«Ningún gobierno puede gobernar con las mujeres en contra». Esta fue la respuesta de la filósofa española Amelia Valcárcel a los resultados electorales del pasado domingo. Valcárcel era Consejera de Estado, pero no fue renovada en su cargo en marzo por su apoyo a los derechos de las mujeres basados en el sexo. Valcárcel forma parte del creciente número de feministas que han dado la espalda al gobierno de coalición liderado por los socialistas españoles.
De hecho, lo que empezó como amables discrepancias se ha convertido en un feroz rechazo organizado. El domingo, muchas organizaciones feministas llamaron al boicot contra lo que percibían como políticas misóginas del gobierno español bajo el hashtag «el feminismo no vota traidores».
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reconocido una estrepitosa derrota a nivel regional, en la que la coalición de izquierdas del PSOE con su socio menor, el izquierdista Podemos, ha perdido el control de seis regiones y varios ayuntamientos, entre ellos Valencia y Sevilla.
El Gobierno ha adelantado las elecciones generales previstas para diciembre al 23 de julio. En Madrid, el derechista Partido Popular, del que forma parte Isabel Díaz Ayuso, obtuvo mayoría absoluta y, en todo el país, podría establecer alianzas con el partido de extrema derecha Vox, que hace campaña contra los derechos reproductivos y la legislación para erradicar la violencia machista contra las mujeres.
Entre las organizaciones creadas para defender los derechos basados en el sexo, Contra el Borrado de las Mujeres, una coalición internacional liderada por España e integrada por políticas, abogadas, académicas, profesoras y activistas de base, es la más destacada; algunas de nuestras integrantes proceden del propio PSOE y cuentan con una trayectoria de décadas de militancia socialista.
A ninguna feminista le gusta la perspectiva de un Vox envalentonado, pero la furia mostrada en las urnas es una respuesta al maltrato al que se han enfrentado demasiadas mujeres, además de los desastres legislativos que suponen un revés para la históricamente fuerte legislación española en materia de derechos de la mujer.
El Gobierno aprobó una polémica ley trans que fue condenada por grupos feministas y partidos de la oposición.
En febrero, el gobierno aprobó una controvertida ley trans, que unió a grupos feministas y partidos de la oposición en la condena del carácter excesivo de sus propuestas. A partir de ahora, cualquier persona mayor de 16 años podrá cambiar su sexo en documentos legales, sin necesidad de supervisión médica. Este proceso de autoidentificación del sexo repercute negativamente en los refugios para mujeres, los deportes y las cárceles.
Las mujeres que se opusieron se enfrentaron al vilipendio, sin importar la posición o el alto perfil que tuvieran. Carmen Calvo, ex vicepresidenta del gobierno de Sánchez, argumentó que la autoidentificación de sexo representaba «un retroceso» para las mujeres, y que «destruiría la sólida legislación sobre igualdad» en España. En respuesta, activistas trans colgaron una efigie de Calvo de un árbol en una plaza pública. Este acto nunca fue condenado por sus colegas y posteriormente perdió su cargo de vicepresidenta.
La semana pasada, activistas feministas protestaron en un mitin de la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra el aumento del número de casos de violación y contra las reducciones de penas para los depredadores sexuales consecuencia de la igualmente controvertida legislación gubernamental conocida como «sólo sí es sí».
«No habéis escuchado a las feministas», rezaba una pancarta. Esas mujeres fueron expulsadas del acto, y Moreno declaró: «No se tolera la transfobia. Nuestro acto no admite transfóbicos».
El proyecto de ley del gobierno «sólo sí es sí» se convirtió en un fiasco cuando se demostró que ayudaba a los depredadores sexuales a reducir sus condenas, debido a la reducción de la pena mínima por violación en la nueva legislación. Aclamada como un logro feminista, en la práctica la Ley de Libertad Sexual permitía a las personas ya condenadas por violación aplicar retroactivamente la ley para ver reducidas sus penas más duras. A mediados de mayo, las cifras oficiales apuntaban a unos 1.079 agresores que habían conseguido reducir sus penas y 108 que habían sido puestos en libertad. Tras argumentar que el problema no era la legislación, sino su aplicación por jueces que no la entendían, el gobierno acabó admitiendo los errores y el proyecto de ley está siendo modificado.
Ignoradas y vilipendiadas cuando intentaron plantear objeciones, este domingo se invitó a las mujeres a votar nulo con sus papeletas como último recurso, y muchas escribieron «el feminismo no vota traidores» para golpear a este Gobierno socialista donde más le duele: en las urnas.
Al ganar las elecciones de 2018, Pedro Sánchez saludó a su coalición como «el Gobierno más progresista» de la historia de España. Ojalá fuera así. Ninguna feminista que yo conozca saborea la perspectiva de una derecha dura envalentonada y decidida a aplastar los derechos reproductivos o la legislación contra la violencia machista. Pero eso no significa que una izquierda dura obsesionada con meter a violadores en cárceles de mujeres o abolir las categorías femeninas en las competiciones deportivas tenga vía libre.
Si la izquierda española asumió que eran palabras vacías de un movimiento feminista reconocido en todo el mundo por su poder de movilización, el domingo recibió una lección para que no subestime la furia de las mujeres. Hasta las elecciones generales, la opción es corregir el rumbo o hacer lo contrario.
Raquel Rosario Sánchez es escritora y activista especializada en la erradicación de la violencia contra las niñas y las mujeres.
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