Por Athena Forum.
Las tensiones en torno al significado de «género» en los documentos oficiales y los planes de financiación ya han provocado protestas en la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que comenzó hace unos días en Belém, Brasil. La disputa de fondo es sobre si se mantienen las categorías mujer y hombre o si las identidades autodeclaradas ocupan su lugar.
El debate se presenta como un choque entre «defensores progresistas de los derechos del género», entre los que se incluyen varios gobiernos occidentales, y un bloque de gobiernos «conservadores de línea dura» acusados de intentar retroceder en el tiempo.
Pero tras las etiquetas subyace una disputa más fundamental: varios Estados quieren que los textos climáticos de la ONU mantengan las categorías de hombre y mujer, mientras que organismos de la ONU y ONG presionan para ampliar el concepto de «género» e incluir una variedad de identidades autodeclaradas.
Lo que se presenta como un ataque a los derechos de las mujeres es, en realidad, una batalla sobre si las políticas climáticas y la financiación deben basarse en un análisis de cómo hombres y mujeres acceden a los recursos, la información y los procesos de toma de decisiones —factores de los que dependen la vulnerabilidad y la asignación de recursos— o si deben reformularse en torno a las «identidades de género».
Esta lucha permite comprender las presiones más amplias que están transformando el sector del desarrollo internacional, donde la conformidad ideológica en torno a la «identidad de género» se considera cada vez más un requisito previo para trabajar en nombre de las mujeres.
Desde organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGs) que presentan el binarismo sexual como un producto del colonialismo y la supremacía blanca, hasta donantes que financian iniciativas que socavan los derechos basados en el sexo en la ley, los marcos de «identidad de género» han capturado durante mucho tiempo el sector del desarrollo internacional. Pero, ¿hasta qué punto puede esto reemplazar los marcos fundamentales de derechos humanos por los que lucharon las generaciones anteriores antes de que el sector pierda por completo su credibilidad?
Desde que los [transgeneristas] Principios de Yogyakarta introdujeron el concepto de “identidad de género”, las ONG internacionales, las ONG locales, los organismos multilaterales, los donantes y muchas organizaciones mundiales de derechos de las mujeres —originalmente creadas para proteger y promover los derechos de las mujeres en el Sur Global— han incorporado esta nueva categoría a sus misiones, investigaciones, estrategias, políticas, convocatorias de propuestas, programas, descripciones de puestos y términos de referencia de consultoría.
En quince años, las organizaciones internacionales de desarrollo se han alejado de la CEDAW y la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptando en su lugar los Principios de Yogyakarta [de corte transgenerista] y la idea de que el sexo no es una realidad material.
Activistas han integrado en las políticas organizacionales una definición de feminismo que considera mujer a cualquier persona que se identifique como tal. Las organizaciones internacionales de desarrollo han confundido cada vez más sexo, género e «identidad de género» en su programación, recopilación de datos y análisis de contexto, generando confusión y debilitando la rendición de cuentas ante las comunidades a las que dicen servir.
Tomemos como ejemplo a AWID (Asociación para los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo). Fundada en la década de 1980, su trabajo inicial se centró en la participación de las mujeres en el desarrollo. En las décadas de 1990 y 2000, AWID amplió su agenda a los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, a mediados de la década de 2010, comenzó a adoptar normas de «identidad de género», cambiando su enfoque de los derechos de las mujeres a la “justicia de género” y redefiniendo su base de apoyo, pasando de mujeres y niñas a “todas las personas afectadas por la opresión patriarcal y sistémica”.
En última instancia, la transformación de AWID, de una organización de mujeres en el desarrollo a una organización centrada en la «identidad de género», refleja un cambio más amplio en la defensa global de los derechos humanos y el desarrollo. Mientras las organizaciones de derechos de las mujeres siguen luchando por obtener financiación —cada vez más en los últimos años—, el propio informe de AWID, “¿Dónde está el dinero? Un llamamiento a financiar la organización feminista basado en la evidencia”, que cabría suponer que tenía como objetivo hacer un seguimiento de la financiación de los grupos de derechos de las mujeres, en realidad analizó a “organizaciones feministas, de derechos de las mujeres, LBTQI+ y aliadas”, denominadas colectivamente como “organizaciones feministas y de derechos de las mujeres”.
Esta falta de claridad en la terminología, la investigación y las agrupaciones —que a menudo incluyen grupos con agendas contrapuestas— ha contribuido en última instancia al retroceso de los derechos de las mujeres, tal como se articulan en la CEDAW, ratificada por 189 países.
AWID apoya la autoidentificación y, en 2023, publicó una carta titulada «No hay lugar para las agendas antitrans en la ONU» con el fin de desacreditar a Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, por defender el derecho de las mujeres y las niñas a espacios exclusivos para mujeres, cuando estos son esenciales para su seguridad, privacidad y dignidad. La declaración de AWID transmitía la idea de que la defensa «feminista» debe incluir a hombres que se identifican como mujeres y que las mujeres y las niñas no tienen derecho a establecer límites.
Ahora también contamos con hombres “aliados” que colaboran como socios en el sector del desarrollo internacional, como Equimundo (antes Promundo), el Centro para las Masculinidades y la Justicia Social. Equimundo, cuyo propósito declarado es desafiar las normas sociales que perpetúan la violencia contra las mujeres y las niñas, incluye entre sus principios fundamentales que «el patriarcado crea y mantiene desigualdades de poder colectivas entre los hombres y las mujeres (incluidas las mujeres cis y trans), así como para las personas no conformes con el género».
Si bien la eliminación del sexo en las leyes y políticas es en gran medida un proyecto de élite —impulsado por la financiación corporativa e implantado en las normas culturales—, los contribuyentes también están pagando la factura a través de la financiación institucional, incluida la de la UE, el mayor donante institucional del mundo. Durante la última década, la UE se ha posicionado como una de las principales defensoras mundiales de la «identidad de género», un legado de los Principios de Yogyakarta, que la UE ha adoptado a pesar de su carácter no vinculante y sus inconsistencias con la legislación de la UE sobre la igualdad entre hombres y mujeres.
Los esfuerzos de la UE por promover marcos de»identidad de género» se apoyan en la financiación del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), la Agenda de Diversidad e Inclusión del SEAE y el Plan de Acción para la Igualdad de Género III (GAP III). Además, la adopción de doctrinas de «identidad de género» por parte de los principales donantes y agencias se ha producido sin un debate real sobre las implicaciones para los derechos de las mujeres, la cultura y el contexto locales, la protección infantil o los derechos de las personas LGB, temas ya de por sí muy delicados en muchas regiones del Sur Global.
Sobre el terreno, las organizaciones de mujeres que llevan mucho tiempo trabajando para reducir la mortalidad infantil y materna y prevenir la violencia contra mujeres, niños y niñas sufren ahora las graves consecuencias de los recortes presupuestarios, agravadas por los excesos de la justicia social crítica y las creencias privilegiadas de una clase social que nunca afronta las consecuencias de sus propias decisiones.
Las organizaciones internacionales de desarrollo están ahora integradas mayoritariamente por personas que o bien promueven la «identidad de género» o bien guardan silencio por miedo a perder su trabajo. Esto se acentúa en un contexto de recortes presupuestarios estructurales y creciente incertidumbre en el sector. Por supuesto, existen excepciones: personas íntegras y con valentía política que siguen defendiendo los derechos basados en el sexo y los valores democráticos a pesar de la presión para consentir. Sin embargo, muchas organizaciones operan ahora en dos niveles contradictorios, respaldando marcos políticos contradictorios (Yogyakarta y CEDAW) que, en última instancia, socavan su misión y credibilidad.
Es hora de que quienes trabajan en el sector —y los contribuyentes— exijan cuentas a donantes como la UE. Los activistas que promueven la «identidad de género» ya no pueden escudarse en la retórica. Si bien les ha resultado conveniente desviar las críticas señalando al movimiento «antigénero» o la retórica de grupos ultraconservadores que se oponen a la autodeterminación de género, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y que culpan al feminismo y a los derechos LGTBI del deterioro de la sociedad, cada vez se comprende más que la defensa de los derechos basados en el sexo no tiene nada que ver con esta reacción negativa. Se trata, más bien, del esfuerzo de ciudadanas y ciudadanos comunes de todos los ámbitos de la vida que se unen para proteger los derechos de todas las personas, la libertad de expresión y la formulación de políticas basadas en la evidencia.
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