Denunciamos que la proposición de ley socialista sobre acción popular es perjudicial para las víctimas de violencia de género al eliminar la posibilidad de que Comunidades Autónomas y Gobierno se personen en defensa de sus derechos.
Al menos once CCAA ya incorporan en sus leyes la obligación de ejercer la acusación popular en casos de muerte o incapacidad de las víctimas de la violencia de género.
Recuerdan que poder incoar un proceso penal sin ser el afectado directo por el delito, es, particularmente en los casos de violencia machista, una garantía del derecho a la tutela judicial efectiva.
La PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES FRENTE AL ACOSO DERIVADO DE ACCIONES JUDICIALES ABUSIVAS, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, introduce drásticas limitaciones a la acusación popular que dificultarán la persecución penal de los delitos de violencia de género, comprometen la libertad ideológica de las juezas y magistradas, y asestan un golpe al activismo feminista. La drástica limitación de la acusación popular podría atentar contra el derecho constitucional a la acción popular.
La modificación propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista de los artículos 101 y 102 de la Ley Enjuiciamiento Criminal destruye la posibilidad de personación, como acusación popular, de las Comunidades Autónomas (CCAA) y del Gobierno central, lo que tendrá nefastas consecuencias para las víctimas de violencia de género.
La acusación popular se considera fundamental para perseguir delitos cuando la víctima no puede o no quiere hacerlo, asegurando así que no haya impunidad para los agresores.
Esta modificación resulta, además, contradictoria con el “Protocolo de Condena y Repulsa” anunciado por los Ministerios de Igualdad y Política Territorial para unificar la respuesta institucional ante asesinatos por violencia de género, que fue anunciado hace menos de tres meses (5 de noviembre de 2024). Este protocolo incluye que el Gobierno central actúe como acusación popular si las CCAA no lo hacen.
La modificación del Artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial podría afectar a jueces y magistradas que hayan opinado públicamente sobre temas relacionados con la violencia de género o hayan tenido contacto con instituciones o personas en relación con estas temáticas. La nueva redacción podría utilizarse para eliminar a juezas o jueces con una perspectiva de DDHH y feminista, lo que compromete los derechos constitucionales a la independencia judicial, la libertad ideológica y la libertad de expresión. Esto podría desembocar en juicios menos sensibles a los matices de la violencia de género, afectando la imparcialidad y comprensión de estos casos.
Por otra parte, la modificación del Artículo 102 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que no puedan ejercer la acción popular asociaciones o fundaciones vinculadas a partidos políticos, es demasiado amplia y vaga ya que podría interpretarse de manera que excluya a organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, argumentando una supuesta afinidad política. Esto limitaría la capacidad de las asociaciones de mujeres para actuar en defensa de las víctimas cuando el Estado o las comunidades autónomas no lo hagan.
Esta propuesta de ley, en su forma actual, representa un retroceso significativo en la lucha contra la violencia machista en España, al restringir la capacidad de intervención legal y socavar la independencia judicial, poniendo en riesgo no solo la justicia para las víctimas, sino también derechos y libertades fundamentales que deberían ser pilares de nuestra democracia.
Es imperativo que se reconsideren estas medidas para asegurar que la protección de las víctimas no se vea comprometida y en ese sentido, nos dirigiremos al Grupo Parlamentario Socialista para recordarle que poder incoar un proceso penal sin ser el afectado directo por el delito, es, particularmente en los casos de violencia machista, una garantía del derecho a la tutela judicial efectiva.
Ver documento con información complementaria.
Alianza Contra el Borrado de las Mujeres
28 de enero 2025
