Las campañas del transactivismo contra la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de abril, que dictaminó que la definición de mujer se basa únicamente en el sexo biológico, y la resistencia de diputados laboristas está retrasando la publicación de directrices y consintiendo ilegalmente la entrada de personas trans a espacios diferenciados por sexo. Editorial de The Times.
Han transcurrido poco más de 200 días desde que el Tribunal Supremo dictaminó que la definición de mujer se basa únicamente en el sexo biológico. Esta sentencia histórica buscaba poner fin a la incertidumbre jurídica y práctica, especialmente en lo que respecta a la protección de espacios exclusivos para mujeres, como los vestuarios.
Tras la sentencia, la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC) anunció que publicaría directrices para que las organizaciones implementaran esta decisión tan bienvenida. Numerosos organismos estatales, como la administración pública y el Servicio Nacional de Salud (NHS), las esperaban antes de tomar medidas.
Sin embargo, aún no hay rastro de estas directrices. Tal y como informa este periódico, la ministra de Igualdad y Mujeres, Bridget Phillipson, recibió las directrices oficiales hace ocho semanas, pero todavía no las ha publicado. Parte de la demora se debe a que el gobierno decidió realizar una «evaluación de impacto regulatorio», que suele durar entre tres y seis meses. No obstante, esta evaluación no es esencial. Por ejemplo, no se realizó ningún trabajo de este tipo cuando el gobierno decidió restringir la ayuda para combustible de invierno.
Ahora es improbable que se publiquen directrices antes de fin de año. La baronesa Falkner de Margravine, presidenta saliente de la EHRC, ha advertido que la demora del gobierno permite que las organizaciones sigan consintiendo ilegalmente la entrada de personas trans a espacios diferenciados por sexo.
Una posible razón para la falta de claridad es que los transactivistas se niegan obstinadamente a aceptar el fallo del Tribunal Supremo y continúan presionando con fuerza en su contra. La Alianza de Solidaridad Trans+, uno de estos grupos de campaña, ha elaborado recientemente una carta que recoge las preocupaciones de 650 directivos de empresas sobre la provisión de espacios diferenciados por sexo. Sin embargo, solo unas pocas de las empresas que firman la carta son grandes corporaciones. Salvo excepciones como Lush y Ben & Jerry’s, la mayoría de los firmantes son pequeñas empresas [de negocio online], activistas o sindicatos.
El riesgo reside en que la ministra Phillipson adopte la postura aislada de una minoría ruidosa en pos de algo más significativo. La realidad es que existe un amplio respaldo al fallo del Tribunal Supremo: una encuesta de YouGov realizada en mayo reveló que el 63% de la población consideraba que el fallo era la decisión correcta, y el 52% creía que aclaraba la ley sobre los derechos de las mujeres. Pero no son solo los transactivistas quienes desean impugnar el fallo. Se informa que casi 50 diputados laboristas escribieron a Peter Kyle, secretario de Estado de Negocios, quejándose de un entramado complejo de derechos contrapuestos. También se ha sugerido que estos diputados plantearon a Kyle su preocupación por los costes de la implementación de la guía, como la necesidad de construir baños nuevos baños. El gobierno debería tener en cuenta el consejo de Claire Coutinho, ministra de Igualdad en la oposición, quien afirma: «La guía no añade ninguna carga regulatoria nueva, ni modifica la ley para ninguna empresa u organismo público. Simplemente ayuda a las organizaciones a cumplir con la ley vigente».
Fuentes gubernamentales afirman que es un completo disparate sugerir que cualquier retraso sea deliberado, y que cualquier demora se debe simplemente a un documento complejo que requiere un análisis minucioso. Sin embargo, resulta difícil evitar la impresión de que se trata de una batalla que el gobierno preferiría no librar. Sería un grave error que los ministros consintieran en la dilución o la subversión de una sentencia tan justa como clara. El Tribunal Supremo prestó un gran servicio al país al brindar la claridad necesaria para zanjar el debate sobre las personas transgénero. La ley es la ley. Y Sir Keir Starmer [presidente del gobierno laborista], más que nadie, debería ser consciente de las consecuencias de desacreditarla.
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