La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha elaborado un mapa interactivo de España que localiza y documenta el impacto de la autodeterminación del sexo registral. Se trata de los casos recogidos por la prensa en los que la aplicación de la llamada ley Trans de 2023 ha permitido sortear y pervertir la Ley contra la Violencia machista, la Ley de Igualdad y otras normativas implementadas con el objetivo de corregir las desigualdades entre mujeres y hombres.
El mapa sitúa geográficamente esos casos y permite consultar una ficha descriptiva que detalla los pormenores y vincula con la referencia mediática de cada caso.
Hasta el momento, la casuística documentada de los impactos de la Ley trans supera el centenar de ejemplos. No están todos. Son solo los que han trascendido a los medios de comunicación. En este sentido, la organización feminista denuncia “el oscurantismo de las instituciones que están negando acceso a la información que permitiría conocer la amplitud real del problema”.
Las respuestas obtenidas por Alianza Contra el Borrado de las Mujeres en sus numerosas consultas al portal de Transparencia reconocen la ausencia de sistematización en la recogida de los datos y evidencian una falta de voluntad política de hacer accesibles informaciones que pondrían de manifiesto la chapuza legislativa que implica un concepto jurídico como la “autodeterminación” de un dato registral, con grandes implicaciones prácticas en amplias esferas de las relaciones sociales y que colisiona con derechos de terceros.
Los primeros casos documentados se sitúan en los meses inmediatamente posteriores a la aprobación de la Ley. Los últimos registros son de enero de 2026. El sistema de registro se irá actualizando a medida que se identifiquen más casos.
El mapa interactivo geolocaliza casos de maltratadores, feminicidas o proxenetas de menores que no han encontrado ningún obstáculo para solicitar y obtener la modificación del sexo en los registros civiles. Hoy, son legalmente mujeres.
Conviene recordar que en el registro no se verifican los antecedentes penales de la persona que solicita el cambio de sexo registral.
Se documentan también casos en que un cambio legal de sexo ha dilatado juicios por violencia machista, a la espera de determinar si la denuncia debía ser tramitada en un juzgado de violencia sobre la mujer o en un juzgado de instrucción. Como es sabido, el cambio de sexo legal no afecta a los procedimientos por violencia machista cometidos previamente, pero en el caso de que la agresión contra la pareja o ex pareja se cometa con posterioridad al cambio de sexo registral, el procedimiento sí quedará afectado. Quedan recogidos en el mapa casos de cambio registral que tratan de sortear las leyes de protección a esas mujeres.
El resultado ha sido el previsible: mujeres víctimas de maltrato han perdido, o han visto postergados los apoyos y protección específica que prevé la Ley contra la violencia machista, que quedan así desactivados.
Se han documentado situaciones en las que hombres opositores han obtenido plazas al acceder a los exámenes utilizando un DNI femenino, haciendo un uso indebido de las acciones positivas destinadas a empleos con baja representación de mujeres.
Así mismo, el mapa incluye casos en los que el cambio registral ha permitido que varones reclamen el uso de vestuarios femeninos en los centros de trabajo, en las comisarías, en los cuarteles o en los lugares de ocio. Un asalto a los vestuarios que se produce también en las prisiones de mujeres. Amparados en lo que permite la Ley de autodeterminación del sexo registral, asesinos, violadores o proxenetas han solicitado el traslado a un módulo penitenciario de mujeres.
Delincuentes sexuales y feminicidas se amparan en la ley para exigir ser tratados como mujeres. El caso más sangrante es el de Jonathan Robaina, el asesino y violador de su prima, Vanessa Santana, que durante el juicio exigió ser llamado Lorena. El mapa recoge también esos casos en los que la prensa participó en la ceremonia de la confusión tratando en femenino a delincuentes sexuales y maltratadores condenados.
En este punto, es importante recordar que la atribución a las mujeres de crímenes cometidos por hombres altera la estadística y presenta un panorama distorsionado de la realidad. La campaña internacional «No son nuestros crímenes» denuncia la connivencia de los juzgados, la policía y la prensa, que con demasiada frecuencia tratan en femenino a violadores, feminicidas y pederastas.
«Los medios, reclama la plataforma feminista, deben verificar y presentar la información con precisión, especialmente en casos de varones que se autoidentifican como mujeres, ya que la falta de detalle sobre el hecho trans puede generar desinformación. Hacemos un llamado a la responsabilidad en la comunicación para asegurar la veracidad de los datos».
Según la valoración de Contra Borrado, «los casos que se recogen en el mapa, solo una parte de un total que se desconoce, ponen en entredicho las declaraciones oficiales sobre la irrelevancia del impacto negativo de la Ley Trans en los derechos y la seguridad de las mujeres. Ninguna magnitud es intrascendente cuando juega a favor de socavar esos derechos».
Alianza Contra el Borrado de las Mujeres– 2 de febrero de 2026.
