En una decisión que sienta precedentes, un país europeo ha otorgado oficialmente protección plena como refugiada a una activista brasileña por los derechos de las mujeres que enfrentaba 25 años de prisión en su país natal por llamar hombre a un político transgénero. Isabella Cêpa es la primera persona en ser reconocida como víctima de persecución del estado por su abierta oposición a la ideología de la identidad de género.
Como ya informó Reduxx, Cêpa fue objeto de investigación penal tras una publicación en redes sociales sobre Erika Hilton, un político que se identifica como mujer. Hilton fue elegido para el gobierno municipal de São Paulo en noviembre de 2020, obteniendo un escaño con un resultado que le otorgó el título de la “mujer” más votada de Brasil.
En el momento de su victoria, Hilton fue celebrado en los medios internacionales como un «triunfo simbólico» para las personas transgénero. Hilton se encontró entre los 10 candidatos más votados de todo Brasil y se le consideró la «única mujer» en figurar en la lista.
El anuncio generalizado de su victoria llegó a oídos de Cêpa.
«En ese momento ni siquiera sabía quién era. Solo vi un titular en una página de Instagram que celebraba que ‘la mujer más votada en São Paulo es una mujer trans'», declaró Cêpa a Reduxx durante una entrevista en 2022, relatando cómo comenzó su calvario. «Entonces, compartí un video con mis seguidores diciendo que me había decepcionado saber que la mujer más votada en São Paulo (y luego descubrí que era en todo el país) era un hombre».
Después Hilton denunció ante la policía a Cêpa, una activista feminista declarada, lo que dio lugar a una investigación criminal. En enero de 2022, las autoridades citaron a Cêpa a una comisaría para interrogarla. Fue entonces cuando se enteró de que Hilton había presentado una denuncia por sus comentarios en redes sociales.
Tras hablar con la policía, Cêpa no supo de los avances de su caso hasta junio de 2022, cuando un periodista de un importante periódico brasileño la contactó para solicitarle sus comentarios sobre un artículo sobre los cargos. Solo después de la publicación del artículo, Cêpa descubrió que se le imputaban cinco cargos de «racismo social». La acusación se deriva de una decisión de 2019 del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que dictaminó que la discriminación contra la comunidad LGBTQ+ constituía un delito penal y se amparaba en las protecciones raciales existentes como una forma de «racismo«.
Antes de presentar cargos, el Ministerio Público revisó las publicaciones de Cêpa en redes sociales para encontrar declaraciones adicionales que pudieran percibirse como «transfóbicas». Gracias al artículo, Cêpa descubrió que enfrentaba hasta 25 años de prisión por el supuesto «delito».
En julio de 2024, Cêpa fue detenida en el aeropuerto de Salvador de Bahía mientras intentaba viajar a España para visitar a una amiga. Agentes federales detectaron una alerta relacionada con su pasaporte y la apartaron para una inspección más exhaustiva. Durante la entrevista posterior, las autoridades determinaron que su situación podría cumplir los criterios de persecución política. En respuesta, contactaron a la aerolínea con la que había reservado y les ordenaron que no despegaran sin ella a bordo. Un oficial escoltó a Cêpa hasta el avión y le desaconsejó regresar a Brasil, lo que marcó el inicio de un período de apatridia. En junio de 2025, Cêpa solicitó formalmente el estatus de refugiada.
Reduxx ha confirmado que Cêpa ha obtenido con éxito el estatus de refugiada con la ayuda de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, lo que la convierte en la primera ciudadana brasileña en recibir esta designación por persecución de estado desde 1985. Reduxx mantiene en reserva el nombre del país de acogida para proteger la privacidad de Cêpa.
En declaraciones a Reduxx, MATRIA Brasil, organización defensora de los derechos de las mujeres, celebró la decisión, pero expresó su frustración con el gobierno brasileño.
“MATRIA ha estado siguiendo la persecución de Isabella Cêpa desde el principio. Juntas, agotamos todas las vías institucionales disponibles en Brasil, respetando siempre las leyes y la soberanía del país, incluyendo llevarla a una reunión con la entonces Ministra de la Mujer, Cida Gonçalves, para que pudiera presentar su caso en persona. La Ministra no mostró preocupación ni tomó ninguna medida para proteger a una mujer brasileña que enfrentaba persecución política. Ningún otro canal oficial ofreció apoyo”, declaró una representante de MATRIA.
A Cêpa no le quedó otra opción que recurrir a la última y más extrema medida: solicitar asilo político en el extranjero. MATRIA redactó una carta formal en apoyo de su solicitud, describiendo las amenazas que enfrentaba en Brasil. Por su seguridad, no disponemos de más detalles, pero podemos confirmar que ahora se encuentra a salvo en un país europeo.
MATRIA enfatizó la trascendencia del caso de Cêpa, señalando que es la primera vez que se reconoce que una persona enfrenta persecución por sus críticas a la ideología de la identidad de género.
“Cêpa es la primera persona brasileña desde el fin de la dictadura militar en recibir asilo político por persecución de estado, y la primera mujer del mundo en recibir este estatus por ser objeto de persecución por su disidencia con la ideología trans. Esta es una realidad que enfrentan muchas mujeres en todo el mundo. Es profundamente preocupante que en nuestro propio país, la democracia, la libertad de creencia y la libertad de expresión parezcan ya no tener vigencia. Muchas mujeres, no solo Isabella, están siendo acosadas y silenciadas simplemente por decir la verdad: que el sexo importa y que los hombres no pueden convertirse en mujeres por un acto de voluntad”.
La exitosa solicitud de asilo de Cêpa es la primera de su tipo y sentará un precedente para otras personas que enfrentan repercusiones legales y sociales por sus creencias críticas con la identidad de género. Ahora puede ser utilizada como caso de referencia por cualquier persona en el mundo que enfrente el mismo tipo de persecución.
Como ya informó Reduxx, varias personas brasileñas han enfrentado cargos penales por declaraciones o comentarios considerados «transfóbicos». A principios de este año, la activista por los derechos de las mujeres Karen Mizuno reveló que la policía le había notificado que podría enfrentar cargos penales tras burlarse de un transactivista que afirmó que «los arqueólogos son transfóbicos». Mizuno enfrenta hasta tres años de prisión.
En otro caso en curso, dos miembros del personal de la Universidad Federal de Paraíba se enfrentan a cargos penales por presuntamente «malgenerizar» a un estudiante transgénero.
Artículo original
