El Comité Olímpico Internacional ha sido demandado por permitir que Imane Khelif y Lin Yu-ting boxearan contra mujeres en París 2024. Khelif y Yu-ting ganaron medallas de oro en los Juegos Olímpicos del verano pasado a pesar de su descalificación del Campeonato Mundial de 2023 por no superar las pruebas de elegibilidad de género.
Ahora, la Asociación Internacional de Boxeo (AIB), el organismo dirigido por Rusia que administró las disputadas pruebas de 2023, ha iniciado acciones legales contra el COI.
Citando la reciente orden ejecutiva del presidente Trump que prohíbe a las mujeres transgénero participar en los deportes femeninos en los EE. UU., la IBA dijo que estaban presentando quejas a los fiscales generales de Suiza, Francia y los EE. UU. «con respecto a las acciones del COI que facilitaron la participación de atletas no elegibles».
La IBA afirma que, según la ley suiza, «cualquier acción o inacción que represente un riesgo para la seguridad de los participantes en la competencia justifica una investigación y puede servir como base para un procesamiento penal».
La organización también ha ofrecido apoyo financiero a las boxeadoras de París 2024 que deseen emprender acciones legales[…]
La IBA brindará apoyo legal integral gratuito a las boxeadoras en estas demandas, «ya que se trata de una clara violación de los derechos humanos, un ultraje hacia las boxeadoras y simplemente un crimen que debe ser castigado como corresponde».
“En mi opinión personal, (el presidente del COI) Thomas Bach debería asumir toda la responsabilidad por esto, ya que él estaba a cargo cuando sucedió, y debe compensar los daños causados, si el tribunal o cualquier otra instancia así lo decide”, señala el presidente de Ia IBA, Umar Kremlev
El COI despojó a la IBA de su condición de organismo rector mundial del deporte en 2023, citando preocupaciones sobre su ética y finanzas.
Esto significó que el torneo de boxeo en los Juegos Olímpicos del verano pasado estuvo organizado por el COI, que permitió que Khelif y Yu-ting compitieran en París, alegando que la IBA no había presentado ninguna evidencia de que hubieran fallado en las pruebas de elegibilidad de sexo.
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