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Por Federico Soriguer, médico y miembro de número de la Academia Malagueña de Ciencias
Conseguida la medicalización, una parte del movimiento transexual ha estado luchando políticamente para la despatologización de la disforia de género. Esto ha generado en la práctica la disolución de las unidades de atención integrada a las personas trans. Sin embargo para satisfacer plenamente su identidad de género, al contrario que las personas homosexuales su orientación sexual, las personas trans, sí que demandan y necesitan intervenciones hormonales y/quirúrgicas, costosas, en absoluto inocuas, y la mayoría irreversibles. Y, siendo así, algo tendrá que decir la medicina y los médicos antes de proceder a satisfacer médicamente la demanda identitaria.

En el año 1999, siendo consejero de Salud de la Junta de Andalucía José Luis García de Arboleya, se puso en funcionamiento en el Hospital Carlos Haya la primera unidad en todo el país de atención integral de las personas con disforia de género (UTIG). A lo largo de casi ya 20 años se ha adquirido una gran experiencia clínica y humana, así como incorporado todo un cuerpo teórico que ha permitido ayudar con competencia profesional, autoridad científica y empatía a varios miles de personas de Andalucía y de toda España.

A finales del siglo XX el objetivo de las asociaciones de personas transexuales era conseguir que la transexualidad fuese considerada como una enfermedad, como una disforia (de género), para que las personas transexuales dejaran de estar marginadas y pudieran ser atendidas con todos los derechos en el Sistema Sanitario Público. Un objetivo que la ley satisfizo en su momento y que el trabajo de la UTIG de Málaga ha hecho posible de manera ejemplar, como muestran las encuestas de satisfacción y el reconocimiento de centenares de personas anónimas a los que los profesionales de la UTIG han ayudado a cambiar su vida. En estos años transcurridos del siglo XXI las cosas han cambiado de manera bastante radical. Conseguida la medicalización, una parte del movimiento transexual ha estado luchando políticamente para la despatologización de la disforia de género. La identidad de género, dicen, no necesita ser diagnosticada, tal como no necesita ser diagnosticada la homosexualidad (que por cierto no es una cuestión de identidad sino de orientación sexual).

La transexualidad estaría hoy tan normalizada, han argumentado los políticos que han elaborado la ley andaluza, que nadie tiene por qué sufrir («disforia») por expresarse con la identidad de sus preferencias. La fuerte presión de algunas asociaciones sobre los parlamentos autonómicos ha llevado a que CCAA como las de Andalucía, Madrid, Cataluña o el País Vasco hayan desarrollado leyes apoyando la despatologización.

Esto ha generado en la práctica la disolución de las unidades de atención integrada a las personas trans. Sin embargo para satisfacer plenamente su identidad de género, al contrario que las personas homosexuales su orientación sexual, las personas trans, sí que demandan y necesitan intervenciones hormonales y/quirúrgicas, costosas, en absoluto inocuas, y la mayoría irreversibles. Y, siendo así, algo tendrá que decir la medicina y los médicos antes de proceder a satisfacer médicamente la demanda identitaria.

Hay una enorme distancia entre la experiencia personal y la experiencia clínica. La primera es intransferible y no extrapolable a nadie más. La segunda está basada en la observación de series amplias que permiten, al concentrar la experiencia, un mayor poder discriminatorio sobre la diversidad y, además, aumentar la eficiencia que es algo que sabemos desde que las ideas del Reverendo Thomas Bayes se aplicaron a la evaluación de la práctica clínica.

Es algo que parecen desconocer los políticos que se embarcaron en la elaboración de leyes que satisfacen solo el interés y la ideología (en este caso de género) de unas minorías sin tener en cuenta a la inmensa mayoría de personas trans que han visto cómo la calidad de la atención que se les prestaba en el sistema sanitario público, por una aplicación politizada y malentendida del principio de autonomía, ha disminuido de manera preocupante.

Y todo esto, además, en un momento en el que se produce una explosión de variantes identitarias, especialmente en jóvenes, cuya nomenclatura crece día a día, de manera que hay que ser un verdadero experto para saber de qué y con quién estamos hablando. Son estas algunas de las razones por la que algunos miembros de la UTIG de Málaga llegaron a plantearse en algún momento hacer objeción de ciencia (no de conciencia que la tienen bien tranquila), pues ningún médico puede ir contra la «lex artis», es decir ningún médico puede saltarse el principio de no maleficencia al que la aplicación rígida de la leyes autonómicas les obligarían.

En los últimos años, sin embargo, desde el lugar menos esperado han acudido voces muy autorizadas que tal vez ayuden a esclarecer esta ceremonia de la confusión que en las líneas anteriores hemos intentado resumir y que es probable que hayan resultado ininteligibles, al menos en parte, para un lector no iniciado.

La creciente radicalización de las demandas de algunos grupos trans organizados y su notable influencia en la legislación sobre los derechos sociales, incluidos los derechos de las mujeres, ha llevado a que una parte, lo más granado, del movimiento feminista, denuncie cómo el concepto de «identidad de género» socava los derechos de las mujeres basados en el sexo.

Esta ha sido la tesis defendida, entre otras, por filosofas y teóricas feministas tan prestigiosas como Amelia Valcárcel (catedrática de Filosofía Moral y Política en la UNED y miembro del Consejo de Estado), quienes, por ejemplo, en una semanario en el mes de julio en la escuela feminista Rosario Acuña, han visto con lucidez la necesidad de delimitar las fronteras entre el feminismo y la teoría ‘queer’. En un manifiesto reciente, el movimiento feminista denuncia cómo los derechos de las mujeres, que habiendo sido alcanzados sobre la base del sexo, ahora están siendo socavados por la introducción en los documentos internacionales de conceptos como «orientaciones sexuales e identidades de género».

El lector interesado puede consultar el extenso documento en (http://abolitionofreality.com/). Los insultos a las firmantes del manifiesto y a las ponentes del curso no se han hecho esperar. Los miembros de la UTIG de Málaga los conocen bien.

Pero ahora saben también que el trabajo que han estado haciendo tantos años en solitario ha merecido la pena pues han contribuido, como cualquier persona intelectualmente honesta puede comprobar, a la reconciliación entre el sexo y género, ahora en guerra abierta y descarnada. Un comentario final: ¿Qué pensaran ante lo que está ocurriendo todos estos médicos y psicólogos que bajo el principio de la «obediencia debida» en los últimos años han mirado para otro lado rompiendo así con lo mejor y más noble de la tradición médica? Cuando oteamos el horizonte solo se escucha el silencio de los corderos.

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