La celebración del Gobierno de España por encabezar el ranking de ILGA-Europe como supuesto país líder en derechos LGTBI no puede aceptarse como una prueba automática de avance democrático, compromiso progresista o fortalecimiento de la igualdad.
Conviene recordar, en primer lugar, que los rankings no son neutrales: expresan los criterios políticos e ideológicos de quienes los elaboran. ILGA-Europe, organización que en otro tiempo desempeñó un papel relevante en la defensa de derechos civiles frente a la discriminación, ha experimentado en los últimos años una deriva que la ha llevado a colisionar frontalmente con principios esenciales de las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres, subordinando la protección basada en el sexo a postulados identitarios que cuestionan categorías jurídicas y materiales imprescindibles para combatir la discriminación sexual.
No es un dato menor que ILGA Europe haya impulsado iniciativas orientadas a promover cambios legislativos y lingüísticos para que se diluyan categorías como “madre”, erosionando así referencias jurídicas vinculadas a la realidad material de las mujeres.
Tampoco es menor que ILGA Europe promueva la regularización de la prostitución o que defienda que las “organizaciones LGBTI tienen un papel clave que desempeñar en la lucha” por esa regularización.
La filial ILGA WORLD fue una de las organizaciones firmantes de una carta y una campaña de difamación contra el trabajo de la Relatora Especial de ONU, Reem Alsalem, por su defensa de los derechos de las mujeres y las niñas basados en el sexo. Como reacción a esa campaña, más de 500 organizaciones feministas enviaron al Secretario General de ONU una carta de apoyo al trabajo imprescindible de la Relatora.
Por todo esto, figurar en cabeza de este ranking no equivale automáticamente a liderar los derechos humanos ni a representar un modelo coherente de progreso social.
Baste recordar que en los últimos diez años Malta ha ocupado el primer puesto en esta clasificación (hoy, el segundo) mientras mantiene una prohibición absoluta del ejercicio del derecho al aborto, negando a las mujeres el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo incluso en situaciones extremas, bajo amenaza de sanciones penales. Ese solo hecho demuestra que este ranking no mide de forma integral el compromiso de un Estado con la igualdad, la autonomía corporal o los derechos civiles en sentido amplio.
En el caso español, el ascenso en la clasificación responde en gran medida a la aprobación de la llamada Ley Trans, una norma cuya orientación ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones feministas y expertas en igualdad por introducir una equiparación jurídica entre la mera autodeclaración identitaria y la condición jurídica de las mujeres como categoría protegida por razón de sexo.
El mapa de ILGA Europe, que codifica a los países europeos según la situación de los derechos LGTBI, tiene su réplica en el mapa elaborado por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, en el que se recogen los impactos concretos de la aplicación en España de la llamada Ley Trans. Una amplia casuística en que figuran asesinos, maltratadores y delincuentes sexuales que han modificado su sexo en el registro, feminicidas que exigen ser trasladados a cárceles de mujeres, opositores que acceden a cuotas de mujeres o varones que usan los baños y vestuarios de las niñas…
Lejos de constituir un avance incuestionable, esta legislación ha abierto conflictos jurídicos y políticos de enorme relevancia, afectando a ámbitos especialmente sensibles.
Impacta sobre la integridad del deporte femenino al comprometer el principio de competencia justa basado en la categoría sexual; afecta a la seguridad y privacidad en espacios reservados por sexo, como cárceles de mujeres, vestuarios o recursos asistenciales; y genera un marco político y cultural que expone particularmente a menores, especialmente niñas, a la medicalización de malestares relacionados con el desarrollo, los estereotipos sexistas o la adolescencia.
Que España ocupe el primer puesto en el ranking de ILGA-Europe lo que acredita es alineamiento con una determinada agenda política.
Y esa no es una medalla que deba celebrarse sin debate público.
Alianza contra el Borrado de las Mujeres
13 de mayo de 2026
