En la última década, académicas y académicos británicos han sido atacados, vilipendiados y marginados simplemente por afirmar que el sexo es real, binario y relevante. Entre ellos se encuentran Kathleen Stock, obligada a dimitir de la Universidad de Sussex tras una sostenida campaña de intimidación, y Michele Moore, abandonada por la Universidad South Bank de Londres y obligada a usar un anexo de las cocinas como despacho tras revelar los abusos de la Clínica Tavistock.
En un clima donde las personas tienen miedo de expresar sus opiniones o incluso de hacer preguntas, las universidades tienen la responsabilidad de actuar como bastiones del análisis crítico, donde prosperen el debate razonado y la búsqueda del conocimiento. No se trata solo de proteger a las personas, sino también la integridad de la investigación científica y el conocimiento.
En cambio, las universidades han institucionalizado, quizá sin darse cuenta, comportamientos que socavan la libertad de expresión y la investigación. Las políticas y redes de igualdad, diversidad e inclusión se han vuelto en contra de los grupos que se supone deben proteger, incluidas las mujeres y, en particular, las lesbianas.
El acoso que busca silenciar no ha sido abordado con firmeza por las universidades, que con demasiada frecuencia han negado la existencia del problema. Han creado procesos burocráticos excesivos que se han convertido en herramientas para los transactivistas que buscan reprimir las voces disidentes. Estos incluyen comités de ética que han desaconsejado la recopilación de datos sobre sexo y han bloqueado la investigación sobre personas detransicionadoras.
Mi informe, encargado por el gobierno, sobre las barreras a la investigación sobre sexo y género, cuenta las historias de académicas y académicos que han sufrido graves consecuencias personales. También cuenta las historias menos visibles de quienes se han visto obstaculizados por los procedimientos burocráticos o que se han mordido la lengua para evitar ser víctimas de la siguiente caza de brujas.
Sabemos que el impacto real de esta censura incluye el daño a personas vulnerables. En su revisión de 2024 sobre los servicios de género para niños y jóvenes, la Dra. Cass lamentó la falta de investigación de calidad sobre los efectos de los bloqueadores de la pubertad y otras intervenciones.
El sexo es una categoría fundamental en toda la investigación relacionada con los seres humanos, desde la biología hasta la sociología. Cuando ciertos hechos se convierten en innombrables, no solo se perjudica a las personas, sino que queda comprometida la integridad del conocimiento. Esto debilita la confianza pública en las universidades, la ciencia y la investigación, y en última instancia, socava nuestra democracia. En un momento en que la educación superior enfrenta graves dificultades financieras, mis recomendaciones brindan una oportunidad para que los rectores reduzcan la burocracia y promuevan la integridad de la investigación: una situación beneficiosa para todo el sector.
*Alice Sullivan es profesora de Sociología en University College London
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