Por Faika El-Nagashi y Anna Zobnina.
La maquinaria para eliminar el dato sexo de los documentos de identidad e incluso en las partidas de nacimiento no descansa en parlamentos e instituciones europeas. Esa eliminación es elemento sustancial de una agenda transgenerista que desprecia las consecuencias desastrosas para los derechos de las mujeres y para la política antidiscriminatoria. Lo explican Faika El-Nagashi y Anna Zobnina.
Cuando, a mediados de octubre, diputados del amplio bloque de izquierda Nuevo Frente Popular presentaron una propuesta en el Parlamento francés para eliminar el sexo de los documentos nacionales de identidad, la precedieron con una explicación: que el sexo de una persona figure en los documentos de identidad, afirmaron, es perjudicial para la igualdad, para las mujeres y, sobre todo, para las personas transgénero. «Es habitual que la apariencia de una persona no se corresponda con los estereotipos asociados al sexo que consta en sus documentos oficiales», argumentaron, seguido de un non sequitur mayúsculo: que el sexo en sí mismo es un estereotipo obsoleto.
Los grupos de debate feministas estallaron. Una mujer preguntó: «¿Qué les ha pasado a los franceses? ¿Se han vuelto locos?». A decir verdad, la misma pregunta podría plantearse hoy en día a muchas naciones: ¿se han vuelto locos los irlandeses, portugueses, belgas, alemanes y otros? Y si no es así, ¿qué explica que legisladores de tantos países estén decidiendo repentinamente que el sexo biológico —no solo un hecho básico de la reproducción humana, sino también un pilar de la igualdad y la legislación antidiscriminación— es una reliquia del pasado que debe desecharse como la frenología o el geocentrismo?
Los casi 70 diputados de izquierda que respaldaron la propuesta en la Asamblea Nacional francesa también afirmaron que, a diferencia de la estatura —que también figura en los documentos de identidad—, registrar el sexo de una persona no se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos establecidas por las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea. Teniendo en cuenta los recientes acontecimientos en estas instituciones, parece, al menos en apariencia, difícil refutar dicha afirmación.
Hace apenas unas semanas, Michael O’Flaherty, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, formuló afirmaciones sorprendentemente similares a las de los políticos franceses en una carta dirigida al Parlamento británico. O’Flaherty, quien dirigió la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE durante diez años antes de asumir su cargo actual, insiste en que la reciente sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido no solo podría contravenir la legislación europea, sino que también causaría un daño terrible a las personas transgénero. La sentencia aclaró que, según la legislación británica sobre igualdad, las palabras «mujeres» y «hombres» deben entenderse en su sentido habitual: mujeres y hombres. La postura de O’Flaherty se deriva de su larga trayectoria en la defensa de la eliminación del sexo del derecho y la práctica, que culminó con la redacción de los Principios de Yogyakarta en 2007, actualizados posteriormente en 2017 con una exigencia clara: que los Estados dejen de registrar el sexo en todos los documentos legales, incluidos los certificados de nacimiento.
Es esta exigencia, junto con otras referencias del Consejo de Europa y la UE, la que los políticos franceses citaron en su propuesta, concluyendo que «la inscripción del sexo en los documentos nacionales de identidad es una forma de discriminación». Una conclusión similar la alcanzó el gobierno socialdemócrata de Finlandia, que en su Plan de Igualdad de Género 2020-2023 propuso eliminar los dígitos basados en el sexo de los números de identificación nacional. Si bien esto puede sonar absurdo para la mayoría de los europeos, pocos son conscientes de sus repercusiones o su historia.
La maquinaria institucional que la sustenta permanece en gran medida invisible, enterrada en informes, políticas y resoluciones de la UE, el Consejo de Europa y la ONU, donde, envuelta en jerga legal y tecnicismos, yace la tesis central del movimiento trans: que el sexo es irrelevante y que reconocer su papel en la sociedad humana —desde la reproducción y la prevención de la violencia de los hombres hasta el derecho, las estadísticas y la educación— es en sí mismo perjudicial.
Por la misma razón, pocos europeos conocen la recién publicada Estrategia de Igualdad LGBTIQ+ de la Comisión Europea, que promueve la autodeterminación de género sin restricciones de edad en todos los Estados miembros de la UE: un paso intermedio hacia la abolición total del sexo prevista en el manifiesto de Yogyakarta, redactado por O’Flaherty, apoyado por grupos de presión trans y respaldado por la ONU, el Consejo de Europa y las instituciones de la UE.
Hoy en día, la negación del sexo y la justificación de su eliminación de los registros legales son consideradas por muchos actores políticos e institucionales como una batalla existencial, cuya derrota los colocaría en el mismo bando que Putin y Orbán. Pero las feministas —en particular las feministas radicales— han observado y documentado esta negación durante décadas. Desde El imperio transexual de Janice Raymond (1978), pasando por El género duele (2013) de Sheila Jeffreys, hasta La abolición del sexo (2021) de Kara Dansky, numerosas activistas por los derechos de las mujeres han advertido a los medios de comunicación, a los políticos y al público sobre la inminente invisibilización del sexo que el movimiento transactivista ha estado gestando política, legal y lingüísticamente durante más de dos décadas. Si bien muchas de estas mujeres han sido tachadas de teóricas de la conspiración o acusadas de hostilidad hacia una minoría supuestamente inofensiva, la captura institucional que describieron se ha materializado en las más altas esferas del poder.
Como consecuencia, las fantasías activistas más inverosímiles se han convertido en realidad en tribunales, parlamentos e instituciones gubernamentales de toda Europa, donde las estructuras supranacionales desempeñan un papel clave en su implementación. La pregunta ahora no es si Europa puede permitirse decir la verdad sobre el sexo, sino si puede permitirse el lujo de no hacerlo.
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