Pedimos por carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se retiren de la fachada del ministerio los símbolos no oficiales. En particular, la bandera de un movimiento minoritario que reclama como derechos la imposición de prácticas opuestas a muchos derechos de las mujeres.

Estimada ministra,

Queremos en primer lugar felicitarla por su nombramiento y desearle aciertos en su gestión.

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo dictó en junio de 2020 una sentencia en la que fijaba como doctrina que

“no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”

 

A pesar de que el Tribunal Supremo ha sido meridianamente claro respecto de que el exterior de los edificios oficiales ha de limitarse a mostrar los símbolos oficiales, el Ministerio de Igualdad, como herencia de la anterior legislatura, mantiene en su fachada de manara estable el despliegue de banderas no oficiales.

Si bien pudiera “comprenderse” que una institución pública en el marco de fechas conmemorativas haga un uso propagandístico de la fachada de un edificio institucional para dar a conocer los objetivos de dicha conmemoración, cuando ésta es objeto de un consenso y aspiración socialmente compartida, no parece que la actual situación sea acorde con el mandato del Tribunal Supremo ni con el mínimo principio de consenso que sería reclamable a la exposición temporal de símbolos ajenos a los oficiales.

Es sorprendente que el Ministerio de Igualdad mantenga en su fachada símbolos más allá de los días conmemorativos que pudieran sostener un argumento a favor de su presencia, pero es absolutamente inaceptable que, de las áreas competenciales de dicho Ministerio, solo se haga ostentación pública de la simbología vinculada a una de sus Dirección Generales y se desprecie ceder ese mismo espacio a las cuestiones raciales, la igualdad entre mujeres y hombres o la lucha contra el machismo criminal, asuntos que son de su competencia.

No obstante, lo más grave radica en el hecho de que en el frontispicio del ministerio y atravesando todo el largo del edificio se exponga la bandera de un movimiento social minoritario que reclama como derechos la imposición de prácticas opuestas a muchos derechos de las mujeres. No puede ignorarse que su uso implica la adscripción a una ideología: la que niega la existencia real del sexo para sustituirlo por la “identidad de género autopercibida”, lo que significa afirmar que son los estereotipos asignados socialmente a hombres y mujeres los que determinan el sexo de las personas.

Las políticas públicas de igualdad deben articularse en base al reconocimiento de la relevancia de la diferencia sexual y sus consecuencias en ámbitos como la violencia, la trata de personas, la explotación sexual o reproductiva, el abuso y aprovechamiento del tiempo de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, las brechas en el ámbito educativo, económico, laboral etc.

Por eso a efectos de una mínima coherencia competencial del ministerio, encargado de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, y en base al mandato de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, solicitamos la retirada de las banderas que jalonan la fachada del Ministerio para dar cumplimiento al “deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas”.

Atentamente

Alianza Contra el Borrado de las Mujeres

Madrid, 10 de enero de 2024.

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