Tras la publicación del Informe Cass, una de las preguntas más incómodas a las que se enfrenta el sector benéfico infantil británico es la siguiente: ¿cómo es que las organizaciones benéficas infantiles más grandes y respetadas de Reino Unido se convirtieron en promotoras activas de un modelo de atención que, según posteriores revisiones sistemáticas de la evidencia, se basaba en fundamentos débiles, evaluaciones inadecuadas y graves riesgos para el desarrollo de la infancia?
Organizaciones cuyo propósito fundamental es proteger a la infancia vulnerable, entre ellas la la Sociedad Nacional para la Prevención del Maltrato Infantil NSPCC, Barnardo’s, la Children’s Society, Action for Children, Coram y Cafcass, no se limitaron a guardar silencio. Emitieron declaraciones conjuntas, elaboraron materiales de formación y ejercieron presión para adoptar sin fisuras el enfoque “afirmativo del género”, que priorizaba la afirmación y el acceso a vías médicas por encima del tipo de evaluación integral y exploratoria que el Informe Cass pedía en última instancia.
El activismo conjunto que precedió al ajuste de cuentas
En octubre de 2020, durante el caso Bell contra Tavistock ante el Tribunal Superior, en el que se cuestionaba la prescripción de bloqueadores de la pubertad a menores de dieciséis años, estas cuatro organizaciones emitieron una declaración conjunta: «Como organizaciones benéficas dedicadas a la infancia, creemos, apoyamos y nos solidarizamos con todos los niños, niñas, niñes y jóvenes que son trans, no binaries, no conformes con su género o que están explorando su identidad de género. En materia de tratamiento sanitario, todos, todas y todes tienen derecho a que se les escuche de forma independiente y a que se tomen en serio sus deseos, incluidos quienes se identifican como trans y que puedan estar recibiendo terapia hormonal».
No se trataba de un lenguaje cauteloso de protección. Enmarcaba la intervención médica como algo alineado con los derechos de la infancia y presentaba el hecho de escucharla como equivalente a afirmar una identidad transgénero fija. La declaración se emitió mientras el Tribunal Superior examinaba precisamente la cuestión de si los menores de dieciséis años podían dar su consentimiento informado a una intervención médica cuyas consecuencias a largo plazo no comprendían del todo. Las organizaciones benéficas no abordaron esa cuestión. Respondieron a ella de forma implícita.
En diciembre de 2023, mientras el Gobierno del Reino Unido preparaba un borrador de directrices para las escuelas en el que se instaba a la cautela en materia de transición social, participación de los progenitores e influencia de los compañeros, los directores ejecutivos de Barnardo’s, la Sociedad Nacional para la Prevención del Maltrato Infantil NSPCC y la Children’s Society emitieron otra declaración conjunta. Criticaron la falta de participación directa de los y las niñas, insistieron en que su bienestar y seguridad son siempre una consideración primordial, y se comprometieron a presionar para conseguir mayores protecciones para quienes cuestionan su «identidad de género».
Incluso tras el informe final de la Dra. Cass en abril de 2024, que consideraba que la evidencia a favor de los bloqueadores de la pubertad era notablemente débil, destacaba la exploración inadecuada de comorbilidades como el autismo, el trauma y los trastornos de salud mental, documentaba el drástico cambio hacia las chicas adolescentes y criticaba la mala calidad de la evaluación en el servicio de atención a la identidad de género (GIDS, por su sigla inglesa) de Tavistock, la respuesta de estas organizaciones benéficas siguió formulándose en un lenguaje proafirmación. Barnardo’s acogió con satisfacción las recomendaciones de servicios integrales, al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de colaborar estrechamente con los niños y niñas y centrarse en sus experiencias.
El desajuste demográfico y clínico
Esta campaña activista se llevó a cabo a través de la fractura demográfica descrita en análisis anteriores. El movimiento transgénero adulto que acuñó el lenguaje y estableció las prioridades políticas del modelo afirmativo surgió en gran medida de la mano de hombres con un inicio tardío del supuesto malestar de género.
La cohorte pediátrica que se expandió drásticamente a lo largo de la década de 2010 estaba, y sigue estando, compuesta abrumadoramente por adolescentes de sexo femenino con altas tasas de trastornos comórbidos, como autismo, traumas, depresión, ansiedad, además de la estudiada atracción hacia el mismo sexo.
Los materiales y las declaraciones de las organizaciones benéficas trataban a estas adolescentes angustiadas como si compartieran el mismo perfil, las mismas necesidades y la misma capacidad de toma de decisiones que los adultos que habían reflexionado sobre su situación durante muchos años. Las directrices de la Sociedad Nacional para la Prevención del Maltrato Infantil (NSPCC, por su sigla inglesa) sobre la protección de la infancia orientaban a los profesionales hacia un lenguaje inclusivo, el uso de pronombres y entornos que afirmaran la experiencia vivida, al tiempo que atribuían la angustia principalmente al rechazo externo en lugar de investigar a fondo los factores de salud mental subyacentes.
Este enfoque importó argumentos de autonomía adulta a una población infantil que, tal y como establecen Piaget y Kohlberg, aún no está lo suficientemente desarrollada como para sopesar las consecuencias a largo plazo con las herramientas cognitivas que dichas consecuencias requieren. Minimizó las altas tasas de desistimiento observadas en cohortes previas a la afirmación y la evidencia de que la transición social temprana puede afianzar la identidad y reducir la resolución natural de la angustia que predice la literatura sobre el desarrollo y confirman los datos longitudinales.
Un fracaso institucional del deber de protección
La misión de las organizaciones benéficas infantiles consiste en aplicar los más altos estándares de protección basada en la evidencia a los y las más vulnerables. El historial en este ámbito no refleja ese criterio. Estas organizaciones contribuyeron a normalizar el súbito paso de la afirmación social a las vías médicas sin exigir el riguroso diagnóstico diferencial que faltaba, según se constató posteriormente en el Informe Cass. Amplificaron un modelo que asume el riesgo de medicalizar a personas jóvenes atraídas por su mismo sexo que, en generaciones anteriores, en su mayoría superaban el “distrés de género” y pasaban a identificarse como gais o lesbianas.
Y así, contribuyeron a crear un clima en el que a los médicos que planteaban preocupaciones legítimas sobre la inversión de la proporción de sexos, la prevalencia de comorbilidades o la debilidad de la base empírica se les tachaba de carecer de compasión, cuando no hacían más que ejercer su criterio profesional.
El resultado no fue la protección. Fue la sustitución por la afirmación como posición institucional predeterminada en lugar del escrutinio del desarrollo que la situación requería. A una población en moratoria de identidad eriksoniana -la etapa misma en la que la incertidumbre es normal desde el punto de vista del desarrollo y la exclusión prematura conlleva el mayor coste- se le ofreció la certeza como respuesta estándar.
Cómo sucedió
El mecanismo no es difícil de reconstruir. Las organizaciones con vocación de incidencia que promovían el modelo de “afirmación de género” colaboraron sistemáticamente con organismos profesionales y benéficos, ofreciendo formación, materiales de orientación y marcos para comprender la “angustia de género” en la infancia. El marco era el de la igualdad, la inclusión y la protección de una minoría vulnerable. Las organizaciones cuya cultura institucional las predisponía a responder a las denuncias de marginación se mostraron receptivas. La pregunta fundamental -si el modelo clínico que se promovía estaba respaldado por pruebas adecuadas y era coherente con las necesidades de desarrollo de los niños y niñas a quienes pretendía atender- no se planteó con el rigor que se requería.
El marco ecológico de Bronfenbrenner resulta instructivo en este sentido. La adopción del modelo afirmativo por parte de las organizaciones benéficas infantiles no se produjo de forma aislada, sino como parte de un cambio simultáneo en múltiples niveles institucionales, incluidos los organismos clínicos, las autoridades educativas, los departamentos gubernamentales y el sector del voluntariado, y cuya adopción por parte de cada uno de ellos reforzó la de los demás.
En ese entorno, una organización que planteara cuestiones sustantivas sobre la base empírica corría el riesgo de ser tachada de hostil hacia un grupo vulnerable. Los incentivos institucionales se inclinaban claramente hacia el respaldo y en contra del escrutinio. Esta no es una dinámica nueva en la historia del bienestar infantil. Las culturas institucionales orientadas a la protección de las personas vulnerables pueden verse capturadas por marcos que se presentan en el lenguaje de la protección mientras sirven a otros intereses.
La historia de la atención residencial, de la práctica de la adopción y de las respuestas al abuso sexual infantil contiene ejemplos de organismos profesionales y benéficos cuyo compromiso con el bienestar infantil era auténtico, pero cuyos marcos institucionales los llevaron, durante ciertos periodos, por caminos que no beneficiaban a los niños y niñas a quienes pretendían proteger.
El ajuste de cuentas y el camino a seguir
El Informe Cass, los cambios de política escandinavos y la revisión sistemática del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por su sigla inglesa) han permitido ahora obtener una visión más clara: la base empírica para la medicalización rutinaria de la infancia con “malestares de género” nunca fue lo suficientemente sólida como para justificar la magnitud de la intervención que se llevó a cabo. El Servicio Nacional de Salud (NHS) de Inglaterra ha restringido la prescripción de bloqueadores de la pubertad y ha cerrado el modelo Tavistock. Sin embargo, las principales organizaciones benéficas infantiles han dado pocas muestras públicas de haber llevado a cabo revisiones internas, rectificaciones sustanciales o programas de formación actualizados que incorporen plenamente estas conclusiones.
La verdadera protección requiere separar las necesidades y derechos legítimos de la adultez de las realidades de desarrollo específicas de la infancia. Exige dar prioridad a la evaluación integral de la salud mental, la exploración de comorbilidades y la cautela en torno a las intervenciones con resultados a largo plazo inciertos, especialmente para la cohorte de adolescentes de sexo femenino que ahora domina las derivaciones. Las principales organizaciones benéficas infantiles de Gran Bretaña no superaron esta prueba. No protegieron a los y las vulnerables. Ayudaron a afianzar un modelo que expuso a menores vulnerables a riesgos innecesarios.
Restablecer la confianza exige algo más que un ajuste gradual. Requiere un balance institucional honesto: una rendición de cuentas pública de las directrices emitidas, la formación impartida y el entorno clínico que esas actividades ayudaron a crear. Se le debe esa rendición de cuentas a los profesionales que fueron mal orientados y a los y las niñas que pasaron por los sistemas supervisados por esos profesionales. Proporcionarla, de forma tardía pero con seriedad, es lo mínimo que exige ahora un compromiso genuino con el bienestar infantil.
Lecturas recomendadas
El Informe Cass (2024) es el punto de partida esencial y está disponible en su totalidad en cass.independent-review.org
En cuanto al mecanismo de adopción institucional, la obra de Robert Cialdini, Influence (1984), ofrece una explicación fundamental de cómo las organizaciones llegan a respaldar posiciones sin un escrutinio independiente adecuado. Gender Dysphoria: A Therapeutic Model for Working with Children, Adolescents and Young Adults (2021), de Marcus Evans, escrito por un antiguo consultor de Tavistock, documenta las preocupaciones clínicas internas que los organismos benéficos y profesionales no abordaron. Para conocer la historia completa de cómo las instituciones de bienestar infantil han fallado por sistema a la infancia a la que se suponía que debían proteger, The Politics of Child Protection (1985), de Nigel Parton, sigue siendo el relato crítico de referencia.
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