La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha reclamado por carta al ministro del Interior que esclarezca si personal de una prisión aconsejó a un hombre condenado por violencia machista modificar su sexo registral durante su estancia en prisión y que, de confirmarse ese hecho, se valore si puede constituir una infracción disciplinaria.
La petición se produce tras la información publicada por el periódico Levante el 24 de agosto de 2026, bajo el título «Detienen por maltrato a un agresor que cambió de sexo en prisión». Según la noticia, el hombre, condenado previamente por violencia de género, cambió su sexo registral en prisión y, tras ser detenido por una nueva agresión a su pareja, una mujer, el caso se tramita ahora como violencia doméstica y no ante un Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
Esta circunstancia tiene consecuencias jurídicas concretas. Para determinados delitos cometidos por un hombre contra su pareja o expareja mujer, el Código Penal prevé tipos específicos y, en determinados supuestos, penas más severas. El cambio registral puede impedir la aplicación de ese régimen penal específico en delitos de violencia posteriores al cambio registral.
La noticia recoge, además, la declaración de la víctima, según la cual su pareja le habría manifestado que profesionales de psicología de la prisión le aconsejaron realizar el cambio registral de sexo.
Ante esta afirmación, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres reclama al Ministerio del Interior que informe de si ha abierto alguna investigación para comprobar su veracidad; que, si todavía no lo ha hecho, promueva las actuaciones necesarias para determinar si personal penitenciario aconsejó o incentivó la modificación registral; que aclare si una recomendación dirigida a evitar la aplicación futura del régimen penal específico de violencia de género es compatible con las obligaciones del personal público; y que determine si una actuación de este tipo, de acreditarse, puede constituir una infracción disciplinaria o generar otras responsabilidades.
La Alianza solicita además conocer qué protocolos existen para impedir que desde la propia Administración se aconseje utilizar una modificación registral con el fin de eludir consecuencias penales agravadas.
La plataforma feminista considera muy grave la posibilidad de que funcionarios públicos pudieran haber sugerido a un maltratador utilizar una modificación registral para sustraerse al régimen penal reforzado previsto para la violencia ejercida por hombres contra sus parejas o exparejas mujeres. La organización reclama que los hechos sean esclarecidos y que, si la denuncia resulta cierta, se determinen las responsabilidades correspondientes.
25 de agosto de 2026
