Bandera transactivista en el logotipo de Más Madrid.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha solicitado a los grupos políticos de la Asamblea de Madrid que rechacen la “Proposición de Ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la Comunidad de Madrid”, presentada por Más Madrid, al considerar que las principales novedades de la proposición se concentran en cuestiones especialmente sensibles como las intervenciones médicas sobre menores, el deporte femenino, la introducción de la “identidad de género” en el sistema educativo y la ampliación de los mecanismos sancionadores.
Buena parte de la proposición se limita a reiterar mandatos legales ya existentes y parece orientada a revelar la existencia de un conflicto inexistente, ya que la Comunidad de Madrid aplica y cumple la legislación estatal actualmente vigente en todos los ámbitos regulados por la proposición. La Comunidad de Madrid ya aplica el marco normativo en vigor, incluso en aquellos ámbitos que suscitan una creciente controversia científica, social y jurídica por sus posibles consecuencias para la infancia, la adolescencia y los derechos de las mujeres.
Mientras tanto, la proposición de Más Madrid refuerza el acceso experimental a bloqueadores de la pubertad y tratamientos hormonales en menores, utiliza el deporte femenino para validar identidades, promociona la incorporación de contenidos acientíficos relacionados con la “identidad de género” en el ámbito educativo e introduce restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión.
Resulta igualmente improcedente que la exposición de motivos invoque los llamados Principios de Yogyakarta como fundamento de la iniciativa, dado que se trata de un documento elaborado por transactivistas, sin valor jurídico vinculante y ajeno a las fuentes formales del Derecho nacional e internacional.
La proposición refuerza el acceso a bloqueadores de la pubertad y tratamientos hormonales en menores precisamente en un momento en el que estos procedimientos están siendo objeto de una profunda revisión internacional.
Es especialmente alarmante que tanto la Ley trans estatal 4/2023 como la iniciativa presentada por Más Madrid ignoren la creciente corriente de prudencia clínica impulsada por numerosas autoridades sanitarias europeas. En los últimos años, países como Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y el Reino Unido han revisado sus protocolos, introduciendo restricciones, reforzando la evaluación psicológica previa y limitando las intervenciones con bloqueadores y hormonas a contextos clínicos rigurosamente controlados debido a la incertidumbre existente sobre sus efectos a largo plazo. Francia también ha recomendado extremar la cautela ante el aumento de las derivaciones de menores hacia este tipo de tratamientos.
Frente a esta evolución del conocimiento científico, la proposición presentada por Más Madrid pretende eliminar las cautelas incorporadas por la Comunidad de Madrid en 2023. Cuando están en juego intervenciones médicas con posibles consecuencias irreversibles sobre menores de edad, los poderes públicos tienen la obligación de aplicar el principio de prudencia y garantizar una protección reforzada acorde con la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia.
La proposición despierta también serias preocupaciones en relación con el deporte femenino al establecer la participación en función de la “identidad de género”. El deporte de competición no tiene por objeto validar identidades personales, sino garantizar condiciones de participación justas. La incorporación a las categorías femeninas de personas que han experimentado un desarrollo corporal masculino compromete la igualdad de oportunidades de las mujeres y desvirtúa la finalidad para la que dichas categorías fueron creadas. La nueva política del COI para proteger las categorías deportivas de las mujeres es muy clara al respecto.
La proposición refuerza además la incorporación de contenidos acientíficos relacionados con la “identidad de género” en el ámbito educativo. Sin embargo, debe recordarse que el sistema educativo tiene la obligación de fundamentar sus contenidos en conocimientos científicos verificables y en principios pedagógicos contrastados. La función de la escuela no consiste en promover postulados ideológicos concretos, sino en transmitir conocimientos y desarrollar el pensamiento crítico del alumnado.
Por lo que se refiere al régimen sancionador de la proposición, las infracciones relativas a expresiones consideradas vejatorias o discriminatorias en medios, discursos públicos o redes sociales constituyen una ampliación significativa de la intervención administrativa y generan restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y al debate público.
En definitiva, la proposición no responde a una necesidad normativa acreditada sino a un gesto propagandístico. Los grupos políticos de la Asamblea de Madrid deberían rechazar una iniciativa que combina la reiteración legislativa con la eliminación de cautelas destinadas a proteger a los menores, la seguridad jurídica y la protección de los espacios, políticas y categorías jurídicas basadas en el sexo.
Alianza Contra el Borrado de las Mujeres
16 de junio de 2026
