazas y las campañas de desprestigio a las que se ha sometido a quienes reivindican su derecho a expresarse sobre estas cuestiones.
Utilizando una metodología cuyas calificaciones se basan, según el propio informe, en «un juicio cualitativo», el informe enumera por su nombre a estos actores bajo la etiqueta de «odio» y los expone a una hostilidad y un riesgo aún mayores. Sin embargo, no logrará silenciarlos ni disuadir a otras personas de expresarse, y mi mandato seguirá relacionándose con ellos —como hace con todas las partes interesadas— siempre que aporten información bien fundamentada, fiable, detallada y fáctica que sea pertinente para la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias. Insto a los Estados, las instituciones de la UE, las entidades de las Naciones Unidas, los medios de comunicación, los donantes y otras partes interesadas a hacer lo mismo y a no basarse en las clasificaciones de este informe al relacionarse con la sociedad civil o con los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales.
No puedo concluir sin señalar que el informe se refiere a los «denominados “derechos basados en el sexo”» de las mujeres, como si se tratara de una narrativa del movimiento «anti [identidad de] género» del que supuestamente soy una «figura clave». Deseo dejar constancia de que los derechos de las mujeres y las niñas a espacios reservados a un solo sexo, a una competición deportiva justa, a la integridad corporal y a la seguridad en las prisiones y los refugios no son «así llamados» derechos: están fundamentados en el derecho internacional, incluida, entre otros instrumentos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Como he afirmado reiteradamente, reconocer la centralidad del sexo en la configuración de las experiencias de las mujeres y las niñas no las encierra en un determinismo biológico, ni niega el concepto de «género», que décadas de elaboración de normas de derechos humanos de las Naciones Unidas han aclarado que se construye sobre el sexo y no lo borra. Cuando surgen tensiones entre derechos o intereses contrapuestos, el derecho internacional no impone en modo alguno la subordinación de los derechos de las mujeres y las niñas a otras consideraciones, incluida la «identidad de género».
Acojo favorablemente el examen crítico constructivo y basado en pruebas de mi trabajo, que constituye una parte esencial de la rendición de cuentas inherente a mi mandato. Asimismo, mantengo mi compromiso con un diálogo auténtico, respetuoso y de buena fe con Forbidden Colours y con cualquier Estado, organización u otra parte interesada pertinente que pueda discrepar de mis posiciones.
También me pondré en contacto con la Unión Europea en relación con el posible papel que sus instituciones hayan desempeñado en la financiación o facilitación de la elaboración y presentación de este informe.
Bruselas, 10 de noviembre de 2026
* La Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, como titular de un mandato de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, ejerce sus funciones a título personal, con independencia de cualquier gobierno u organización. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, las personas expertas ejercen sus funciones a título personal y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y las Naciones Unidas.
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NOTA: El Informe sobre el Odio de Forbidden Colours dedica un apartado a España en el que, ignorando que en nuestro país es el movimiento feminista el que ha hecho evidentes las colisiones de la autodeterminación del sexo registral con los derechos de las niñas y las mujeres, señala a la Iglesia y a la ultraderecha como actores principales de la crítica a las leyes identitarias. Según la organización transgenerista belga, España tiene un grado de «contaminación 3» (sobre un máximo de 4) |
