Por Jonathan Ames
Miles de escuelas secundarias y universidades enfrentan posibles demandas judiciales por permitir que los niños autodeterminen su sexo o se describan a sí mismos como no binarios. Un informe publicado hoy por la organización Sex Matters culpa a las orientaciones “defectuosas” de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos de poner a las escuelas en peligro de infringir las leyes de igualdad.
La reclamación de Sex Matters, fundada por Maya Forstater , que ganó un caso histórico de discriminación después de que fue despedida injustamente en 2019 por hacer comentarios críticos de género, se produjo después de que una investigación de YouGov revelara que más del 80 por ciento de los profesores dijeron que sus escuelas habían estudiantes que se identificaron como transgénero o no binarios.
Las autoras del informe sostienen, sin embargo, que las escuelas están legalmente obligadas «a reconocer el sexo en una amplia gama de áreas, incluyendo el registro, la protección de datos, los baños y vestuarios y las políticas de comportamiento». El informe, que fue enviado a Gillian Keegan, la secretaria de educación, destaca que las escuelas podrían enfrentar acciones legales por acusaciones de que están violando la legislación sobre igualdad.
Forstater dijo que los investigadores del grupo habían consultado a abogados y expertos en educación, igualdad y salvaguardia en una evaluación de más de veinte leyes y reglamentos que afectan a las escuelas, incluida la Ley de Educación, la Ley Marco y de Estándares Escolares, el plan de estudios nacional y las orientaciones legales sobre salvaguardia.
Forstater dijo que “las escuelas que se confunden acerca de la ley y que no tienen políticas claras correrán el riesgo de incumplir sus deberes legales”.
Los autores del informe afirman que «no existe ninguna disposición legal para que las escuelas registren o traten a los niños como si fueran del sexo que no son, y que no hay obligación para las escuelas diferenciadas de admitir niños del sexo opuesto».
Los investigadores argumentan que la exigencia por parte de los funcionarios escolares del uso de los pronombres preferidos de los alumnos «es incompatible con las obligaciones legales, incluidos los requisitos de proteccion y las leyes de derechos humanos».
El informe hace referencia a la Ley de Educación de 1996, que dice: «Las escuelas y los profesores no pueden promover o expresar opiniones políticas partidistas o creencias personales de manera que exploten la vulnerabilidad de los alumnos». Señala también que las escuelas están obligadas a respetar las creencias filosóficas de los alumnos, lo que significa que cualquier prohibición de los denominados «misgendering» puede infringir la legislación antidiscriminación.
[Añade el informe de Sex Matters: Analizamos más de 20 leyes y reglamentos, incluida la Ley de Educación, la Ley Marco y de Estándares Escolares, los Estándares para Maestros, el Plan de Estudios Nacional y las orientaciones legales sobre salvaguardia. En ninguna parte existe disposición legal para que las escuelas registren o traten a los niños como si fueran del sexo que no son, ni existe ninguna obligación para que las escuelas diferenciadas admitan niños del sexo opuesto].
Alice de Coverley, abogada especialista en derecho educativo, afirmó que los niños y jóvenes están protegidos por la Ley de Igualdad de 2010. «Los alumnos están protegidos contra la discriminación por razón de sexo, orientación sexual, reasignación de género, religión, creencias y discapacidad», dijo. «Las escuelas deben tomar medidas efectivas para eliminar las barreras a la igualdad al tiempo que protegen el bienestar de todos los alumnos».
Traducción de Contra Borrado
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