Sanidad indaga sobre la orientación sexual de los y las pacientes, adultos y menores.

 Recuerdan que la iniciativa del Ministerio de Sanidad vulnera la prohibición del Parlamento Europeo que prohíbe recopilar datos relativos a la vida o la orientación sexuales de una persona.

 Demandan que los comités éticos, asociaciones, colegios de profesionales de la salud y sindicatos deben igualmente alzar la voz.


El documento “Condicionantes sociales y del contexto familiar que sería recomendable incluir en la historia de salud digital” incluido en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, propone que en el historial del o la paciente se recojan e incluyan datos sobre “su orientación sexual y su identidad [de género] y expresión de género”.

El cuestionario incluido en ese documento (pág.9) pretende que se pregunte a pacientes, de cualquier edad, cuestiones como “qué sexo se le asignó al nacer”, dato que solo persigue introducir conceptos acientíficos en los procesos de recopilación de información clínica ya que el dato “sexo” ya aparece reflejado en los documentos clínicos. También indaga, para todo tipo de intervención, se vea esta afectada o no por esas circunstancias, si el o la paciente es heterosexual, gay o lesbiana, bisexual, asexual u otro. También indaga sobre el dato subjetivo de la “identidad de género” estableciendo una batería de categorías como mujer/niña, hombre/niño, mujer/niña trans, hombre/niño trans, no binario o de género fluido.

El uso de esas expresiones como indicadores viene impulsado por una creencia transgenerista/transhumanista que pretende introducirse en el sistema sanitario, un pilar fundamental del Estado Social y de Derecho. Por eso, es extraordinariamente grave que el ministerio de Sanidad del Gobierno de España promueva que las bases de datos de los centros de salud y hospitales puedan utilizar un lenguaje anticientífico que introduce términos incompatibles con la biología y la ciencia, contrarios a la normativa nacional e internacional (en vigor y vinculante) y que inutilizan las informaciones estadísticas, en base al sexo, a las que obliga la Ley de Igualdad.

El sexo es el conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres. Incluye la diversidad evidente de sus órganos genitales externos e internos, las particularidades endocrinas que las sustentan y las diferencias relativas a la función de la procreación. Es además la categoría clave del derecho antidiscriminatorio, transversal a otros factores, y de las normas dirigidas a combatir la violencia ejercida contra las mujeres.

El hecho de que algunas personas, excepcionalmente, puedan cambiar su mención registral del sexo no significa que la categoría registral del sexo se modifique con carácter general y que el sexo deje de ser binario. La medicina es plenamente conocedora de esta realidad biológica.

A su vez, en la propia recogida de datos, durante la entrevista clínica, se pretende normalizar ante la ciudadanía, adoctrinar y obligar a los/las profesionales a que utilicen conceptos de teorías acientíficas ajenos al ámbito sanitario y propios del transgenerismo. Consideramos que el sistema sanitario no deberían usarse como plataforma de propaganda de una creencia que, a pesar de lo que simula, vulnera el derecho a la no discriminación por razón de sexo y de orientación sexual, al reforzar los estereotipos de género.

Por otro lado, el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos señala entre los datos especialmente protegidos: ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, salud, vida sexual, datos genéticos y biométricos (art. 9 del rgpd)»:

«1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida o la orientación sexuales de una persona física«.

En su considerando 75 se hace hincapié en los casos en los que «se traten datos personales de personas vulnerables, en particular niños/as».

Además, según el análisis realizado por el equipo jurídico de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, esta iniciativa entra también en colisión, con, al menos la siguiente normativa de obligado cumplimiento:

  • La Convención de los Derechos del Niño. Artículos 2.1. y 21.1. d).
  • La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer CEDAW
  • La Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Artículos 1, 2, 3, 11, 14, 19, y 20
  • La Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. Art 3.
  • La Ley orgánica 2004, de Medidas de Protección integral contra la violencia de género Artículos 15, 16, 17.2., 19 bis.1., 30.1.
  • La Ley de Autonomía del Paciente
  • La Ley de Protección de datos personales

La recopilación de información sobre orientación sexual y otras preguntas incluidas en el documento “Condicionantes sociales y del contexto familiar que sería recomendable incluir en la historia de salud digital” no puede universalizarse si esos datos no son pertinentes y de interés clínico y, por tanto:

Exigimos a los ministerios que intervengan de acuerdo a las leyes y normativas y rehúyan la irreflexión y la imprudencia que suponen los registros que pretende imponer el ministerio de Sanidad ya que estos no son de utilidad clínica y solo atienden a dar satisfacción a creencias que niegan, con carácter general, la validez de las categorías científicas y biológicas, como es el sexo de las personas. No es legítimo el uso de las instituciones y los servicios públicos para la promoción y validación de una realidad paralela y distópica, que es, con frecuencia, contraria al derecho a la intimidad.

Entendemos que los comités éticos, asociaciones, colegios de profesionales sanitarios y sindicatos deben igualmente alzar la voz.

El Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 es solo uno de los primeros pasos que reflejan una hoja de ruta corporativa e internacional inquietante.

Alianza Contra el Borrado de las Mujeres

Fórum de Política Feminista

Federación de Mujeres Progresistas

Mujeres Juristas Themis

Lobby Europeo de Mujeres en España

Tertulia Feminista Les Comadres

Fundación Mujeres

Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas

Asociación Mujeres para la Salud

Asociación Española de Feministas Socialistas FeMes

CATAB Cataluña Abolicionista

Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada, Amanda

Enclave Feminista

Partido Feministas al Congreso

Mujeres Progresistas de Retiro

L´Escola

Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres ADIMP

Asociación Malvaluna

Cádiz Abolicionista

Internacional de Mujeres Feministas

La Fuerza de las Mujeres

8 de febrero de 2024.

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