La Ponencia constituida ayer, 30 de noviembre, para elaborar el dictamen a la ley trans es un nuevo episodio de fingimiento y simulación.
Que el PSOE se sume a la decisión de vetar la comparecencia de expertos y expertas de diferentes ramas profesionales es un gesto antidemocrático que pone de manifiesto el miedo del gobierno a que la sociedad española conozca las implicaciones ciertas de la aprobación de dicha ley.
La Ponencia constituida el 30 de noviembre para la elaboración del dictamen a la conocida como ley trans ventiló ayer en un tiempo record sus trabajos parlamentarios. Poco mas de dos horas fueron suficientes para debatir uno de los textos legislativos mas complejos en términos de conceptualización jurídica que se han presentado en esta legislatura.
Tenemos conocimiento de que no se debatieron las enmiendas presentadas ni hubo un análisis del texto que permitiese debatir las posiciones de los diferentes grupos que componen dicha Ponencia.
Esto pone de manifiesto que dicha Ponencia ha sido tan solo un nuevo episodio de fingimiento y simulación. Es decir, un paripé que se suma a las escenificaciones de los últimos días en torno a las insuficientes enmiendas presentadas por el PSOE, arrastrado por los anteriores pronunciamientos constitucionales en salvaguarda de la Ley de Violencia de genero de 2004 y la necesidad de que en menores exista persistencia en su incongruencia de género y madurez suficiente para iniciar tratamientos hormonales o quirúrgicos que suponen intervenciones irreversibles.
La atípica actuación de la Ponencia se suma a la ristra de imposiciones y anomalías democráticas que acompañan a esta Ley.
Es un gesto antidemocrático que pone de manifiesto el miedo del gobierno a que la sociedad española conozca las implicaciones ciertas de la aprobación de dicha ley que el PSOE se sume a la decisión de vetar la comparecencia de expertos y expertas de diferentes ramas profesionales, que arrojarían luz sobre los muchos problemas detectados en el texto normativo propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez y que va a generar graves consecuencias, entre otras: vulneración de derechos, riesgos para la salud de los menores, exposición de estos al adoctrinamiento educativo, riesgos para la justa representación de las mujeres, falsificación estadística generalizada en materia de discriminación entre sexos, etc,
Uno vez más, el trámite parlamentario sube un peldaño en el desprecio a los más elementales usos democráticos tras haber comenzó su tramitación por vía de injustificada urgencia y una irresponsable delegación de competencia plena a la Comisión de Igualdad en su intento de hurtar incluso el debate parlamentario.
Estamos ante un texto normativo que ha generado alarma social y sobre cuyo redactado recaen alertas de tipo técnico, de inconstitucionalidad y de consecuencias indeseadas para los derechos de las mujeres y la infancia. Lo vienen denunciando, con argumentos exhaustivos, las organizaciones de mujeres, las familias alarmadas por la exposición de sus hijas e hijos a doctrinas delirantes que los conducen a la medicación. Lo han denunciado colegios y organizaciones profesionales vinculados a la medicina, la salud, la educación o la abogacía, como, entre otras, Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y Organización Médica Colegial de España, Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, Colegio Oficial de Psicología de Catalunya, Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, Asociación Española de Pediatría, Colegio Oficial de Psicología de Catalunya…
El desprecio a la razón, a la seguridad jurídica y a la responsabilidad que son exigibles a quien legisla nos conducen a una deriva de nefastas consecuencias ya conocidas en otros países.
Apelamos a la responsabilidad del presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE a escuchar a las organizaciones de mujeres, de enseñantes, de profesionales de la salud, a las familias.
Resulta un desprecio a los ciudadanos y al proceso democrático trampear y retorcer el reglamento del Congreso para evitar la trasparencia que reclama una ley de tanto impacto social como permitir que cualquier ciudadano pueda modificar los apuntes registrales sin justificación que avalen esa necesidad.
Instamos a los partidos políticos de la Cámara a no dar su apoyo a la norma en los términos en que está redactada, a rechazar la autodeterminación del sexo registral y a defender las reformas que hemos sugerido a través de las 24 enmiendas presentadas el mes pasado por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres y que adjuntamos en este enlace con su motivación detallada.
Alianza Contra el Borrado de las Mujeres
1 de diciembre de 2022.
