La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres se ha dirigido a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales para poner de manifiesto sus preocupaciones por la reciente aprobación del “Protocolo de acompañamiento a personas trans en el ámbito laboral”. El protocolo, promovido por Yolanda Díaz, afecta a la organización interna de los centros de trabajo y, en particular, a espacios sensibles como baños y vestuarios.
Las empresas no son meros ejecutores automáticos de orientaciones políticas. Son responsables directas de garantizar la seguridad, la privacidad y la dignidad de toda su plantilla. Cualquier modificación que afecte a espacios diferenciados por sexo incide en derechos materiales de las trabajadoras y exige un debate público real, plural y transparente.
Cambios de esta naturaleza no pueden introducirse sin escuchar también a organizaciones feministas, como sí se ha hecho consultando a organizaciones LGTB, sin evaluar su impacto jurídico y sin analizar sus consecuencias organizativas. La ausencia de ese debate no elimina el conflicto: lo traslada al interior de las empresas.
Además, la eventual creación de espacios mixtos o la reconfiguración de instalaciones existentes puede suponer un desembolso económico considerable. Muchas empresas —especialmente pequeñas y medianas— no están en condiciones de asumir reformas estructurales no previstas ni presupuestadas, menos aún cuando derivan de un protocolo que carece de rango legal. La seguridad jurídica y la planificación económica son elementos esenciales de una gestión responsable.
Existe una cuestión de fondo que no puede ignorarse: en ningún caso una adaptación puede traducirse en la desaparición o dilución de espacios exclusivos para mujeres. Los baños y vestuarios diferenciados por sexo no son un símbolo ideológico; responden a criterios de privacidad, seguridad y protección que forman parte de derechos consolidados tras décadas de reivindicación.
Las empresas deben garantizar que las mujeres continúen disponiendo de espacios seguros y exclusivos.
Señalamos en la carta a la CEOE que el Ministerio genera inseguridad jurídica sin haber evaluado con rigor el impacto que supone introducir en la empresa una normativa que pone en cuestión los espacios de seguridad y privacidad de las mujeres.
Las políticas públicas que afectan a derechos sensibles no pueden consolidarse por inercia administrativa ni por presión política. Si este protocolo aspira a convertirse en norma, deberá hacerlo tras un debate abierto, con garantías y sin menoscabo de los derechos de las mujeres. Las alusiones de la ministra Díaz a las “fuerzas de odio” solo buscan crear un marco ideológico que desactive la posibilidad de ese debate.
Estamos a la espera de conocer qué otros elementos introduce el protocolo promovido por Yolanda Díaz, ya que tememos que vulnere otros derechos de las mujeres.
Alianza Contra el Borrado de las Mujeres
2 de marzo de 2026
