Por Faika El-Nagashi, Anna Zobnina y Róisín Michaux.
Mientras que los comentaristas en el Reino Unido y los Estados Unidos celebran lo que ven como un cambio de rumbo en la ideología de la identidad de género, la Unión Europea parece estar nadando tenazmente en la dirección opuesta. En gran parte de Europa, la agenda no se está estancando; está ganando fuerza.
En noviembre de 2020, la UE dio a conocer su primera Estrategia de Igualdad LGBTIQ (2020-2025), un grandioso manifiesto político diseñado para tejer las cuestiones LGBTIQ en el tejido de las políticas, la legislación, los programas de financiación e incluso sus relaciones exteriores de la UE. Aunque la estrategia no tiene fuerza legal, su influencia es innegable. Las organizaciones de la sociedad civil y los activistas sobre el terreno esgrimen cualquier cosa que lleve el sello de la UE como si fuera un instrumento contundente, tratándola como una prueba irrefutable de un consenso progresista. Esa estrategia se recicla y reutiliza luego en los debates nacionales, magnificando su efecto mucho más allá de su ámbito de competencia oficial.
Los flujos de financiación como CERV, Erasmus+ y ESF+ fluyen obedientemente hacia las iniciativas LGBTIQ, apoyando proyectos que se alinean con la visión más amplia de progreso de la UE, que cada vez se parece más a una serie de Netflix escrita por un algoritmo entrenado en blogs de Tumblr. Estos programas no solo empujan a los Estados miembros y a los países candidatos hacia el cumplimiento, sino que también exportan la agenda más allá de las fronteras europeas, posicionando a la UE como una abanderada mundial de la política de identidades.
La estrategia fue redactada bajo el liderazgo de la entonces Comisaria de Igualdad Helena Dalli, y se diseñó en colaboración con socios institucionales como la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) y organizaciones de la sociedad civil. La principal de ellas es ILGA-Europe, comparable al famoso grupo de defensa de los derechos queer del Reino Unido Stonewall, pero con esteroides. Con más recursos económicos, un acceso más amplio a las instituciones europeas y una influencia descomunal en la formulación de políticas, ILGA-Europe ha sido fundamental para definir el alcance y las prioridades de la estrategia, asegurando que su agenda se alinee perfectamente con los objetivos más amplios del activismo queer radical.
Reescribiendo la sociedad a través de la política de las identidades
En esencia, la Estrategia de Igualdad LGBTIQ de la UE describe una agenda para reformular las normas sociales incorporando nuevas definiciones y prioridades en los marcos legales y culturales de sus estados miembros. Con objetivos como implementar la autoidentificación (self-ID) para el reconocimiento legal de la identidad de género, prohibir la [mal llamada] terapia de conversión, eliminar el discurso de odio sin definir qué implica realmente el “odio” y financiar iniciativas expansivas LGBTIQ, la estrategia presiona por una realidad que se ajuste a las demandas de los transactivistas, que parecen evolucionar con una frecuencia desconcertante a medida que surgen nuevas terminologías y prioridades.
Las prohibiciones propuestas a la terapia de conversión se han expandido, en los últimos años, más allá de la orientación sexual para incluir la identidad de género y la expresión de género, conceptos que desafían una definición concreta y, en cambio, afianzan nociones impulsadas por los transactivistas de identidades “no binarias” y “queer”.
Esta ampliación del alcance, junto con la redefinición de la orientación sexual que hace la estrategia para centrarse en el “género” en lugar del sexo biológico, hace que la comprensión básica de lesbianas y gays como personas atraídas por el mismo sexo carezca cada vez más de sentido. Un mundo donde las palabras significan todo y nada es, aparentemente, un mundo de progreso.
De manera similar, las políticas de autoidentificación desmantelan las distinciones tradicionales basadas en el sexo al reemplazar la realidad biológica con declaraciones subjetivas del género. Estas políticas no sólo crean inconsistencias jurídicas significativas y desventajas tangibles, en particular cuando se trata de salvaguardar los derechos de las mujeres a espacios y servicios diferenciados por sexos. También hacen obsoletas las cuotas femeninas y otras medidas específicas para promover a las mujeres. Una mujer ya no es una mujer; ahora es lo que cualquiera que se declare mujer dice que es: una identidad de Schrödinger, fija y fluida a la vez.
Las leyes contra el discurso de odio, que a menudo carecen de límites claros, corren el riesgo de ser utilizadas como arma contra quienes plantean preocupaciones legítimas sobre la erosión de los derechos basados en el sexo y la realidad material del sexo biológico.
Los debates sobre el impacto de las políticas de identidad de género en menores y jóvenes, en las mujeres, las lesbianas y los gays, y en la sociedad en general, se enmarcan rutinariamente como acoso o violencia. Esas leyes no sólo amenazan la libertad de expresión, sino que también transforman los antiguos debates filosóficos sobre la verdad en campos minados legales.
Esta agenda no es estática: reescribe activamente las normas sociales y los marcos jurídicos de maneras que no siempre son transparentes ni se debaten democráticamente. Los transactivistas han dominado el arte de redefinir el lenguaje y aprovechar instituciones como la UE para hacer cumplir estas redefiniciones, creando un panorama en el que los significados y las categorías cambian junto con las prioridades de los activistas. El resultado es una realidad cada vez más moldeada por imperativos ideológicos en lugar de hechos materiales o principios de derechos humanos consolidados.
Erosión del marco: de la violencia contra las mujeres a la violencia de género
Al mismo tiempo, la labor más amplia de la UE para combatir la violencia contra las mujeres ha adquirido nuevos contornos. En 2023, la UE entró a formar parte del Convenio de Estambul y, en 2024, adoptó su propia Directiva sobre la violencia contra las mujeres. La UE también planea designar la violencia contra las mujeres como un delito en la categoría de eurodelitos del artículo 83 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Sin embargo, estos avances no son tan sencillos como parecen. El Convenio de Estambul define la violencia de género contra las mujeres como “la violencia dirigida contra una mujer por el hecho de ser mujer o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada”. A pesar de este encuadre claro, el informe explicativo del Convenio amplía la cobertura a grupos como los travestis. Cuando la definición se extiende hasta este punto, ¿sigue teniendo sentido o se ha roto?
La Encuesta sobre violencia contra las mujeres en toda la UE de 2024, realizada por Eurostat, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y el EIGE, refleja este cambio de encuadre. Se supone que Eurostat, la oficina de estadística de la UE, debe proporcionar información estadística fiable para respaldar la toma de decisiones en la UE. El EIGE, el Instituto Europeo de Igualdad de Género, tenía originalmente la tarea de promover la igualdad entre mujeres y hombres, pero desde entonces ha decidido que “el sexo tiene un marco demasiado estrecho”. Estas instituciones priorizan cada vez más la identidad de género sobre las categorías basadas en el sexo.
La resolución de 2021 del Parlamento Europeo que pide la inclusión de la violencia de género en la lista de delitos europeos hace explícita esta trayectoria al insistir en que la violencia de género debe incluir “la identidad de género, la expresión de género o las características sexuales”. Esto se alinea con la Estrategia de Igualdad de Género de la UE (2020-2025), que incorpora estas definiciones en evolución en sus fundamentos de política.
La redefinición de la violencia contra las mujeres como un subconjunto de la violencia de género refleja un cambio ideológico más profundo dentro de las instituciones de la UE.
Al enmarcar la violencia como simétrica en “todos los géneros”, la UE corre el riesgo de erosionar las protecciones específicas históricamente otorgadas a las mujeres. Esta tendencia refleja esfuerzos más amplios dentro de la UE para priorizar marcos neutrales en cuanto al género a expensas del reconocimiento de diferencias materiales arraigadas en el sexo biológico.
El costo más amplio de la extralimitación ideológica
La Estrategia de Igualdad LGBTIQ de la UE es más que un documento de política. Es una clase magistral de extralimitación, que prioriza la señalización de virtudes sobre las protecciones significativas de derechos. Las y los menores, jóvenes, mujeres, lesbianas y gays no están tan protegidos como reclutados en un gran proyecto ideológico, donde los derechos humanos son reinterpretados para encajar en una visión que pocos círculos activistas externos aceptaron jamás. Bajo el disfraz de la igualdad, la estrategia impone un marco diseñado para remodelar la realidad misma.
La ambición de la UE de abordar la desigualdad es admirable, esencial, incluso. Pero los excesos en cuestiones como la identidad de género socavan este esfuerzo. Cuando la credibilidad se basa en la capacidad de navegar por debates sociales complejos con matices y respeto por las realidades materiales, el fervor ideológico es un lastre. La identidad de género puede ser una causa de moda en algunos sectores, pero la moda rara vez es una buena política.
El desafío de la UE no es abandonar su papel en la configuración de las políticas sociales, sino abordarlas con claridad y moderación. Las políticas deben basarse en la realidad biológica, prestar atención a los derechos de todo el mundo y estar abiertas al escrutinio, no construirse sobre las arenas movedizas de las demandas transactivistas. Sin este reajuste, la UE corre el riesgo de convertirse en lo que dice oponerse: una fuerza que margina a disidentes y aplana las diferencias en nombre del conformismo.
Faika El-Nagashi, exdiputada del Partido Verde de Austria, politóloga y defensora de larga trayectoria de los derechos humanos.
Anna Zobnina, defensora feminista especializada en los derechos y la protección de las mujeres migrantes y refugiadas.
Róisín Michaux, periodista radicada en Bruselas.
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