¿Por qué el gobierno escocés tiene miedo al debate? El proyecto de ley de Reforma del Reconocimiento de Género (Gender Recognition Reform Bill) se presentó en el Parlamento escocés en marzo y los diputados no pudieron votarlo hasta octubre, pero está previsto que se apruebe antes de Navidad.
Con esta propuesta, se permitirá que las personas cambiar su sexo en los documentos legales mediante la autodeclaración y reducirá la edad en la que los niños pueden tomar decisiones similares a los adultos sin el consentimiento parental. Entre otras cosas, esto afectaría a los servicios y espacios de un solo sexo, como las cárceles de mujeres y los refugios para víctimas de la violencia machista.
Esta semana los medios de comunicación nacionales han informado de que la denominada «ley trans» del Gobierno español, que comparte sorprendentes similitudes con su homóloga escocesa, se podría retrasar hasta 2023, año electoral. La noticia llega después de la resistencia que han opuesto destacadas activistas del feminismo español, así como de las profundas divisiones dentro del gobierno, que está formado por una coalición del PSOE y Unidas Podemos, su socio de izquierda.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entregó la cartera de Igualdad a Unidas Podemos, que está decidido a aprobar el proyecto de ley a través de un trámite de urgencia que evite la necesidad de debatir el texto legal en el Congreso. El retraso se debe a las exigencias del PSOE de introducir nuevas enmiendas, alegando la necesidad de salvaguardar a la infancia y de proteger los derechos ya consagrados en la legislación relativa a la violencia contra las mujeres. De hecho, la oposición a la ley trans incluye a políticas del más alto nivel dentro del PSOE.
En septiembre, Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno y profesora de Derecho Constitucional, advirtió: “Debemos distinguir entre la necesidad de que el Estado responda a las necesidades de las personas trans y una teoría queer que amenaza con destruir todas las leyes progresistas que han establecido la igualdad entre hombres y mujeres. La ley trans puede destruir la potente legislación de igualdad de nuestro país y puede tener problemas de interpretación y aplicación”.
Como integrante del colectivo feminista hispanohablante Contra el Borrado de las Mujeres, hago campaña por un debate abierto. Nuestra alianza internacional está formada por exdiputadas, abogadas, académicas y otras profesionales excelentes que luchan por erradicar la violencia contra las mujeres. El Ministerio de Igualdad se niega a reunirse con ninguna de nosotras, pero mantiene la puerta abierta al lobby trans.
Los políticos escoceses decididos a legislar la autodeterminación del sexo por la vía rápida harían bien en prestar atención a la debacle que se está produciendo en España.
El abismo insalvable creado por esta legislación promete ser irreversible dentro de un movimiento feminista históricamente aclamado por su fortaleza política, sus dinámicas campañas y su riguroso debate intelectual. Si las activistas feministas como yo tienen razón, los derechos de las mujeres basados en el sexo y la protección de la infancia vulnerable están en juego. Si estamos equivocadas, nuestra preocupación es digna de ser refutada con pruebas. En cualquier caso, la democracia y la ciudadanía merecen un debate abierto y sensato. Todo lo demás es autoritarismo.
[NOTA: este artículo se publicó horas antes de producirse el acelerón antidemocrático que se dio a la tramitación de la ley trans ayer 30 de noviembre y el veto a las comparecencias de expertas y expertos para explicar esa ley]
Raquel Rosario Sánchez es escritora, investigadora y activista de la República Dominicana
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