Una académica crítica con la creencia en la identidad de género ha ganado su caso contra la Open University. En una victoria significativa para la libertad académica, un tribunal laboral ha concluído que la profesora Jo Phoenix sufrió discriminación, acoso y fue forzada a dimitir por la Open University. Fundamentalmente, el tribunal concluyó que la universidad no protegió a Phoenix por “miedo a ser vista como partidaria de creencias críticas con la identidad de género”.

La sentencia de 155 páginas, publicada el lunes por la tarde, dictamina que sus colegas compararon a Phoenix con un «tío racista». También publicaron declaraciones en el sitio web de la Open University afirmando que las creencias críticas con la identidad de género fomentaban un entorno que ponía en peligro las vidas de las personas trans. Más de 380 académicos firmaron una carta pública pidiendo a la Open University que cerrara el grupo de investigación de Phoenix.

Phoenix publicó la noticia de su victoria en X, describiéndola como “un mensaje para todas las universidades: no se puede dar un paso atrás y permitir que las y los académicos críticos con la identidad de género sean expulsados de sus trabajos”. La sentencia se produce sólo unos días después de que un informe del Comité para la Libertad Académica revelara que nueve universidades tienen políticas según las cuales las y los académicos que no creen que las mujeres trans sean mujeres debían ser considerados «transfóbicos». Incluyendo el Imperial College, la Universidad Sheffield Hallam y la London Business School.

Estas políticas están claramente en conflicto tanto con el derecho a la libre expresión como con la atmósfera intelectualmente curiosa que debería existir en la educación superior. Son una prueba más de la forma en que los lobistas transactivistas han degradado los derechos básicos en una institución tras otra, obligando a la gente a aceptar tonterías clarísimas sobre la “identidad de género”.

La victoria de Phoenix, aunque bienvenida, ha tenido un gran costo personal. Cuando la entrevisté por primera vez, hace más de dos años, acababa de anunciar que presentaría un caso contra la OU. Había decidido dejar el “trabajo de sus sueños” en la universidad después de experimentar una incesante hostilidad por parte de sus colegas, que le provocaron insomnio y se le diagnosticó trastorno de estrés postraumático.

¿Su delito? Realizar investigaciones sobre los efectos de permitir que hombres identificados como trans, incluidos los delincuentes sexuales condenados, cumplan sus condenas en cárceles de mujeres.

 

Desde entonces, la política [penitenciaria] se ha convertido en un escándalo, gracias al espectáculo de un doble violador internado durante un tiempo en una prisión de mujeres en Escocia. Ex reclusas han hablado de sus temores por tener que compartir duchas y baños con hombres que caminaban con erecciones evidentes, mientras aafirmaban ser mujeres. Aun así, Phoenix me contó que su investigación la había convertido en una figura de odio, metafóricamente puesta en la picota por colegas que la acusaban de transfobia.

Su terrible experiencia es una acusación de una notoria falta de coraje en algunas universidades británicas, que parecen estar más preocupadas por ser acusadas de la palabra T que por su deber hacia el personal y estudiantes. Incluso han permitido que transactivistas impidan la proyección de un documental, Adult Human Female, que expresa puntos de vista perfectamente legales sobre sexo y género. (Hay que reconocer que la Universidad de Reading, donde Phoenix es ahora profesor de Criminología, es una honorable excepción).

Pero ¿por qué debería corresponder a los individuos exponer el lamentable comportamiento de las instituciones capturadas por el extremismo de la identidad de género? Una a una, las fichas de dominó van cayendo: la OU, el Ayuntamiento de Westminster, el Arts Council England, la ONG llamada Center for Global Development. Todos han perdido en los tribunales laborales y hay más casos pendientes, incluido uno contra los Verdes (Green Party).

Seguramente las generaciones futuras recordarán con incredulidad una época en la que las mujeres tenían que acudir a los tribunales para hacer valer su derecho a creer en el sexo biológico, y los políticos supuestamente liberales eran demasiado pusilánimes para apoyarlas.

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