En estos días pasados hemos conocido que la Fiscalía contra los Delitos de Odio de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por Mar Cambrollé, en representación de la Federación Plataforma Trans, contra Lidia Falcón y el Partido Feminista que esta preside, por ciertos comentarios supuestamente ofensivos y que – según las denunciantes- «incitan a la violencia contra el colectivo trans».
Vaya por delante que, como feministas y comunistas, no compartimos buena parte del ideario del Partido Feminista de España, ni su pretensión de ser una organización de inspiración marxista, aunque las confusiones ideológicas son harina de otro costal que ahora no viene al caso poner en evidencia.[..]
Por una cuestión de principios, sin embargo, no podemos sino rechazar la iniciativa de la Plataforma Trans de poner en manos de la “Justicia” las supuestas ofensas a su colectivo, con el objeto de buscar un castigo penal para quien las ha pronunciado. Y más aún la de recurrir para ello al llamado “delito de odio”. Una nueva legislación que viene a reforzar la Ley Mordaza y que, por más que se vendiera en su día como un instrumento para la defensa de las “minorías vulnerables”, equivale a un delito de opinión. [..]
Por eso, que personas transexuales que se autodefinen de izquierdas vean normal que “los colectivos trans se defiendan de este ataque”, puramente verbal, «con las herramientas que puedan”, en referencia a la judicial, que es la del amo, resulta cuando menos contradictorio. Como resulta sorprendente que digan que el colectivo trans es uno “fuertemente desfavorecido”, cuando al menos una parte de él demuestra tener recursos para pagar abogados, costas y todo lo que en este país conlleva este tipo de procesos. […]
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