La plataforma feminista exige a los grupos parlamentarios que no apoyen la proposición de Unidas Podemos que concede capacidad censora y punitiva a las empresas que gestionan las redes sociales.

La plataforma feminista ALIANZA CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES a la que ya se han adscrito mas de 100 organizaciones de mujeres, considera que la Proposición no de Ley sobre la Prevención de la Propagación de Discursos de Odio en el Espacio Digital, que se debate esta tarde a las 16.00 en la Comisión de Interior del Congreso, pretende dar a las TIC poderes sancionadores que solo competen a los Tribunales de Justicia y solicita a los grupos parlamentarios su rotundo rechazo.

La Proposición persigue que la simple denuncia de un grupo de personas que pueden concertarse para «atacar» a un perfil en una red social pueda convertir a una empresa TIC en juez, al valorar según sus criterios qué es y no incitación al odio. La Proposición establece que esas empresas dispongan de 24 horas para eliminar o deshabilitar de la web los contenidos que inciten al odio, y que, de no hacerlo, sufrirán un castigo pecuniario.

Depositar en empresas privadas la capacidad de emitir juicios sobre qué se considera «delito» de odio es una barbaridad que solo cabe en la cabeza del populismo controlador e inquisitorial.

Desde la Alianza CBM conocemos bien a los grupos organizados que cada día, a través de denuncias sistematizadas y planificadas, de perfiles autentificados o no, tratan de silenciar los mensajes del feminismo obteniendo como premio el cierre temporal o definitivo de cuentas en las redes sociales.

El enunciado de esta proposición no de Ley, es inquietante y pone de manifiesto una estrategia poco pulida por parte del grupo proponente, algunos de cuyos cargos públicos han llegado a subir a la tribuna del parlamento andaluz con camisetas con expresiones de odio haca el feminismo como TERF, termino que busca silenciar y descalificar al feminismo que defiende la existencia del sexo biológico y jurídico como único canal para poner de manifiesto las discriminaciones y desigualdades por razón de sexo.

Esta proposición nos pone en alerta ya que promueve instrumentos de censura que constituyen un serio peligro para la libertad de pensamiento. Son los tribunales de justicia quienes deben sentenciar qué es y no “incitación al odio” y “delito de odio”.

Las empresas TIC no aplican en estos momentos criterios legales que establezcan canales que den seguridad jurídica antes de censuran contenidos. Actúan sobre la base de una denuncia genérica y sin matices que no reclama prueba ni permite un sistema de defensa lógico y garantista. Esto ha llevado a la creación de grupos organizados enfocados al silenciamiento de posiciones contrarias a los intereses de determinados grupos de presión.

Se está produciendo la paradoja de que algunas redes sociales, entre las que destaca TWITTER, están procediendo al cierre de cuentas de quienes defienden los derechos de las mujeres basados en el sexo.

Por todo ello, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres exige a los grupos parlamentarios que no apoyen la Proposición en los términos presentados por PODEMOS ya que abre la puerta a la persecución de la libertad de expresión y de pensamiento.

Los delitos de Odio deben ser castigados, pero no se puede someter a la población a castigos correctivos por parte de las empresas TIC y mucho menos que estos cuenten con el aval del Congreso de los Diputados.

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