NUESTRO POSICIONAMIENTO SOBRE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 17 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA
El pasado 14 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó una declaración institucional con motivo del Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que se celebra el 17 de este mismo mes.
Queremos manifestar que de manera reiterada se usa la simpatía social hacia la igualdad de derechos de las orientaciones sexuales para incluir aspectos identitarios que no siempre vinculan con derechos legítimos.
La declaración institucional del gobierno cita como fuente de autoridad a ILGA Europe, una organización que comenzó hace años a militar, desde posiciones transactivistas, en la negación de los derechos de las mujeres basados en el sexo y que defiende, por ejemplo, la ilegítima participación de varones en las categorías deportivas de las mujeres. Como dato esclarecedor, recordemos que ILGA solicitó en 2020 la supresión de la palabra “madre” en la ley parental de Finlandia.
Menciona la declaración del gobierno la Ley 4/2023, conocida como ley trans, para afirmar que “establece el mecanismo para el cambio de la mención registral del sexo acorde a los estándares internacionales basados en la autodeterminación y la despatologización”.
Es falso que existan “estándares internacionales” al respecto. En este momento, solo una minoría de países en el mundo -6 en Europa: Dinamarca, Irlanda, Malta, Bélgica, Portugal y Luxemburgo- permiten el cambio del sexo registral en base al autodiagnóstico y la autodeterminación y, además, los requisitos en relación con la edad mínima para solicitar la modificación del sexo registral o con los plazos del procedimiento son más o menos estrictos en unos y otros países.
La declaración del Consejo de Ministros menciona, así mismo, la prohibición, en todo el Estado Español, de las conocidas como “terapias de conversión… destinadas a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada”. Lo que no hace la declaración ni la ley española es reconocer como terapia de conversión las prácticas educativas y sanitarias enfocadas a dirigir hacia la transición farmacológica y quirúrgica cualquier disidencia de género.
Las organizaciones de mujeres de diferentes países ya han señalado cómo también es terapia de conversión convencer a una chica lesbiana, por ejemplo, de que es trans y cómo atenta contra la salud de la infancia conducir a menores y adolescentes a la medicación de por vida y a cirugías irreversibles.
Sorprende que la declaración ponga particular énfasis en las cuestiones trans a pesar de que solo hace unas semanas que se ha dado a conocer el informe Cass, encargado por la sanidad publica inglesa, que afirma categóricamente el carácter experimental de los tratamientos con bloqueadores y hormonas cruzadas en menores y la falta abrumadora de evidencias sobre las mejoras en los malestares de género de niñas, niños y adolescentes.
Celebramos que el gobierno de España señale los hitos alcanzados en materia de igualdad de derechos civiles para gais y lesbianas pero es extraño que celebre la ley trans ocultando las consecuencias negativas suficientemente señaladas por profesionales de la medicina, de la psicología, por el movimiento en defensa de los derechos de las mujeres o por las familias con menores autodiagnosticados trans.
Algunas de esas consecuencias ya han salido a la luz: maltratadores condenados que buscan eludir la Ley de Violencia contra las mujeres; policías guardias civiles y militares que han solicitado el cambio del sexo registral para obtener ventajas profesionales; o deportistas varones transfemeninos que compiten contra mujeres… En muchos de estos casos, solo se ha modificado el apunte del dato “sexo”, sin cambiar ni su nombre ni su aspecto y han puesto de manifiesto la inseguridad jurídica y fraudulenta de la propia ley.
En un intento de generar una ambiente alarmista, la declaración del gobierno afirma que “asistimos a un auge de discursos y de retórica anti-LGTBI+”. No es cierto que exista tal retórica.
La toma de conciencia social respecto a las problemáticas asociadas a que cualquiera pueda cambiar su sexo registral está generando una creciente ola de denuncias de los abusos de dicha ley. Esto en ningún caso puede ser entendido como un discurso o retórica “anti LGTB”. Como ya hemos reiterado, la simpatía social hacia las personas LGB no debe servir de amparo para señalar como discursos de odio las legítimas denuncias de los abusos de la Ley trans.
La defensa de los derechos de las mujeres, y la exigencia de garantías de seguridad sanitaria y psicológica para con menores y adolescentes son actos de responsabilidad que no deberían de estar siendo reclamados por profesionales y ongs sino que deberían de ser un marco de actuación del propio gobierno.
Animamos al gobierno a establecer todos los procedimientos necesarios para garantizar la igualdad de trato de todos los colectivos susceptibles de padecer discriminación y exigimos que el cumplimiento de ese mandato no sirva para ocultar el impacto discriminatorio hacia las mujeres que han generado alguna de sus recientes normas.
En todo caso, solicitamos al gobierno que detalle qué derechos no tienen aún reconocidos en nuestro país esos colectivos y qué medidas va a implementar para salvaguardar los derechos de las mujeres y de la infancia que se encuentran en riesgo.
Estamos convencidas de que los días de celebración contra todo tipo de discriminación son necesarios, pero queremos insistir en que en estos momentos existen conflictos entre derechos que el legislador debe corregir de manera urgente.
Alianza Contra el Borrado de las Mujeres
17 de mayo de 2024.
