Un informe publicado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos afirma que médicos y hospitales de todo el país prescribieron bloqueadores de la pubertad usando códigos fraudulentos que no reflejaban las afecciones subyacentes de los pacientes con el fin de obtener cobertura de los seguros. Las intervenciones en cientos de pacientes de entre 13 y 17 años se facturaron con el código correspondiente al diagnóstico de pubertad precoz para enmascarar los llamados «tratamientos de afirmación de género».
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) ha publicado hoy, 13 de agosto, el informe «Lobos con batas blancas: Cómo médicos y hospitales impulsaron y se beneficiaron del fraude de la “medicina de (identidad de) género”», un informe encargado que examina las malas prácticas de codificación de seguros, los incentivos financieros perversos y la provisión de intervenciones para menores con malestares de género.
Basándose en las directrices de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), las investigaciones del Departamento de Justicia (DOJ), la literatura científica revisada por pares, los registros hospitalarios, los testimonios de denunciantes, los análisis de reclamaciones de seguros a nivel nacional y las entrevistas con pacientes y padres, el informe presenta las conclusiones y recomendaciones del HHS sobre la industria que impulsa y se beneficia de la llamada “medicina de (la identidad de) género”. También se ha publicado junto con el informe un breve documental que ilustra las conclusiones del mismo y destaca las historias de las víctimas de prácticas médicas depredadoras basadas en (la identidad de) género.
Según el informe, más de 225 hospitales y sistemas de salud establecieron programas pediátricos de (identidad de) género en todo el país. El informe también analiza datos de reclamaciones a nivel nacional desde 2015 hasta 2025 e identifica aproximadamente 50 millones de dólares en reclamaciones de seguros por bloqueadores de la pubertad facturados con el código de diagnóstico de trastorno endocrino E34.9 (Trastorno endocrino no especificado). Además, informa que casi 11 millones de dólares en reclamaciones para pacientes de entre 13 y 17 años se facturaron con el código de diagnóstico de pubertad precoz E301; hallazgos que, según el informe, justifican una revisión adicional de las prácticas de codificación de los seguros.
… El informe recomienda que los organismos federales y estatales revisen las prácticas de codificación y facturación, refuercen la supervisión de las reclamaciones presentadas a los programas de salud pública y remitan las actividades de facturación sospechosas para su investigación pertinente cuando proceda.
… El análisis de reclamaciones del informe se basa en datos nacionales de facturación de seguros y revisa las directrices federales de codificación médica para examinar los patrones de facturación relacionados con los bloqueadores de la pubertad recetados a menores. El informe recomienda una supervisión continua de las prácticas de codificación de seguros y una revisión adecuada de la actividad de facturación que pueda justificar una investigación más exhaustiva conforme a las autoridades federales y estatales aplicables.
«Lobos con batas blancas: Cómo médicos y hospitales impulsaron y se beneficiaron del fraude de la “medicina de (identidad de) género”» Resumen ejecutivo
Durante la década de 2010, los incentivos económicos contribuyeron a la rápida expansión de las clínicas y programas pediátricos de «identidad de género» al crear oportunidades de ingresos a largo plazo para estos establecimientos médicos. A diferencia de la mayoría de los servicios pediátricos tradicionales, que implican una atención puntual o de corta duración, las niñas y los niños que reciben bloqueadores de la pubertad, hormonas del sexo opuesto, intervenciones quirúrgicas y servicios relacionados pueden necesitar visitas recurrentes a endocrinología, controles de laboratorio, medicamentos con receta, servicios de salud mental, procedimientos quirúrgicos y atención de seguimiento que se prolongue hasta la edad adulta. Este campo de la medicina pediátrica crea, en la práctica, «pacientes cautivos».
Los datos de reclamaciones y costes correspondientes al conjunto de pagadores indican que, desde 2019, se han facturado cerca de 120 millones de dólares por intervenciones relacionadas con el rechazo del propio sexo realizados a menores. Estas facturaciones incluyen más de 5.500 procedimientos quirúrgicos y 8.500 tratamientos con hormonas o bloqueadores de la pubertad. El análisis concluye que estas intervenciones continuadas han creado poblaciones de pacientes económicamente valiosas para los hospitales y las especialidades médicas asociadas.
La terapia hormonal con hormonas del sexo opuesto supone unos costes medios anuales por paciente para los pagadores que oscilan entre 545 dólares (andrógenos), 735 dólares (estrógenos) y 16.385 dólares (en el caso de la GnRH, el bloqueador de la pubertad de mayor coste).
Las intervenciones quirúrgicas, como las mastectomías, mamoplastias y faloplastias, pueden costar desde 12.000 dólares hasta más de 130.000 dólares.
Codificación médica potencialmente fraudulenta
Un análisis de los datos sugiere que algunos proveedores podrían haber utilizado códigos de diagnóstico que no reflejaban con exactitud las afecciones subyacentes de los pacientes con el fin de obtener cobertura de los seguros para procedimientos de rechazo del propio sexo, especialmente mediante el código E34.9 de la CIE-10 («trastorno endocrino, no especificado») y los códigos de la CIE-10 correspondientes a la «pubertad precoz» central.
- Entre 2015 y 2025, se facturaron a seguros públicos y privados cerca de 50 millones de dólares por fármacos bloqueadores de la pubertad administrados a pacientes de entre 9 y 17 años con diagnósticos de trastornos endocrinos (excluyendo la pubertad precoz, que constituye la indicación habitual de los bloqueadores de la pubertad).
- Durante ese mismo periodo, se facturaron cerca de 11 millones de dólares por bloqueadores de la pubertad —incluidos cargos a Medicaid y Medicare— para cientos de pacientes de entre 13 y 17 años a los que se había asignado un código diagnóstico de pubertad precoz. Por definición, ninguna persona de 13 años o más puede recibir un diagnóstico de pubertad precoz y no debería recibir bloqueadores de la pubertad a esa edad por esta indicación.
Política federal y presión institucional
La Administración Biden, y en particular el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), bajo el liderazgo del secretario Becerra y del almirante Levine [una persona trans], contribuyó a la expansión y normalización de las intervenciones de rechazo del propio sexo mediante políticas de no discriminación, requisitos en materia de seguros, directrices de organismos públicos, posiciones adoptadas en litigios, prestaciones para empleados federales y otros programas federales.
Influencia de las organizaciones profesionales médicas
Organizaciones como la World Professional Association for Transgender Health (WPATH), la Endocrine Society, la American Psychological Association y la American Academy of Pediatrics contribuyeron a promover las intervenciones pediátricas de rechazo del propio sexo, incluso al tiempo que socavaban su propia base de evidencia.
Esta red profesional creó un entorno institucional en el que las intervenciones médicas de rechazo del propio sexo fueron adquiriendo una aceptación cada vez mayor, mientras que las perspectivas clínicas contrarias, las incertidumbres y los posibles riesgos que provocaban daños irreversibles recibieron una consideración insuficiente.
Experiencias de pacientes y padres
Ocho testimonios de primera mano de pacientes y padres ilustran deficiencias en las salvaguardias clínicas y en los procesos de consentimiento informado.
Entre los temas recurrentes figuran la angustia relacionada con el sexo del menor y las rápidas intervenciones médicas; el examen insuficiente de factores psicológicos, del desarrollo, sociales o relacionados con traumas subyacentes; la escasa explicación de los daños irreversibles; la presión ejercida sobre los progenitores para que aprobaran el «tratamiento»; los resultados físicos y psicológicos adversos; y las dificultades para obtener una atención médica adecuada después de interrumpir el tratamiento o iniciar una detransición.
Estos testimonios ponen de relieve el desequilibrio existente entre las vías asistenciales estructuradas disponibles para iniciar una transición médica y la infraestructura clínica comparativamente limitada de la que disponen los pacientes que desean interrumpir el tratamiento, abordar sus complicaciones o detransicionar.
Conclusión
La expansión de los procedimientos pediátricos de rechazo del propio sexo fue consecuencia de una interacción entre incentivos económicos, prácticas de facturación potencialmente ilegales, influencias ideológicas y profesionales, políticas federales y una supervisión inadecuada.
El establishment médico y el Gobierno fallaron a menores inocentes. Este informe expone cómo estos esfuerzos económicos y políticos deliberados dejaron a menores con daños irreversibles y abandonados precisamente en los momentos en que necesitaban un apoyo real.
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