Marcus Evans, psicoterapeuta con más de 45 años de experiencia, miembro de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, responde a una carta del parlamentario laborista Michael Payne sobre la Conversion Therapy Bill (proyecto de ley contra terapias de conversión). Evans señala que ese proyecto de ley podría desalentar, por miedo a las denuncias, el trabajo reflexivo y exploratorio con menores y adolescentes que experimentan malestares relacionados con el género.
Estimado Michael,
Gracias por su respuesta. Le agradezco que se haya tomado el tiempo para explicar su postura, aunque sigo profundamente preocupado por las implicaciones de esta legislación.
Durante más de cuarenta y cinco años he trabajado en el ámbito de la salud mental y la psicoterapia, y durante más de veinte años formé parte del equipo directivo de Tavistock, una de las mayores instituciones de formación en psicoterapia del Reino Unido. En todo ese tiempo, nunca recibí ninguna queja sobre un psicoterapeuta que intentara convertir a un paciente. Esta experiencia me lleva a preguntarme si el problema que esta legislación pretende abordar existe realmente en la práctica psicológica convencional en la medida que se ha sugerido.
En mi opinión, el verdadero peligro no reside en que los terapeutas intenten cambiar la identidad de una persona, sino en que los profesionales con experiencia se retiren cada vez más de este ámbito por temor a las denuncias y las investigaciones regulatorias. Las organizaciones profesionales de psicoterapia ya cuentan con códigos éticos que prohíben las prácticas coercitivas o de conversión. El problema no radica en la ausencia de estándares profesionales, sino en el efecto disuasorio que pueden tener las meras acusaciones. Sé por experiencia propia que el proceso de investigación de una denuncia es estresante y perjudicial en sí mismo, independientemente del resultado.
También he impartido numerosos cursos a psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos y otros profesionales de la salud mental en todo el Reino Unido, Europa y a nivel internacional. En esos encuentros, muchos clínicos experimentados han expresado preocupaciones similares sobre las consecuencias no deseadas de una legislación que podría desalentar el trabajo reflexivo y exploratorio con menores y adolescentes que experimentan malestares relacionados con el género.
También me sorprende que muchas de las voces más influyentes en este debate tengan una experiencia clínica directa limitada en salud mental infantil y adolescente o psicoterapia. Comprender cómo se desarrolla la identidad durante la infancia y la adolescencia, y cómo el trauma, las afecciones del neurodesarrollo, las relaciones familiares y otros factores psicológicos pueden influir en ese proceso, requiere una considerable experiencia clínica. Existe el riesgo de que las dificultades complejas del desarrollo se reduzcan únicamente a cuestiones de identidad, cuando en realidad requieren una evaluación cuidadosa y una apertura a múltiples posibilidades.
Una buena psicoterapia no consiste en guiar al paciente hacia una conclusión predeterminada. No se trata de persuadirlo para que adopte o rechace una identidad particular. Su propósito es crear las condiciones para que el joven pueda comprenderse mejor a sí mismo, de modo que las decisiones que tome surjan de una mayor autocomprensión y no de presiones externas, dinámicas familiares inconscientes o confusión interna.
En ese sentido, la psicoterapia exploratoria es lo opuesto a la terapia de conversión. No busca dirigir al paciente hacia un resultado; busca proteger su libertad para descubrir su propia mente.
Me preocupa que muchos de quienes apoyan esta legislación nunca conozcan a las personas que ahora atiendo en mi práctica clínica: personas que han abandonado la transición de género y que lamentan profundamente las intervenciones médicas irreversibles, incluidas las mastectomías y la pérdida de fertilidad. Muchas describen sentirse decepcionadas por profesionales que no exploraron suficientemente sus antecedentes de desarrollo, dificultades psicológicas y comorbilidades antes de recomendarles un tratamiento médico.
Las consecuencias de intervenciones médicas insuficientemente exploradas pueden ser de por vida y, en muchos casos, irreversibles. Lo que más me preocupa no es solo la legislación en sí, sino su posible efecto en el pensamiento clínico. Si los terapeutas experimentados se muestran reacios a explorar el significado psicológico del sufrimiento de una joven o un joven por temor a que dicha exploración se interprete posteriormente como terapia de conversión, serán los jóvenes vulnerables quienes sufrirán las consecuencias.
Espero que, durante el análisis del proyecto de ley, el Parlamento garantice la protección de las personas contra la coacción y el abuso, al tiempo que salvaguarda la libertad de los profesionales clínicos para realizar exploraciones psicológicas minuciosas y sin restricciones, sin temor a acusaciones infundadas. Sería una tragedia que una legislación destinada a proteger a las personas vulnerables dificultara inadvertidamente la buena práctica clínica y redujera la disponibilidad de terapeutas experimentados dispuestos a realizar este trabajo tan exigente.
Atentamente,
Marcus Evans, miembro de la Sociedad Británica de Psicoanálisis.
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