El anuncio por parte del gobierno británico de la puesta en marcha de un ensayo clínico centrado en los bloqueadores de la pubertad ha despertado voces de alarma. Entre otras, la de David Bell, psiquiatra, exjefe de personal de la clínica de género Tavistock, expresidente de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, y uno de los denunciantes de las prácticas del ahora clausurado Servicio de Desarrollo de la Identidad de Género. En opinión de Bell, la prescripción de bloqueadores de la pubertad en el contexto de un ensayo introduciría un riesgo conocido de daño físico sistémico para un menor físicamente sano.
Pocas cuestiones en la medicina contemporánea han generado tanta controversia como el uso de bloqueadores de la pubertad en menores con problemas de género. El Gobierno, en respuesta a las conclusiones de la Revisión Cass, ha prohibido con razón la prescripción de estos medicamentos. Muchos otros países también lo han hecho.
Sin embargo, la semana pasada el Gobierno anunció un ensayo clínico de 11 millones de libras de estos medicamentos para reunir evidencia de sus efectos. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿puede realizarse éticamente un ensayo clínico de bloqueadores de la pubertad en menores con problemas de género? La respuesta, tras un análisis minucioso, es un rotundo «no».
He sido testigo de primera mano de los graves peligros que plantea la prisa por medicalizar la angustia de género infantil. Como ex psiquiatra del Tavistock and Portman NHS Trust, fui uno de los denunciantes que plantearon inquietudes sobre las prácticas del ahora clausurado Servicio de Desarrollo de la Identidad de Género (Gids). Lo que descubrimos fue un servicio impulsado más por la ideología que por un razonamiento clínico sólido.
Muchos menores angustiados, a menudo atraídos por el mismo sexo y con comorbilidades autistas, fueron puestos en una vía médica para la transición por algunos médicos que se habían dejado atrapar por la ideología «trans» y, como resultado, dejaron de lado el juicio clínico ordinario y sensato. Un ensayo clínico corre el riesgo de repetir estos fracasos éticos.
Estos ensayos se rigen por rigurosos estándares éticos y legales, diseñados para proteger a los participantes de cualquier daño. La base de estos estándares es la Declaración de Helsinki, junto con las directrices de Buenas Prácticas Clínicas y las Regulaciones de Medicamentos para Uso Humano (Ensayos Clínicos) del Reino Unido. Estos marcos existen para garantizar que los beneficios de cualquier nueva intervención médica superen los riesgos.
La revisión Cass ha dejado claro que la base de evidencia sobre la seguridad y eficacia de los bloqueadores de la pubertad es extraordinariamente débil y que sus riesgos son significativos. Los estudios existentes sugieren serias preocupaciones, incluyendo impactos negativos sobre la densidad ósea, el desarrollo cognitivo y la función sexual futura. Además, más del 95 por ciento de las y los menores que comienzan con un tratamiento médico pasarán a recibir hormonas sexuales cruzadas y muchos a una intervención quirúrgica. Por lo tanto, iniciar a cualquier menor con bloqueadores de la pubertad conlleva ese conocimiento y, por supuesto, las implicaciones éticas de ese conocimiento.
Para ser claros, la prescripción de bloqueadores de la pubertad en el contexto de un ensayo introduciría, en efecto, un riesgo conocido de daño físico sistémico para un menor físicamente sano. Para decirlo suavemente, esto es una divergencia de la práctica normal de los ensayos clínicos.
Uno de los principios básicos de la investigación médica es que un ensayo clínico debe tratar de responder a una pregunta que no se puede resolver por otros medios. Sin embargo, en el caso de los bloqueadores de la pubertad, siguen sin explorarse vías de investigación más seguras. Deberíamos realizar estudios de seguimiento sólidos y a largo plazo de quienes ya se han sometido a ese tratamiento, investigaciones cualitativas sobre las experiencias de un número cada vez mayor de personas que han dejado de serlo y más estudios en animales para comprender el impacto biológico de estos medicamentos en el desarrollo cerebral de los adolescentes.
Otra preocupación ética importante es la cuestión del consentimiento informado. Los niños y niñas menores de 16 años no pueden legalmente dar su consentimiento informado para un ensayo clínico de un medicamento en investigación, lo que significa que se requeriría el consentimiento de los progenitores. Sin embargo, dado el entorno politizado que rodea a la identidad de género, es difícil ver cómo se puede obtener un verdadero consentimiento informado.
Por ejemplo, los padres y madres, sujetos a las narrativas de los transactivistas que afirman que la negativa a proporcionar bloqueadores de la pubertad aumenta el riesgo de suicidio de su hijo o hija, no estarán en condiciones de tomar una decisión libre y sin coerción.
El argumento de que los bloqueadores de la pubertad previenen el suicidio no tiene ningún fundamento. Por ejemplo, un estudio finlandés reciente no encontró ninguna diferencia significativa en las tasas de suicidio entre jóvenes diagnosticados con disforia de género cuando se ajustan a las comorbilidades de salud mental. En el Reino Unido, el profesor Louis Appleby, la principal autoridad en materia de prevención del suicidio, ha pedido cautela en el uso de afirmaciones falsas sobre el riesgo de suicidio en este grupo. El consentimiento informado no tiene sentido cuando se obtiene en condiciones de desinformación y miedo.
Hay momentos en la historia médica en los que el imperativo de “hacer una pausa y reflexionar” debe prevalecer sobre el impulso de seguir adelante. Ahora es uno de esos momentos. Dada la ausencia de un perfil de seguridad establecido, la falta de evidencia de alta calidad que respalde su eficacia y los riesgos bien documentados, cualquier ensayo de este tipo violaría nuestros marcos éticos y regulatorios.
La comunidad médica, los políticos y los reguladores deben poner punto final a este escandaloso episodio de la historia médica. En lugar de experimentar con menores confundidos con intervenciones médicas que hacen más daño que bien, deberíamos dedicar nuestros recursos a comprender y abordar las causas profundas de la angustia de género, investigar tratamientos psicosociales y hacer un seguimiento de los 9.000 menores que pasaron por el GIDs. No repitamos los errores del pasado.
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