La plataforma feminista Alianza Contra el Borrado de la Mujeres ha enviado a los Grupos del Congreso una batería de propuestas de Enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Con esta iniciativa, la Alianza quiere señalar a los grupos parlamentarios las carencias, ambigüedades, conceptos acientíficos y contradicciones que introduce la llamada Ley Rhodes.

El objetivo es que los diputados y diputadas tengan en cuenta estas anotaciones, de forma que se introduzcan en el articulado las violencias específicas que sufren las niñas, se garantice el derecho a la coeducación en igualdad y se eliminen ideas que no cuentan con ningún acuerdo jurídico ni aceptación social.

Así, la plataforma recomienda la eliminación del concepto “identidad de género” que aparece en varios artículos (Artículos 5.4 y 9.3). Recuerdan las feministas que “el género es el conjunto de estereotipos y funciones que se asignan a la mujer por nacer mujer y al hombre por nacer hombre, y que se aprenden e interiorizan mediante la diferente socialización de los sexos. El género es la piedra angular sobre la que descansa la subordinación sexual de las mujeres”. Pero, si se introducen en el ordenamiento jurídico términos como el de “identidad de género”, se refuerzan y se blindan los estereotipos sexistas que se deben erradicar.

En el Movimiento Feminista hay una gran preocupación por la sustitución en los textos legales de la “Coeducación” por la “educación inclusiva”.

La coeducación hace referencia a desarrollar todas las capacidades, tanto de niñas como de niños, y supone eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que deben tener las niñas y los niños, los chicos y las chicas, las mujeres y los hombres.

La Alianza, manifiesta que no está en contra de la educación inclusiva, pero alerta de su imposición frente a la coeducación y recuerda que bajo ese concepto, se están impartiendo contenidos que fomentan y refuerzan los estereotipos sexistas que el sistema coeducativo pretende combatir. También han recordado que “la mayoría de los contenidos que se imparten en estos momentos bajo el paraguas de la “diversidad” y la inclusión, no atienden a la inserción adecuada de la diversidad de las opciones sexuales, la diversidad étnica o de capacidades etc., sino que se están limitando a la promoción de teorías acientíficas con consecuencias no deseadas, como está ocurriendo en Reino Unido, país donde muchas adolescentes están siendo derivadas a “clínicas de género” por rechazar lo que el feminismo denomina “los mandatos de género”.

Para la Alianza CBM la entrada en las aulas de teorías que consideran que cualquier incomodidad con los mandatos de género correlaciona con disforias es temerario, y pone en riesgo la integridad de los menores.

Este es el motivo de que una de las enmiendas presentadas por la Alianza Contra el Borrado de la Mujeres reclama que la Coeducación no sea suplantada ya que es la pedagogía consolidada para la educación en igualdad entre los sexos y el modelo educativo libre de distinciones de trato entre los niños y las niñas.

El texto legal hace referencia también al término “estereotipos de carácter transfóbico”. Esto ha puesto en alerta a la Alianza CBM, por ser este un término que no tiene aceptación jurídica alguna, pero sobre todo porque se pretende utilizar esta ley para introducir y consolidar terminología jurídica que dé soporte a la censura y represión del feminismo político que reconoce que el sexo es una realidad biológica incontestable. Desde la Alianza CBM se ha recordado como el feminismo está siendo linchado, acosado y acusado de transfobia, por reconocer la realidad biológica del sexo.

La pornografía no puede ser “consentida” si se habla de menores

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres (ACBM) señala en las enmiendas presentadas a los grupos parlamentarios graves carencias en el Proyecto de Ley. Las feministas proponen que se introduzca un apartado que haga referencia a la pornografía para enseñar a los niños y niñas su impacto perjudicial sobre la sexualidad y las relaciones interpersonales en menores y adolescentes.

La referencia a una “pornografía no consentida o no solicitada” (artículo 1.2) es incomprensible en una Ley de Protección a la Infancia: no procede el consentimiento cuando se habla de menores.

La Alianza CBM señala así mismo la grave incongruencia de una ley que al señalar los derechos de infancia y adolescencia a la “integridad física, psíquica, psicológica y moral” olvida el derecho a la integridad sexual, ignorando así las agresiones y los abusos que se cometen a diario contra niñas y adolescentes. No se hace ninguna mención en el Proyecto de Ley a la violencia sexual intrafamiliar, cuando sabemos que la mayoría de abusos sexuales durante la infancia ocurren en el seno de familia, un tabú social que necesita visibilización y la implementación de políticas destinadas a erradicarla.

También se ignoran los derechos de niñas y chicas cuando se afirma que “la expresión de género” no podrá ser motivo de discriminación en la práctica deportiva. Con esta redacción, el artículo 46 abre la puerta a que un menor (niño o adolescente) varón autoidentificado como niña o un adolescente autoidentificado como mujer compita en las categorías deportivas femeninas. Esto supone la vulneración del derecho de las niñas a competir en igualdad de condiciones y una posible conculcación del derecho a la integridad física y moral.

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres alerta sobre algunas de las modificaciones del Código Civil que propone la Ley Rhodes. La plataforma feminista advierte que llamar “factor de riesgo” para los menores a que los progenitores cuestionen la supuesta “identidad de género” de sus hijas e hijos es una intromisión intolerable en el ejercicio de la patria potestad.

Puede suponer de facto una amenaza para que desde los servicios sociales u otras instituciones se denuncie a los padres que busquen asesoramiento médico en casos de disforia de género del menor y que este asesoramiento se considere un cuestionamiento de la supuesta “identidad de género” expresada por el menor.

Madrid, 14 septiembre de 2020.

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